Opinión

Los privilegios territoriales son injusticias sociales

Sobre las desigualdades y la oferta económica a los docentes

Continúa el final de curso escolar asturiano agitado, con la huelga indefinida en la enseñanza pública desde el 27 de mayo, y una amplia tabla de reivindicaciones, de momento solo atendidas parcialmente tras diversas movilizaciones y reuniones, entre ellas, la homologación salarial con la media de los docentes españoles. Por su parte, los docentes de la concertada añaden las suyas. La cuestión es clara: ¿por qué según las regiones los trabajadores tienen que estar privilegiados o discriminados, en función de la capacidad de chantaje o presión de sus gobiernos autonómicos y diputados nacionales? Además, los contribuyentes en general -incluyendo también los de las regiones menos ricas-, tenemos que pagar la deuda pública grande y creciente de las regiones más ricas.

Y, para mayor bochorno, líderes de algunas de esas comunidades autónomas, caso de Cataluña, que trincaban el 3 o el 5% de las adjudicaciones públicas, cuando son descubiertos y frenados, salen con la monserga del "España nos roba" y que necesitan de forma urgente, tergiversando la historia, independizarse, o sea, la separación total presupuestaria y judicial de España. Así, según ellos, el AVE Madrid-Barcelona, la inversión se ha realizado territorialmente y ha favorecido a Castilla-La Mancha y Aragón. Sumemos que, con la congelación salarial a los funcionarios, al no haber presupuestos para 2025 y 2026, de hecho nos bajan el sueldo según la inflación. Ganamos 100, pero lo que costaba 100 cuesta 105, es decir, podemos comprar 5 menos.

Una subida mensual de 105 euros brutos, con tres cifras, descontado IRPF, sanidad y pensiones, se queda en 65 o 70 euros netos. Ni siquiera compensa la inflación de dos años. Para un salario bruto de 4.000 euros mensuales (sueldo, trienios, complementos), que neto queda en unos 2.500, el 5% son 200 euros brutos, no 105. Añadamos que, con el neto, cada vez que compramos algo tenemos que pagar un 21% de IVA, y con ello el estado se queda en torno al 50% de lo que producimos y ganamos. De qué serviría un gobierno presumiendo en teoría de justicia social, progresismo y prioridad a los trabajadores y la enseñanza, si en la práctica favorece la injusticia y los privilegios. Gobernar no es mandar sino organizar, cuestión de soluciones o hipocresía.

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