Jugar con las cartas marcadas

En un momento en que arrecian los procesos judiciales que afectan al entorno familiar y político, el presidente del Poder Ejecutivo ha invocado una supuesta connivencia entre el Poder Judicial y el principal partido de la oposición, que contaría con información privilegiada, para jugar con las cartas marcadas en juzgados y tribunales.

Este desahogo sin disimulo, durante la copa navideña, ha topado con el disiento de la presidenta del Tribunal Supremo: "La labor de los jueces y magistrados puede, y en su caso debe, ser criticada, pero lo que no cabe es cuestionarla de forma generalizada y permanente".

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En 2019, un presidente que acababa de ganar las elecciones sostenía, imperioso, en Estrasburgo, la fortaleza de la democracia española, el respeto a los derechos, la separación de poderes y la independencia de la Justicia.

Un lustro después, la militancia –apiñada en una defensa numantina– quiere un líder absoluto, un político audaz capaz de acomodarse a grandes palabras que cubran decisiones pequeñas, valiéndose de los ganchos emocionales de los tiempos que vivimos: victimismo, fugacidad, muro.

En el eterno presente, sin propuestas ni debates sobre los problemas acuciantes de España, ¿qué ha quedado de aquel alegato?

Un nuevo escenario

Desde entonces, se han ido multiplicando hechos trascendentales: la amnistía, el aumento de imputados por corrupción, una cacería humana, la rumiación del poder y la acumulación de investigaciones judiciales, acogidas con mentalidad de asedio, "vienen sin cuartel a por un presidente legítimo".

Sin atisbo de renovación ideológica ni orgánica, un optimismo artificial apareado con aclamación plebiscitaria, a base de retales vintage –la ultraderecha, los bulos, el fango– han contribuido a la profusión de anacronismos insólitos: "prietas las filas", "en pie famélica legión".

Para fortalecer una atmósfera coactiva y generar una situación de excepcionalidad que justifique respuestas extraordinarias, se considera ilegítima cualquier discrepancia interna, con un único proyecto: seguir en el poder a cualquier precio, evitando la alternancia política, sin límite moral. Todo es aceptable con tal de evitar que la oposición llegue al poder.

En el paroxismo del halago y el victimismo rampante –como elemento de cohesión emocional frente a las críticas– ha emergido una atmósfera coactiva para jueces, contando con recursos y habilidad para la maniobra, arsenal con el que hacer frente a un fingido "golpe judicial" que, consideran, no respeta las decisiones políticas.

Señalamientos y lawfare

La deslegitimación a jueces, a los que se acusa de judicializar la política, se va imponiendo como relato alternativo a la amenazante sucesión de reveses en los tribunales.

Cuando el Poder Ejecutivo señala directamente a los jueces como adversarios encubiertos, sitúa un interés personal o partidista por encima del interés general y podría estar prefigurando la coartada de un peligroso choque de legitimidades.

La descalificación de los jueces podría entrañar un conflicto de poderes, susceptible de desatar una ruptura sistémica sin precedentes. La denegación de suplicatorios en sede parlamentaria, que pudiera abrir un conflicto institucional inédito, al tratarse de un abuso manifiesto del privilegio de aforamiento, ¿podría considerarse obstrucción a la justicia?

Ante acusaciones tan graves, que socavan la confianza de la sociedad en la independencia e imparcialidad de los jueces, los ciudadanos no pueden dar la callada por respuesta. Son inculpaciones veladas que, sin pruebas, no se sostienen. Y si las hubiese, que se denuncie.

En todo caso, una maniobra peligrosa que infiere un ataque a la separación de poderes y se enmarca en una campaña cuyo objetivo sería el descrédito social de los jueces y la búsqueda de la impunidad.

Es predecible que judicatura y oposición, directamente aludidos, inicien diligencias penales para que se requiera la identificación de quienes marcan las cartas.

Anulación de la alternancia en el poder

La orientación ideológica ha pasado a ser secundaria y relativa. El objetivo real es el mantenimiento del poder a toda costa, evitando la alternancia: "Por lo menos no gobierna la derecha".

Con la emotividad traducida en culto a la personalidad, nula autocrítica y providencialismo, las decisiones del vara pasan a ser la única legalidad vigente. En el laberinto político creado, ¿cuántos adivinaron el primer día que no tomaría el mando de la situación en la gota fría y cuántos piensan que actuó así para respetar las competencias autonómicas?

La desactivación de la alternancia, con el intento de exclusión del primer partido de la oposición del sistema político; la ocupación de las instituciones y la abolición del consenso, conducen de facto a una mutación constitucional, sin sujeción a la mayoría cualificada –esa traba que hoy lo impide– al valerse de una legislación aposta ambigua, con el resultado de encajar a capón cualquier texto para que sea aprobado.

Autocracia y separación de poderes

La íntima ambición de perpetuarse –con desdén al pluralismo y negación de la evidencia, para evadir una verdad incómoda– activa el principio de invulnerabilidad, esa sensación de hallarse por encima de todo, incluidas normas e instituciones.

Sin lograr sacudirse, en ese trayecto autoritario, un endémico dilema moral: sustituir los principios por el interés personal, como remedio progresista para frenar a la ultraderecha y el milagroso sintagma de la financiación singular para una comunidad, como paradigma de la solidaridad.

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Cuando se consigue llegar al poder de la mano del fragmento de una sentencia (que el Tribunal Supremo considera una extralimitación del objeto del proceso); las actuaciones del Fiscal general del Estado asolan a una líder del partido de la oposición o el presidente del tribunal constitucional impone una mutación de facto de la Carta Magna, cabe preguntarse: ¿qué representa jugar con las cartas marcadas?

Síntomas de una democracia intermitente y asintomática.