Déficit de una economía infartada

El déficit público total en 2024 ha sido de cincuenta mil millones de euros. Si incluimos el gasto adicional en defensa requerido para este mismo año, sumamos las prebendas pactadas con los territorios periféricos, incrementamos lo acordado en las nóminas públicas, adicionamos la subida de intereses de deuda e incorporamos a los pasivos otras nuevas partidas anunciadas…. las pérdidas públicas para 2025 apunta a ser de más de cien mil millones, y todo ello sin Presupuestos Generales del Estado (PGE). Trimestralmente, España se endeuda medio punto del PIB más de lo que crece, así es que el número de personas que viven en el umbral de la pobreza se eleva al 26%. Si tiramos de histórico, en estos últimos veinte años, el déficit público promedio en la UE ha sido del 2,9% y el de España del 4,9%, el segundo mayor de los veintisiete.

El déficit es una fatal enfermedad económica degenerativa y hereditaria. Llevamos años en los que los intereses (de deuda y de demora) se paga con más deuda pública y con subida de impuestos y sin responsabilidad para los políticos. Para romper este esquema de "pufo irresponsable al ciudadano", mi amigo y excelente economista Diego Barceló, ha publicado un artículo en el que propone una serie de reglas que deberían convertirse en leyes necesarias para ajustar el déficit presupuestario de nuestro país. Reglas que, debo confesar, me parecen magistrales: "1) Qu el mínimo exento y los tramos del IRPF se ajusten igual que las pensiones. 2) Qe quede prohibido subir las pensiones no contributivas más que las contributivas. 3) Si el déficit fiscal supera el 1% del PIB, que se recorte un 5% el salario de legisladores y gobierno, incluyendo asesores y personal de confianza; si supera el 2%, el recorte sería del 10%; si supera el 3%, se recortaría un 15%; recortes a todo nivel: nacional, autonómico, provincial y local. 4) Los salarios públicos no puedan subir más que el salario medio del sector privado. 5) Si el déficit fiscal supera el 1% del PIB, que los salarios públicos suban igual que el salario medio privado menos 0,5%; si es mayor del 2%, se restaría 1%; si supera el 3%, los salarios públicos no se incrementan y se congelan las plazas públicas; esto también aplicaría a todo nivel. 6) Mientras el sistema de pensiones esté en déficit, que las pensiones se ajusten según IPC o salarios privados, lo que sea menor. Si el déficit fiscal supera el 2%, el incremento se reduce 0,5%; si es más del 3%, no hay ajuste. 7) Cada vez que el déficit fiscal exceda el 3%, la licitación pública quede paralizada. 8) Si el déficit supera el 2%, que los miembros del gobierno sean inelegibles para otra legislatura; si excede el 3%, además, todos los miembros del gobierno y los diputados que votaron la investidura paguen una multa equivalente al 15% de sus ingresos anuales. La intención no es perjudicar a nadie, sino aumentar el costo político del déficit fiscal. En lugar de permitir el derroche de la casta estatista, crear mecanismos para que el déficit fiscal tenga consecuencias que disparen la ira popular. En lugar de 11 millones de pensionistas y 3 millones de empleados públicos ajenos a la debacle de las cuentas públicas, convertirlos en guardianes contra el gasto y el déficit por su propio interés. Antes de que sea demasiado tarde".

Yo añadiría multas patrimoniales por dejar "facturas en el cajón", por eludir las reglas en "materia de transparencia" o por incumplir los diez principales puntos bien especificados en el programa electoral. Urge sepultar el actual modelo económico fallido basado en el gasto de un Estado elefantiásico que nos lleva a la ruina. Se requiere dar vuelta al calcetín y ponerlo del lado del sentido común, del lado liberal competitivo, del lado bueno de la innovación.

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