Opinión

Cerredo: si los muertos hablaran

La responsabilidad política por la última tragedia minera

Sin ser hijo ni nieto ni bisnieto de mineros ni haber bajado a otra mina que la de Reocín, en Cantabria, cuando era propiedad de Asturiana de Zinc y dirigía la consejería de Industria Paz Fernandez Felgueroso, heredera de aquella estirpe de La Camocha, que a decir de la tonada iba “baxo el mar”, me acojo al derecho ciudadano de exigir el esclarecimiento del trágico accidente que la pasada semana costó la vida a cinco mineros en Cerredo. Hasta sus últimas consecuencias, políticas, administrativas y penales.

Existe amplia literatura judicial en esta región que confirma décadas de irregularidades en el sector minero, de víctimas de un penoso laboreo en el subsuelo que ha bordeado con frecuencia el filo de la tragedia. Con los cadáveres aún candentes de los cinco fallecidos en Degaña, es preciso y urgente exigir transparencia y reconocer que este drama no se resuelve políticamente poniendo a investigar a quien debería ser investigada.

Salvando las abismales distancias, con vidas perdidas de por medio, el asunto Cerredo no se puede cerrar como el caso de la ausencia de seguros en las instalaciones de Cogersa que destapó un incendio imprevisto: convocando una comisión de mesa camilla y zapatillas de andar por casa; con un a mí que me registren y que el marrón se lo coma el butanero.

Algún conspicuo discurrirá que la salida airosa para irse de rositas es cargarle el muerto a uno de los fallecidos, al que tenía fama en Degaña de desafiar los riesgos. Pero ante el juez no va a colar, pese a que el silencio se haya instalado, como una mortaja, en Cerredo y los muertos no hablen.

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