Vivienda y juventud

La edad media de emancipación en España supera ya los 30 años siendo una de las más altas de Europa. Este estremecedor dato no es una elección, sino una imposición derivada de la imposibilidad de hacer frente a los desorbitados precios del alquiler o a las exigencias para acceder a una hipoteca.

Dice el artículo 47 del capítulo tercero del Título I: De los derechos y deberes fundamentales de nuestra Constitución: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Qué pensarían ahora esos padres creadores de tan justas palabras si se asomaran a la ventana de nuestra España actual. El acceso a esa jaula de oro se ha convertido en una quimera para nuestros jóvenes que perciben como un sueño inalcanzable conseguir un hogar. Se les cercena proyectos de vida tan obvios como formar una familia, convivir con sus parejas o simplemente independizarse, limitando así su autonomía.

Y si de natalidad hablamos, no estamos precisamente sobrados en esta región donde pugnamos junto a Castilla y León por el mayor índice de despoblación en el conjunto de las comunidades autónomas estos últimos años.

Hagan ustedes la prueba en una de esas páginas web tan conocidas e intenten encontrar un piso de alquiler, por ejemplo, en Gijón, por menos de 600 euros al mes. Habida cuenta de cuáles son los salarios medios de los jóvenes, ya me dirán que algoritmo es capaz de lograr un resultado digno de plan de futuro.

Pero es que no sólo de economía se trata; esta enfermedad de escalada especulativa devalúa nuestra sociedad generando frustración, ansiedad, incertidumbre, fuga de talentos, escasa natalidad, y en definitiva todo un cuadro clínico de difícil tratamiento.

Confluyen diferentes variables que arrojan un resultado negativo en esta ecuación: juventud que en la mayoría de los casos llevan en su mochila diversos títulos académicos, diversos idiomas, diversos másteres y diversas ilusiones que se van anestesiando conforme se enfrentan a una realidad de precariedad laboral que se tropiezacon los elevadísimos alquileres o las dificultades impuestas por los prestadores de dinero para hacer frente a la compra de un "minipiso".

Dice también el artículo 47: "Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

Pues habrá que arremangarse y para ello, es fundamental implantar una política de vivienda ambiciosa y estructural que implique incrementar el parque de vivienda pública en alquiler topando los precios y que estos sean asequibles, regular el mercado para evitar la especulación, fomentar un mercado laboral con salarios dignos y condiciones estables y ofrecer ayudas directas que realmente permitan a los jóvenes emanciparse.

Finaliza el citado artículo dictaminando: "La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".

Pongamos como ejemplo: la implantación de zonas verdes y otras infraestructuras que los ayuntamientos acometen en los suelos públicos suelen dar lugar al incremento del valor de los inmuebles adyacentes y por ende a un beneficio si sus dueños deciden venderlos. Pues bien; en este proceso no sólo ha de haber únicamente rendimiento para los propietarios, sino también para la comunidad en su conjunto a través de las plusvalías que se generen.

Desde la UGT estamos llevando a cabo una serie de acciones encaminadas a presionar a los actores implicados a dar soluciones.

Recientemente hemos realizado un informe sobre emancipación juvenil que forma parte de la campaña Irrealista: Personas jóvenes: precariedad y dificultad de acceso a la vivienda, el cual pretende analizar las principales barreras que dificultan la independencia económica de las personas jóvenes y el acceso a una vivienda digna. También hemos lanzado una encuesta a nuestra afiliación con el objeto de conocer cuáles son sus condiciones en materia de vivienda. UGT busca con este cuestionario establecerse como principal referente en materia de vivienda al poder extraer información cuantitativa de su casi millón de afiliados, con datos ordenados por código postal, de tal forma que se obtenga una fotografía muy específica de la realidad habitacional de cada barrio, ciudad, comunidad autónoma y de España en su totalidad. Nos hemos reunido con el Defensor del Pueblo para trasladarle la necesidad de estudiar cómo la no aplicación de la Ley de Vivienda en muchas comunidades autónomas está perjudicando a las zonas más tensionadas, en las que no se logra una bajada de los precios y no cejaremos en seguir dando voz y poniendo el foco en un problema que nos ha de preocupar a toda la sociedad y no sólo a los jóvenes.

No es una cuestión de caridad, la juventud no pretende mendigar una vivienda, tan sólo quiere construir su futuro. Es hora de ofrecerles las llaves de su propio hogar y ha de ser empeño de todos. n

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