El Gobierno, contra la presunción de inocencia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por unanimidad y siendo un tribunal compuesto por tres magistradas y un magistrado, ha revocado el fallo de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenaba al conocido futbolista Dani Alves a cuatro años y medio de prisión por la agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton, y ha dictado su absolución.

Esta diferencia de criterio se explica porque mientras que la primera sentencia daba credibilidad a la versión de la joven y consideraba probado que Alves la penetró sin su consentimiento y con violencia, el fallo del TSJC pone en duda la credibilidad del relato de la joven al considerar que no concuerda con las imágenes de las cámaras de seguridad ni con declaraciones de algunos testigos, razón por la cual ha determinado que existen insuficiencias probatorias en contra del futbolista y, aplicando la máxima in dubio pro reo, ha optado por preservar la presunción de inocencia.

La decisión del TSCJ ha suscitado controversia, en gran medida, porque ha tensionado la aplicación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del Sí es Sí, puesto que si la primera sentencia se basó en el consentimiento como elemento clave, la segunda ha priorizado la corroboración objetiva del relato de la víctima sobre la ausencia de consentimiento.

Irene Montero, la promotora de la ley, ha tildado a la justicia de patriarcal y la ha acusado de ejercer violencia institucional, al tiempo que ha criticado la mala aplicación de la ley por parte de los jueces. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha insistido en la necesidad de dar credibilidad a la víctima al considerar que hay motivos suficientes para ello. Y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha ido más lejos al censurar que se cuestione el testimonio de una víctima y que se diga que "la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes", unas declaraciones que resultan del todo impropias en boca de una vicepresidenta del gobierno.

Es lícito discrepar de las decisiones de los jueces, y de hecho, si existe la posibilidad de recurrir las sentencias es porque se asume que puede haber interpretaciones diversas por parte de los distintos tribunales en función de la valoración de las pruebas y también porque pueden producirse errores judiciales. Pero lo que resulta inaceptable es que sea el propio poder ejecutivo el que cuestione que los jueces cumplan con uno de sus cometidos básicos, que es salvaguardar la presunción de inocencia, una garantía consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y un derecho fundamental.

Pretender que los jueces desatiendan este principio y basen sus decisiones en creencias y no en pruebas es una regresión muy peligrosa que atenta contra los fundamentos del Estado de Derecho, y eso es algo que un gobierno respetuoso con los principios liberales no se debería permitir. Para que luego digan de Trump.

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