España preocupa en la UE

El Estado de derecho en España atraviesa hoy uno de sus momentos más delicados desde la Transición. Como asturiana, como española y como europea, nada me apena más que escribir estas líneas. Lo que empezó como una preocupación creciente dentro de nuestras fronteras ha recorrido ya Europa, llegando a las puertas de las instituciones europeas.

En España, ya no se respeta la separación de poderes ni la independencia judicial. Cuando estas bases se tambalean, lo que está en juego no es una cuestión partidista, sino la legitimidad de nuestra democracia. Y es ahí cuando la Unión Europea empieza a preocuparse.

La alarma ha sonado con fuerza en Bruselas y Estrasburgo. Por un lado, en su informe anual sobre el Estado de derecho en la UE, la Comisión Europea ha vuelto a señalar por cuarto año consecutivo, que se dice pronto, la falta de avances en la independencia del Ministerio Fiscal. Pero es que, para más inri, la postura del Parlamento Europeo sobre este informe también nos saca cuanto menos los colores: puertas giratorias en la justicia, dependencia jerárquica del fiscal general respecto al Gobierno, y el abuso de la capacidad legislativa del Ejecutivo sin pasar por el parlamento nacional.

Estas prácticas no son teoría. Lamentablemente, describen con precisión lo que ocurre bajo el Gobierno de Sánchez. Una acumulación de episodios que, en cualquier otro país de nuestro entorno, habrían provocado dimisiones inmediatas. Moncloa, en cambio, nos quiere hacer creer que son normales.

Tan grave es la situación que esta semana en Estrasburgo no solo se ha celebrado el debate sobre el informe anual del Estado de derecho en la Unión. Se ha añadido, además, un segundo debate, centrado exclusivamente en la situación en España y en la creciente preocupación por la corrupción y el deterioro institucional.

Y las intervenciones no han podido ser más claras. Diputados de toda la Unión han expresado su inquietud por la deriva institucional de nuestro país: "lo que ocurre hoy en España es un atentado contra la naturaleza democrática de la UE", "si esto hubiera pasado en mi Suecia natal, ya se habría dimitido", "en democracia nadie está por encima de la ley", "los españoles merecen más que una disculpa". No es el Partido Popular quien lo dice: es Europa quien lo constata.

Debatir sobre el retroceso democrático de un Estado miembro es una noticia que, como española, me duele profundamente. Y más aún cuando estamos conmemorando los 40 años de la firma del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea. Aquel 12 de junio de 1985 fue un día de ilusión colectiva, de consenso político y de esperanza en una democracia europea fuerte. Hoy, en cambio, conmemoramos esa fecha bajo la sombra de la corrupción y la manipulación de las instituciones al servicio del poder. O mejor dicho, del sanchismo.

Tampoco me alegra afirmar que el panorama no es alentador, y que lo que está por venir no lo será. En julio, la Comisión Europea publicará su nuevo informe sobre el Estado de derecho en 2025. Si es honesto –y no hay motivos para que no lo sea–, no podrá más que constatar lo evidente: Si es honesto –y no hay motivos para pensar lo contrario–, no podrá sino constatar lo evidente: en el último año, la situación en nuestro país ha empeorado visiblemente.

A ello se suma el reciente informe de la UCO, que revela la red de corrupción vinculada a altos cargos del PSOE. Este informe no puede ser una recopilación de buenas intenciones. Debe ser un documento valiente que llame delito al delito y corrupto al corrupto.

Como si todo esto no bastara, la respuesta del Ejecutivo no es aclarar ni asumir responsabilidades, sino atacar al Poder Judicial, desacreditar a los medios y enfrentar aún más a los españoles. No hay voluntad de rectificación, sino de resistencia a cualquier precio. Sus prácticas nos acercan a Hungría; su empeño en levantar un muro entre los españoles y agitar la polarización al máximo para tratar de superar la crisis abierta por los escándalos de corrupción está en las antípodas de todo lo que acompañó a aquella integración en el proyecto europeo hace 40 años.

Lo que está en juego no es una legislatura. Es algo mucho más importante: el modelo democrático que queremos dejar a nuestros hijos.

Por eso, desde Europa seguiremos alzando la voz. No por revancha política, sino por compromiso con los principios que compartimos los europeos: la libertad, la justicia y la separación de poderes. Porque si algo hemos aprendido en estos 40 años de pertenencia a la UE es que las democracias no se derrumban de golpe, lo hacen por desgaste. Y nosotros no estamos dispuestos a permitirlo.

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