Juego de tronos: la Administración contratando a Tragsa

En la exitosa serie televisiva "Juego de Tronos", los nobles de los reinos del imaginario territorio de Poniente luchan por el poder, tomando decisiones arbitrarias que no buscan el bien común, sino sus propios intereses para perpetuarse. Aunque no haya dragones ni espadas, en nuestra sociedad existen luchas de poder, más o menos visibles. La contratación pública no es una excepción porque supone aprox. el 12% del PIB, una ingente cantidad de dinero e intereses. La contratación pública son las compras de bienes, servicios y obras que realizan las Administraciones Públicas (AAPP) a las compañías privadas, a través de las licitaciones. El poder administrativo conviviendo con el poder empresarial. Sin embargo, las AAPP a veces contratan directamente a empresas públicas, es decir, sin una licitación que ofrezca la oportunidad al sector privado a presentarse y competir. Es la paradoja de la Administración contratándose a sí misma, rompiendo las reglas del libre mercado y de la competencia empresarial.

Un grupo heterogéneo de personas (funcionarios, juristas, empresarios, expertos, periodistas, etc) llevamos años denunciando y defendiendo el abuso que realizan las AAPP —como el Principado de Asturias— al encargar contratos al Grupo Tragsa (sociedad pública estatal) que podrían realizar perfectamente el sector privado. Tyrion Lannister, el protagonista más lúcido de Juegos de Tronos, dijo que "la mente necesita libros como la espada necesita una piedra de afilar si quiere mantener su agudeza". Parafraseando, la sociedad necesita análisis críticos para mantener la justicia. Les prometo un artículo con héroes y villanos, batallas, incendios y sangre en el terreno árido de la guerra administrativa.

Resumiré en este artículo lo que ha sucedido el último año en este serial, comenzaremos por lo más reciente. El Gobierno español está preparando una modificación legal —un proyecto de Real Decreto— para facilitar que Tragsa acceda a contratos públicos de sectores diversos. Las leyes y el Boletín Oficial del Estado son el verdadero poder, lo saben bien los políticos. Tragsa se ha dedicado tradicionalmente a las infraestructuras agrarias y al medio ambiente, con una dilatada experiencia y buen hacer. Sin embargo, ahora le encargan proyectos de cualquier índole, hasta traducciones al asturiano.

Hace unos días apareció un nuevo personaje en este juego de tronos de la contratación pública, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (la CNMC para los amigos). Esta importante institución pública española vela que exista un fair play en los mercados, tanto privados como públicos. Vigila que ninguna empresa —o Administración— realice abusos de poder que perjudique la libre competencia. Es decir, que nadie juegue con ventaja o amañe la partida con ilegalidades. La CNMC publicó el pasado 17 de enero un informe que estudia —y critica— dicho Real Decreto y sacó una nota de prensa titulada “La CNMC pide reforzar la motivación de los encargos al Grupo Tragsa para garantizar la competencia”. Típico lenguaje administrativo, melifluo y políticamente correcto. En román paladino, la CNMC pide acabar con el abuso de contratos a Tragsa y lo justifica mediante 5 puntos que resumimos a continuación. Me permito ejemplificarlos con 5 proyectos que no se deberían haber contratado a Tragsa. 5 casos cercanos —y penosos— para los asturianos, algunos ya explicados quijotescamente en esta tribuna durante los últimos años.

1. Evitar el uso sistemático de encargos en casos de urgencia o ante el fracaso de licitaciones. Un ejemplo flagrante fue cuando la Consejería de Cultura del Principado licitó y adjudicó a una empresa por 567.000 euros la construcción de la Casa de la Música de Candás. Tras diversas vicisitudes anuló el contrato y, en vez de promover nuevamente la licitación, se lo encarga a Tragsa por 1,2 millones de euros, ¡más del doble del importe inicial! Una obra que evidentemente no es urgente y, para más inri, la Consejería alegó que "es la opción más eficiente, sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica". La patronal de la construcción (CAC-ASPROCON) fue a los tribunales y en marzo del año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias tumbó el encargo que el Principado hizo a Tragsa. Los jueces establecen que el procedimiento fue "contrario a derecho". Sin embargo, la batalla judicial todavía no tiene un vencedor definitivo porque Tragsa y el Principado anunciaron que iban a recurrir la sentencia al Tribunal Supremo.

2. Ajustarse a la Ley de Contratos en cuanto a las finalidades recogidas en el objeto social de Tragsa. Un caso muy controvertido fue cuando el Servicio de Emergencias encargó por 1 millón de euros a Tragsa las obras de conservación y mantenimiento del Parque de Bomberos de Mieres, Llanes y Cangas de Narcea. Tan estrambótico que incluso la Intervención General del Principado hizo un informe de reparo, afirmando que "no es admisible que una sociedad estatal con la denominación y funciones que legalmente se han atribuido a Tragsa, pueda ejecutar todo tipo de obras en zonas urbanas, actuando de facto como empresa constructora en claro detrimento de la concurrencia". El Principado despreció el informe de los interventores y autorizó las obras a Tragsa.

