Opinión

La nueva selectividad marca el inicio del camino

Si en unos territorios se busca la excelencia y en otros se prefiere facilitar que el alumno obtenga la máxima puntuación, ¿dónde reside la justicia de un modelo que consagra el privilegio competitivo de unos aspirantes frente a otros?

La nueva selectividad marca el inicio del camino

La nueva selectividad marca el inicio del camino / Pablo García

Hace ya muchos años que el sistema educativo de este país se ve sometido a continuos vaivenes. Cada vez que se produce un cambio de gobierno, el partido que alcanza el poder modifica aspectos sustanciales del modelo de educación a través de distintas leyes que dejan de aplicarse en cuanto las urnas descabalgan a sus promotores. De esta manera, se anteponen cuestiones ideológicas al reconocimiento de la importancia de un sistema estable que impida que se ahonde en las desigualdades entre territorios que aplican normas distintas. La EBAU, la prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, es claro ejemplo de ese batiburrillo que la nueva selectividad viene a corregir en un tímido intento aún de unificar criterios que habría de extenderse al conjunto del sistema.

La educación y la sanidad, transferidas hace décadas por el Estado a las comunidades autónomas, son pilares fundamentales de una sociedad democrática de bienestar. No es recomendable para la buena salud del sistema que cada región haga de su capa un sayo y se den desigualdades tan flagrantes en las preguntas y en los diferentes criterios a la hora de corregir el examen que da acceso a los estudios universitarios. No parece razonable que en Cataluña no se evalúe la Literatura o que en Madrid y Castilla y León la exigencia ortográfica sea muy elevada y en Baleares ni siquiera se penalice. Por no hablar de la disparidad del número de temas que los estudiantes deben llevar aprendidos en unas regiones y en otras.

No es de extrañar que el actual examen selectivo se viva con inquietud, cuando no con un fundado temor, por el alumnado. No tanto por el riesgo de suspenso como por lo mucho que se juegan a la hora de obtener una nota media que les permita acceder a los grados universitarios que desean cursar. Y eso es debido a que los jóvenes aspirantes son conscientes de que no existe la igualdad de oportunidades en tanto que unas comunidades son más exigentes que otras a la hora de confeccionar y de evaluar las pruebas. Teniendo en cuenta que en España existe el distrito único universitario, de manera que un alumno podrá competir por cualquier plaza universitaria independientemente de dónde haya estudiado el Bachillerato, el actual sistema beneficia a aquellos que se vieron favorecidos por un examen más asequible. Si en unos territorios se busca la excelencia y en otros se prefiere facilitar que el alumno obtenga la máxima puntuación, ¿dónde reside la justicia de un modelo que consagra el privilegio competitivo de unos aspirantes frente a otros?

La nueva prueba de acceso a la Universidad, recién aprobada y que comenzará a aplicarse a partir de junio de 2025, contempla un único modelo de ejercicio para cada materia, y pese a permitir elegir entre varias preguntas o tareas, no implicará la disminución del número de competencias evaluadas. Es decir, que la opcionalidad no supondrá tener que estudiar menos temario, lo cual ya es un avance. Cierto es que el modelo instaurado durante la pandemia del covid en 2020 y su impacto en los centros educativos obligó a relajar las exigencias, lo que permitía a los estudiantes elegir entre muchas preguntas y descartar otras muchas. Pero esa eventualidad provocada por la crisis sanitaria no debería sobrevivir por más tiempo.

El problema es que, una vez más, la reforma se quede corta y no supere la actual arbitrariedad de un examen crucial para el futuro profesional de decenas de miles de jóvenes cada año. Por ese motivo, va siendo hora de que el Gobierno y las autonomías pacten, sin imposiciones políticas ni ideológicas, una reforma que, respetando los ámbitos competenciales de cada cual, garantice una estructura de examen común que unifique tanto los bloques de contenidos como su peso en la evaluación de la materia, con criterios de corrección armonizados y homogéneos y donde la opcionalidad no se aplique al gusto de cada territorio. Y que atienda los consejos de los profesionales de la enseñanza, un sector clave que, por si no tuviera suficientes frentes abiertos, encara una amenaza de huelga para el inicio del próximo curso y la necesidad de resolver la estabilización laboral de miles de interinos a la luz de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo.

Año tras año, los informes internacionales señalan importantes deficiencias en la Educación Secundaria y universitaria españolas, a las que no se hace frente de manera decidida y que resulta urgente corregir con políticas robustas basadas en el acuerdo. Asturias no debe quedar fuera de este esfuerzo de consenso para reclamar después, al unísono de todos los agentes implicados, una EBAU más justa, que no penalice o beneficie dependiendo de en qué región se lleve a cabo. Los buenos resultados obtenidos en el informe internacional PIRL que evalúa la comprensión lectora de los alumnos de 4.º de Primaria y que sitúa a los escolares asturianos de esa edad en los primeros puestos entre los países de la OCDE obligan a aspirar al sobresaliente en todos los niveles de la enseñanza. Para encarar el futuro con mayores garantías de éxito necesitamos una educación que no trate igual la excelencia que la indolencia y que prime por encima de todo el mérito y el esfuerzo. Necesitamos, en fin, mayor ambición en las reformas que se anuncian para la nueva selectividad y que esa línea de trabajo encuentre acomodo en el resto del sistema educativo.