La paradoja de Barbón: socialismo sin obreros

En Asturias, cada vez resulta más difícil explicar qué significa ser socialista cuando uno de los gobiernos autonómicos que se presenta como heredero del legado de Pablo Iglesias abandona a su suerte a miles de trabajadores de la enseñanza concertada. ¿Cómo militar en un partido que lleva "obrero" en su nombre y, al mismo tiempo, ningunea, recorta y precariza a quienes trabajan en centros de la red pública concertada? ¿Qué clase de socialismo es este que solo reconoce derechos a algunos trabajadores, mientras ignora a otros por el simple hecho de no pertenecer a la red estatal?

El Gobierno de Adrián Barbón ha mostrado una hostilidad difícil de comprender hacia la enseñanza concertada. Una red que, conviene recordarlo, es plenamente pública en su financiación, en su función social y en su compromiso con el derecho universal a la educación. Sus trabajadores tienen la misma vocación, preparación y entrega que sus compañeros de la red estatal. Educan a los mismos niños, forman a los mismos adolescentes y lo hacen con menos recursos, más horas lectivas y sueldos considerablemente más bajos.

Barbón, sin embargo, ha optado por tratar a la concertada como una anomalía del sistema, un vestigio que habría que erradicar. Y lo ha hecho bajo el disfraz de una supuesta defensa de lo público que, en realidad, esconde una voluntad de confrontación ideológica. Este ataque no busca solucionar los problemas reales del sistema educativo asturiano: es, más bien, una cortina de humo. Una estrategia que distrae la atención del verdadero problema: que la educación en Asturias está infrafinanciada y no garantiza el servicio que la ley exige ni el que la ciudadanía merece. En lugar de afrontar con valentía esta realidad estructural, se agita el espantajo de la concertada para desviar responsabilidades. La consigna de "la concertada nos roba" recuerda, por su tono victimista y simplificador, al "España nos roba" que empleó en su día el secesionismo catalán para eludir sus propias carencias. Una fórmula eficaz desde el punto de vista propagandístico, pero profundamente deshonesta en lo intelectual.

Se puede -y quizá se debe- debatir el modelo educativo, pero no convirtiendo a sus trabajadores en daño colateral. ¿Acaso algún socialista planteó, al criticar el modelo de negocio de las plataformas digitales, que debían precarizarse aún más sus repartidores? Todo lo contrario: se legisló para dignificar sus condiciones laborales, como demostró la conocida "ley rider". Pero lo que fue válido para ellos parece dejar de serlo cuando se trata del profesorado de la concertada. A estos, ni "ley rider" ni reconocimiento; solo desprecio institucional: congelación salarial, negativa sistemática a sentarse con sus representantes sindicales, falta de reconocimiento de derechos laborales básicos, y un discurso oficial que estigmatiza a sus trabajadores, a su alumnado y a sus familias, como si fuesen ciudadanos de segunda.

¿Acaso el alumnado de la red pública concertada no tiene derecho a recibir atención de personal especializado, a estudiar en aulas que no estén masificadas, a contar con los apoyos y recursos que exige la ley educativa? ¿No merecen también ellos que se reduzcan las ratios, que se garanticen sus necesidades específicas, que se les trate con la misma dignidad y cuidado que al resto del alumnado del sistema público?

Defender lo público no puede ser sinónimo de castigar selectivamente a quienes estudian o trabajan en centros concertados. Porque lo público no es solo lo estatal: es todo aquello que sirve al bien común y garantiza derechos a la ciudadanía. La enseñanza pública concertada no es un privilegio ni un capricho de élites. En Asturias, atiende a decenas de miles de familias, muchas de ellas trabajadoras, que han elegido libremente este modelo educativo. El Gobierno olvida que, sin la red concertada, el sistema público no podría absorber todo ese alumnado; simplemente colapsaría, por falta de infraestructuras, plazas y personal.

Lo que Asturias necesita no es una guerra entre redes, sino una alianza basada en el respeto mutuo, en la mejora de las condiciones laborales de todos los docentes y en la defensa conjunta de un derecho esencial: el de educar y ser educado en libertad. La huelga del 12 de junio no es una amenaza, sino un grito de dignidad. Un recordatorio de que, sin justicia para los trabajadores de la red pública concertada, no puede haber verdadero socialismo ni un proyecto educativo digno para Asturias.

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