Legislatura en suspenso

El Gobierno ha asumido la defensa política del fiscal general como si fuera un componente más del equipo de Pedro Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha implicado en el presunto fraude fiscal de su pareja como si se tratara de un asunto propio del cargo público que desempeña. El grupo parlamentario socialista presenta una proposición de ley para frenar en seco las causas judiciales en las que están incursos familiares del Presidente. La justificación de tal conducta en los tres casos es que los procedimientos abiertos tienen en realidad objetivos políticos. Es posible que no les falte razón. La vicepresidenta del Gobierno tomará el mando del PSOE de Andalucía en el congreso que se celebrará en febrero y aún es vicesecretaria de la Ejecutiva Federal. En el funcionamiento de la democracia española no dejan de sucederse las anomalías.

La Mesa de la Cámara Baja ha resuelto por segunda vez posponer el trámite de la petición de Junts al presidente del Gobierno para que se someta a una cuestión de confianza. Aunque no está claro el motivo de esta decisión, todo hace pensar que Pedro Sánchez pretende así regatear el ultimátum lanzado por los independentistas catalanes y ganar tiempo para que Junts renuncie a la iniciativa o, si no lo consigue y finalmente acepta llevarla a cabo, tener asegurado su voto favorable. En la situación actual, no cabe descartar ninguna opción. Todo es posible. El Gobierno ha entendido que debe sentarse a hablar con Junts, y Junts reconoce la disposición del Gobierno a evaluar el cumplimiento del acuerdo de investidura y lo ha convocado a una reunión "urgente y extraordinaria" del mecanismo de verificación pactado por los dos.

Eso sí, el emplazamiento de Puigdemont en su comparecencia del viernes ante la prensa descansa ostensiblemente sobre un calculado equilibrio entre múltiples advertencias y una total ambigüedad. La posición de Junts sigue en el aire. Puigdemont mantiene vivo el conflicto político y quiere volver al acuerdo de Bruselas, pero no especifica en qué se concreta eso. Recuérdese que en aquel pacto se hacía referencia a un referéndum de autodeterminación consensuado. Excluye su apoyo a una moción de censura para cambiar de gobierno en confluencia con Vox, pero no mencionó al PP ni la posibilidad de que la moción tuviera como única finalidad un adelanto electoral. Anunció la suspensión de las negociaciones sectoriales, que considera vitales para la progresión de la legislatura, pero acto seguido llamó a una nueva ronda de conversaciones. Afirmó que cuando un gobierno se queda sin mayoría parlamentaria, por pérdida de confianza de alguno de los grupos que facilitó su formación, el Presidente está obligado a convocar elecciones, pero no aclaró si su grupo respalda a Pedro Sánchez ni si, en consecuencia, exige o rechaza la convocatoria electoral.

Ahondando en la indefinición, Puigdemont precisó que la admisión a trámite de la petición de su grupo concedía un margen de tiempo para aclarar las cosas y alcanzar nuevos acuerdos, de manera que la cuestión de confianza podría no llegar a debatirse. Previno sobre la intención del Gobierno de demorar indefinidamente una respuesta a la solicitud de su grupo, pero no anticipó la postura que adoptaría en el caso de que Pedro Sánchez se negara a ser examinado por el Congreso, poniendo en juego la continuidad del Gobierno.

Se celebre o no ese debate, la cuestión de confianza ya se está dirimiendo entre el Gobierno y Junts en una partida muy enrevesada. El voto de varios grupos de la mayoría parlamentaria se tambalea, pero el peligro más inmediato para el Gobierno procede de Junts. Pedro Sánchez no cuenta, desde el viernes, con una mayoría parlamentaria estable. Junts se ha desvinculado de la mayoría que lo invistió y se posicionará en cada votación en el Congreso sin compromiso previo alguno con el Ejecutivo, que ganará unas votaciones y perderá otras. Será así hasta que ambos alcancen un nuevo acuerdo o se produzca una ruptura definitiva. Su relación está presidida por la desconfianza mutua desde el principio. La agenda catalana sigue condicionando de forma abrumadora la política nacional, sin que se atisbe un horizonte despejado.

Puigdemont avisa a Pedro Sánchez que su regate en corto no le servirá para sortear la cuestión de confianza. Y le anuncia que en estas circunstancias su grupo no se sentará a negociar los presupuestos generales del Estado. Empieza febrero y el Gobierno aún no ha presentado el proyecto que tendría que haber llevado al Congreso en septiembre, como establece la Constitución. A los independentistas catalanes parece que esto no les importa demasiado. Puigdemont ha declarado en repetidas ocasiones que solo piensa en Cataluña. Junts puede reafirmar o retirar su apoyo al Gobierno cuando lo decida, sin más. Para ello, no necesita recurrir a una cuestión de confianza. Es el Gobierno, sin embargo, el que debería pedir a Junts que aclare su posición de una vez. Con una mayoría parlamentaria en contra, por mucho que se esfuerce, la legislatura solo puede ir a peor.

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