Opinión

Medios y calidad de la enseñanza

Universidades públicas y privadas

Medios y calidad de la enseñanza

Medios y calidad de la enseñanza / Pablo García

Francisco J. Bastida es catedrático de Derecho Constitucional

Con motivo de la instalación en Avilés de la Universidad Nebrija y la implantación del grado de Enfermería, se ha vuelto a plantear el debate entre universidades públicas y universidades privadas.

La Universidad pública tiene muchos problemas –excesiva burocracia, masificación, endogamia, financiación deficitaria– pero quizá el mayor sea su concepción por unos y por otros como Universidad popular. Para la izquierda debe ser una institución accesible a todos, confundiendo la igualdad en el acceso con el libre acceso. Para la derecha la pública ha de quedar, sobre todo en carreras de Humanidades y Ciencias sociales, como una beneficencia universitaria, al modo de la enseñanza primaria y secundaria públicas, justificando la necesidad de la privada como la Universidad en la que prima la calidad sobre la cantidad y fuente natural de liderazgo político y económico. Esta confluencia ha ido desfigurando el sentido de las pruebas de acceso a la Universidad (PAU), que no actúan de filtro adecuado y, en vez de ser un colador, son un coladero.

La Universidad pública no puede tener numerus clausus, solo notas de corte en función, en principio, de la oferta de plazas disponibles (dado el número de profesores, instalaciones, clases prácticas externas, etc) y de la demanda para acceder a ellas. Sin embargo, por la inoperancia de la PAU, las notas de corte no deberían obedecer únicamente a esa ley de la oferta y la demanda; tendrían que actuar también como filtro para dejar fuera a personas que estadísticamente por sus notas, pese a superar la PAU, tienen una muy limitada aptitud, con frecuencia acompañada luego de una actitud de desinterés y desidia insultante; la experiencia así lo indica. La Universidad no debe ser una institución elitista, reservada a los hijos de la élite económica o política, pero sí una institución de élite del conocimiento a la que pueda acceder cualquiera que demuestre su valía, al margen de su posición económica. Concebir la Universidad pública como una Universidad popular, mera prolongación de la enseñanza secundaria obligatoria, es permitir la masificación y degradar su función, a la vez que fomentar la idea de que la buena enseñanza está en las universidades privadas, en las que, sin embargo, las notas de corte no las marca la excelencia, sino fundamentalmente el poder adquisitivo de los padres.

Desde hace años existe un debate sobre las limitaciones de acceso a las universidades públicas, al establecer notas de corte, algunas muy altas, para cursar determinados grados, entre ellos los de Medicina y Enfermería. La justificación principal es el restringido número de plazas que pueden ofrecer, dada la limitación de puestos para hacer las prácticas en centros sanitarios públicos. Si esto es así, no se entiende cómo estos hospitales pueden ofertar ese servicio a universidades privadas. Se supone que éstas deberán buscar en centros sanitarios privados la ubicación de sus clases prácticas; de lo contrario, la Consejería de Sanidad correspondiente estaría incumpliendo su obligación con la Universidad pública y con los estudiantes que por esa razón y teniendo buenas calificaciones no pueden acceder a tales estudios sin gastarse una pasta gansa en la privada. Una costosa matrícula que abre las puertas también a quienes sin tan buenas notas pueden permitirse ese desembolso.

Es indudable que en España hay universidades privadas de prestigio, pero también morralla envuelta en palabrería anglosajona, que solo la estupidez del dinero y el deseo de diferenciarse de la pública y de los que van a la pública, puede hacer creer que ofrecen una mejor formación académica. Eso sí, el entramado de intereses que se genera en su seno es fuente de una casta política y económica que se aprecia en el currículum de la clase política y empresarial, que, a su vez, retroalimenta a las universidades privadas participando en sus patronatos. Quizá lo que se busca en la privada no sea siempre mayor conocimiento científico, sino, además de evitar las notas de corte de la pública, el acceso a esa fuente de relaciones sociales.

En lo que se refiere a los estudios de Derecho, que es lo que conozco, el profesorado de las privadas está formado en no poca medida por personas cuya actividad principal no es la docencia, sino el ejercicio de la abogacía. A esta parcial y accesoria dedicación se une que, a diferencia de los docentes de la pública, la mayoría carece del reconocimiento académico que acreditan instituciones independientes. Eso sí, reclutan a gente conocida para puestos rimbombantes. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco de Vitoria, una de las de mayor renombre, figura un conocido y cuestionado político como "Director del Centro para el Bien Común Global".

Los planes de estudio de estas universidades privadas son en algunos casos sorprendentes y es inconcebible que el Ministerio les haya dado el visto bueno. Algunos ejemplos: el plan de estudios de la citada Facultad de Derecho incluye asignaturas tan marginales como "Introducción a los estudios universitarios" o "Habilidades y competencias de la persona", cada una con una carga lectiva (6 créditos) igual a la destinada a la parte general de "Derecho Penal" o al "Derecho Internacional Público". No menos sorprendentes son las dedicadas a "Antropología fundamental" y a "Introducción a la Teología", ambas con la misma carga lectiva que "El Derecho de la Unión Europea". Por citar a otra Universidad privada, la IE University, hace unos años equiparaba en créditos la asignatura de "Derecho constitucional" con una sobre "El Camino de Santiago" que, en la actualidad, ha sido sustituida por "Humanidades", cuyo programa versa por entero sobre la música. Como el grado en Derecho tiene 240 créditos, todos los aplicados a estas extravagancias van en detrimento del aprendizaje de asignaturas jurídicas propiamente dichas, que son las que se enseñan en los planes de estudio de las universidades públicas.

Bienvenida sea la competencia, siempre que no vampiricen servicios públicos y no traten de vender ¡y a qué precio! mercancía de segunda envuelta en papel cuché.

Suscríbete para seguir leyendo

Tracking Pixel Contents