3. Mayor transparencia. Publicar rápidamente la formalización de los encargos y documentos relacionados, como memorias justificativas. Para ilustrar la poca transparencia en este tema, otro curioso encargo a Tragsa fue de la Consejería de Presidencia por 152.000 euros para traducir al asturiano las actas, formularios, informes, documentos, etc. Sorprende que Tragsa, cuyas funciones son "actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural…", se dedique también a la traducción en asturiano. ¿No hay empresas o instituciones asturianas más especializadas y capaces? ¿No se puede licitar para que los empresarios participen en igualdad de oportunidades? Encima es una práctica reiterada, la Consejería de Cultura también le encargó trabajos de traducción al asturiano por 92.000 euros.

4. Ajustar los precios a los valores de mercado. Las retribuciones por los encargos a Tragsa deben evitar cualquier ventaja económica que pueda considerarse ayuda pública. Para mostrar el deficiente ajuste de precios de mercado, mencionar la licitación de la Consejería de Turismo por 59.000 euros para la reconstrucción de un puente peatonal en Grandas de Salime. La licitación queda desierta y la razón es simple: el bajo importe de licitación. Hay muchas empresas capacitadas —e interesadas— en construir una simple pasarela. La Consejería, en vez de volver a licitar, se lo encarga a Tragsa por 152.000 euros. ¡Otra vez más del doble del presupuesto inicial! El Principado, al menos, ya no expresa en su informe de justificación que es la opción más eficiente y rentable económicamente; no dio ninguna justificación o motivación. Vamos mejorando pero con mucho sonrojo.

5. Limitar la contratación con terceros. Los encargos solo deberían subcontratarse en casos excepcionales, debidamente justificados y publicados. El pasado abril ocurrió un accidente y se quemó la nueva planta del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), dependiente del Principado. Cogersa había encargado a Tragsa la puesta en marcha de la instalación y sus operarios estaban trabajando aquel día fatal. Resulta que ninguno de los 3 implicados (Cogersa, Tragsa y la constructora de la planta) tienen un seguro que cubra esta situación. El Principado le echa la culpa a Tragsa y amenaza con llevarla a los tribunales. Los viejos aliados también se pelean. ¿Y si Cogersa hubiese licitado la puesta en marcha en vez de encargarlo a Tragsa? ¿El contratista tendría el seguro adecuado? Lo seguro es que los contribuyentes pagaremos el pato para reconstruirla, unos 14 millones de euros.

En conclusión, el estudio de la CNMC es similar a las recomendaciones que un año atrás hizo el Tribunal de Cuentas de España en su informe sobre Tragsa. Los Tribunales de Cuentas son los órganos de control externo, es decir, funcionarios que auditan y fiscalizan las actividades de las AAPP y empresas públicas, como es Tragsa. Este periódico se hizo eco del informe con la noticia "El Tribunal de Cuentas cuestiona que se contrate tanto a Tragasay detecta deficiencias en contratos en Asturias", resaltando que el organismo recomienda a la sociedad pública mejorar en el control de las subcontrataciones.

El Grupo Tragsa se ha convertido en un elefante empresarial. Según las cuentas anuales de 2023, tiene 23.000 profesionales, alcanzó un volumen de negocio de 1.720 millones de euros y unos beneficios de 38,5 millones de euros. Respecto a 2022, supone un incremento del 31% de la facturación y un 41% más de beneficios. Ya les gustaría este crecimiento a las empresas del IBEX 35. Además, llama la atención el aumento del volumen de contratos del paquidermo en dos áreas: infraestructuras y edificación/arquitectura. España siempre ha tenido muchas empresas privadas en ambos sectores, desde pequeñas PYMES hasta potentes multinacionales. Especializadas, competitivas y dinámicas. ¿Por qué la Administración no hace uso de ellas en vez de aumentar aún más los encargos a Tragsa?

Y, como en toda buena película de acción, la CNMC finaliza su nota de prensa con una amenaza velada: "La CNMC puede actuar de oficio o a petición de […] Colegios Profesionales, Cámaras de Comercio o la Patronal". Así que ni mucho menos hemos llegado al último capítulo de esta serie. Seguiremos informando de los próximos pasos de nuestros protagonistas: la Administración, interventores, Tragsa, jueces, empresarios, los órganos de control (CNMC, Tribunal de Cuentas), etc. ¿Quién más se apunta?

Como dijo Lord Varys, otro magnífico personaje de Juego de Tronos, "supongo que es duro aceptar un error para un fanático, ¿no es ese todo el sentido de ser un fanático?". Estaría bien que en una democracia —aseada y limpia— los dirigentes que ostentan el poder, público o privado, reconozcan alguna vez sus fallos con un "lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir". Tan real como emérito.

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