Opinión

Pedrín, todos somos singulares

El advenimiento de una desigual financiación autonómica

De perpetrarse por las bravas el cupo catalán al modo vasco volverá a confirmarse que, contra el mandato constitucional, no todos los españoles son iguales ante la ley. Una de las herencias que dejará a la posteridad, ojalá que efímera, el gobierno obtuso de Pedro Sánchez es esa sancionable desigualdad manifiesta, que impide que los españoles dispongan de los mismos derechos dependiendo del territorio que habiten. Ya se quebró una de las máximas señeras de la Carta Magna con la aprobación de la ley de amnistía, que beneficia a determinados políticos por el interés político de otros. Resulta escandaloso argumentar que como las Cortes pueden derogar delitos, también puede amnistiarlos. Una sonrojante falacia, a juicio de innumerables juristas, pues mientras la derogación afecta a todos, la amnistía solo a unos pocos.

Idéntica desigualdad acarreará una financiación autonómica a medida de las condiciones que plantean los nacionalistas catalanes, que si obtuvieron sustancioso provecho penal del apoyo a la investidura del líder del PSOE, pretenden idéntico rédito fiscal por su voto para investir a Illa.

La singularidad por encima de la pluralidad es argumento interesado que hace saltar por los aires el bien común y el reparto solidario de los fondos estatales. ¿Acaso no es Asturias singular? Y Andalucía, y Galicia, y Extremadura. ¿Hay territorios más singulares que Ceuta y Melilla? La virtud reside en contentar a todos los comensales con un banquete largo y estrecho, de manera que haya menú en su justa medida para omnívoros y veganos, para celíacos e intolerantes a la lactosa, para los que comen sin sal y para llambiones, para convidados jóvenes y para envejecidos.

En la reciente asamblea de la patronal asturiana, coincidieron en reclamar esa igualdad constitucional tanto la presidenta de FADE, María Calvo, como el principal mandatario de CEOE y Antonio Garamendi. Si el beneficio particular de Cataluña repercute en la disponibilidad de los servicios públicos del resto, el modelo se vuelve intolerable.

A Sánchez solo le queda un camino para justificar legalmente semejantes tropelías: la modificación del artículo 14 de la Constitución: “Todos los españoles son iguales ante la ley, pero unos menos que otros”.

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