Líbrennos de la fana de Muface

Muface atiende a los funcionarios de la administración civil del Estado. En relación con la prestación más importante, la sanitaria, los funcionarios pueden adscribirse a la Seguridad Social general o ser atendidos por alguna de las tres compañías sanitarias que tienen convenio con Muface.

En España hay 1.500.000 personas adscritas al sistema de convenios con compañías sanitarias, entre funcionarios propiamente dichos (1,1 millones) y familiares.

Este año concluye el convenio del Estado con las compañías sanitarias, que aseguran pierden dinero. El Gobierno propone subir el convenio un 17,2%. Las aseguradoras demandan un 38%. Si no hay acuerdo, los funcionarios adscritos a esas compañías pasarán a ser atendidos en la Seguridad Social general.

Al margen de las concretas cuestiones de los costes del servicio y de la negociación rota, cabe señalar que la atención a los funcionarios fuera de lo que pudiéramos llamar el "régimen común" viene siendo objeto de críticas vehementes por una parte importante de la izquierda, por entenderlo como un privilegio y, sobre todo, por inscribirse en el nefando concepto de "lo privado". La actual ministra del ramo, Mónica García, ha sido siempre militante en contra y ha expresado su satisfacción por el fin del "privilegio".

En Asturies hemos pasado de poder tener una cita en dos días en el médico de familia a esperar siete. De las esperas para especialistas y operaciones, ni les cuento. ¿Qué ocurriría si ahora añadiésemos los 21.600 beneficiarios de Muface? Los entusiastas del cierre nos mienten diciendo que sería asumible el aumento. Es más, dicen que, transfiriendo el dinero ahora dedicado a las compañías, mejoraría la Seguridad Social. Mienten: ni hay médicos ni hay instalaciones.

Así que, al margen de los derechos de los mutualistas de Muface o de las pasiones de los amigos de la exclusividad de lo público, líbrennos a los ya mal atendidos usuarios de la Seguridad Social de esa fana de 21.600 nuevos usuarios.

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