Cerredo, la mina que no debía estar abierta

Hay muertes que no son accidentes. Son negligencias, cadenas de desidia, avisos ignorados. Lo que ha pasado en la mina de Cerredo no puede tratarse como una tragedia inevitable. Porque no lo fue. La mina debía estar cerrada desde 2018, según el plan nacional aprobado conforme a la normativa europea. No lo estuvo. Y hoy tenemos que lamentar varias vidas, familias rotas y una comunidad minera herida en lo más profundo.

Europa fue clara: las minas de carbón no competitivas podían recibir ayudas públicas únicamente si se comprometían a un cierre definitivo antes de finales de 2018. Esa fue la base legal del Plan Nacional de Minas 2013-2018, donde se incluía expresamente la explotación de Cerredo. El mensaje no dejaba lugar a dudas: si una mina seguía abierta más allá de esa fecha, el Estado debía recuperar todo el dinero público recibido. Y lo que es más importante: el cierre no era solo una condición económica, era una obligación de seguridad, una transición planificada para evitar males mayores.

Las advertencias llegaron por todas partes. El Instituto para la Transición Justa lo dijo en un informe remitido al juzgado de lo mercantil en 2020: mantener abierta la mina sería una infracción del mercado interior. La Agencia Tributaria lo respaldó. El notario que intervino en la transacción de compraventa avisó expresamente a los adquirentes de sus obligaciones. Pero nada cambió. Nadie actuó. Y lo que debía ser una transición ordenada se convirtió en una bomba de relojería.

¿Qué ha pasado entonces? ¿Quién decidió seguir explotando Cerredo al margen de la legalidad? ¿Quién hizo la vista gorda? ¿Y por qué?

No es momento de retórica vacía. Es momento de asumir responsabilidades. Porque en todo este proceso, el Principado de Asturias tenía –y tiene– competencias claras. El artículo 11 del Estatuto de Autonomía le otorga el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de régimen minero y energético. La Dirección General de Minería, dependiente entonces de la Consejería de Industria, era la responsable de la seguridad en las explotaciones. Las competencias en inspección, en prevención, en sanción, eran suyas. Lo dicen la ley y el sentido común. Si una mina que debía estar cerrada seguía abierta, alguien lo permitió.

Mis compañeros del Partido Popular de Asturias han pedido explicaciones al presidente Barbón. Valoramos su disculpa pública por la forma en la que se dirigió a nuestro portavoz en el último pleno, pero eso, por sí solo, no es suficiente. Ante una tragedia de esta magnitud, lo que los asturianos esperamos del presidente es que dé explicaciones claras sobre lo ocurrido en la Dirección General de Minería y en la Consejería de Industria. Que no se oponga a la comisión de investigación que desde el PP hemos solicitado junto a Foro, cuya solicitud a trámite ya está admitida, porque Asturias merece saber qué ha fallado para evitar que algo así vuelva a repetirse. Dar la cara y asumir responsabilidades no debería ser una opción: es una obligación ética con las familias de los fallecidos y con todos los asturianos.

No se trata solo de un fallo técnico o de una decisión empresarial. Se trata de un cúmulo de irresponsabilidades políticas. Tres consejeros han pasado por la Consejería de Transición Ecológica desde 2019. Cuando fallan tres consejeros seguidos, el problema no es de ellos: es de quien los nombra. Cuando hay un patrón de negligencia en la Dirección General de Minas, la responsabilidad apunta a quien dejó actuar, promocionó y protegió a quien no cumplía con su deber.

Alguien permitió que se eludieran normas europeas. Alguien permitió que se ignorara un plan de cierre obligatorio. Alguien miró hacia otro lado cuando se vulneraban principios básicos de seguridad laboral. Y ese alguien no puede seguir gobernando sin rendir cuentas.

Hoy, Cerredo es el símbolo de todo lo que no debe pasar en una administración pública. Pero también es el grito de una cuenca minera que se siente traicionada. No podemos seguir abandonando a las comarcas que han sostenido durante décadas el desarrollo energético de nuestro país. No podemos condenarlas al olvido ni al riesgo. Necesitan apoyo, inversión, seguridad jurídica y respeto.

Desde Bruselas, desde Madrid, desde Asturias, debemos trabajar para que la transición energética sea, de verdad, justa. Y eso implica dejar atrás no solo el carbón, sino también las prácticas oscuras, los silencios cómplices y las estructuras de poder que han hecho de la minería un campo de impunidad para algunos.

Las familias de Cerredo merecen justicia. Los asturianos merecen verdad. Y España merece que nadie más pierda la vida por una mina que no debía seguir abierta.

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