Áreas rurales y violencia machista

Los premios "Orgullo Rural 2024" que otorgan la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) a través de la Fundación de Estudios Rurales a aquellas personas "cuya actividad ha supuesto un ejemplo de vida en la lucha por los derechos de las mujeres y los hombres del mundo rural", han reconocido, valorado y premiado los trabajos realizados contra la violencia de género o violencia machista en las áreas rurales. Estos premios tienen mucho mérito porque muestran la sensibilidad de UPA y su rechazo hacia la violencia machista en el ámbito rural, especialmente en estos tiempos donde algunos partidos políticos se empeñan en todo lo contrario, en negar, invisibilizar y ocultar la existencia de la violencia hacia las mujeres. Y es que, la violencia machista existe igualmente en las zonas rurales como en las urbanas, pero el contexto social y de hábitat es distinto y, por consiguiente, las medidas a adoptar no pueden ser las mismas.

Las áreas rurales presentan unas condiciones de hábitat, familiares y socioeconómicas diferenciadas que hacen más complicado a las mujeres poder asistir a los servicios de salud, denunciar y/o dejar el hogar. El aislamiento del hábitat y la dispersión territorial facilitan el control de las mujeres y les impiden mantener una red de apoyo; el aislamiento es una estrategia que utilizan los maltratadores para someter más fácilmente a las víctimas. En el caso de las áreas rurales este aislamiento ya existe de forma natural, otorgando al maltratador un mejor escenario para el control y dominio. Las mayores dificultades para moverse de forma autónoma suponen una restricción de las opciones de ayuda y un mayor poder y control de los maltratadores. Cuando las mujeres sufren maltrato y no disponen de posibilidades para desplazarse de forma autónoma, tienen que depender del propio maltratador o de algún familiar para poder asistir a los servicios dedicados a la violencia de género, poner una denuncia o recibir asistencia sanitaria. El tamaño reducido de los núcleos rurales –donde las personas se conocen–, desalienta hacer público las situaciones de maltrato; además, existen vínculos laborales, familiares y/o de amistad que pueden actuar como factor de protección sobre los agresores.

La familia o grupo familiar puede mantener estructuras patriarcales en detrimento de la mujer u ofrecerle por el contrario protección y defensa. Ante un problema de violencia el grupo familiar se va a posicionar de acuerdo con dicha visión patriarcal y creencias en las desigualdades de género, pero también dependiendo de quién es familia, si del agresor o de la víctima. En las áreas rurales se genera mayores coincidencias familiares y personales de forma continuada, ya que las familias pueden vivir en el mismo pueblo y encontrarse en el Centro de Salud, en la tienda o en el Banco, lo que conlleva mayores situaciones de conflictos, desavenencias y mayores riesgos para la víctima.

La falta de ingresos, de oportunidades de laborales y la invisibilidad del trabajo de las mujeres, no se consideran en sí mismas como acciones violentas, pero suponen una mayor vulnerabilidad. En las áreas rurales existe una mayor dificultad para la inserción laboral de las mujeres fuera de las estructuras productivas laborales. La invisibilidad de su trabajo les impide el reconocimiento de derechos económicos y sociales, favoreciendo la dependencia, la sumisión y la reproducción de la violencia.

De las 28 mujeres asesinadas en lo que va de año, cerca de la mitad residían en municipios de menos de 20.000 habitantes. Es urgente que se tenga en cuenta las diferencias de hábitat en la atención, asesoramiento e intervención de las víctimas. No se puede seguir obviando por más tiempo que el hábitat rural condiciona el acceso a los recursos. Reducir y eliminar la violencia machista no es hacerse una fotografía guardando un minuto de silencio. Es una cuestión de voluntad política.

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