Simplificación administrativa sin trampa

Hace unas semanas, con ocasión de la entrega de los Premios Nacionales de Comercio, se mantuvo una reunión de trabajo entre miembros del Gobierno de España, de Asturias, directores generales de comercio y representantes empresariales. Y en esa reunión volvió a surgir como un asunto siempre urgente y siempre pendiente de realizar, la simplificación administrativa, la necesidad de que las relaciones de las empresas con las diferentes administraciones públicas sean más sencillas, más accesibles, menos engorrosas y no precisen de un tiempo que las empresas de menor tamaño no tienen y un coste externo que no pueden permitirse.

Pero la simplificación administrativa tiene dos vertientes que siendo parecidas nos llevan a caminos diferentes. Nadie pone en duda la necesidad, ya urgente, de que la simplificación en la tramitación burocrática se implante en todos los ámbitos de relación entre ciudadanía, empresas y administraciones, que además tenga en cuenta las diferentes posibilidades y capacidades, tomando como base en estas relaciones las declaraciones responsables. Estamos en una sociedad lo suficientemente madura como para admitir que la responsabilidad de las personas predomina y, aunque siempre habrá irresponsables crónicos, la revisión posterior y la sanción contundente ante la irresponsabilidad buscada y consciente, pueden y deber ser muy disuasorias. ¡Total que si mientes te enteras!

La otra vertiente es la que aducen aquellas personas e ideologías, que bajo la disculpa de hacer más sencillas las relaciones con la administración , buscan la reducción al mínimo del marco normativo en el que se mueven, sobre todo en el ámbito de la economía, las empresas, el mercado, las relaciones laborales y la responsabilidad corporativa. En una versión actualizada del mensaje, aunque no del contenido, de "laissez-faire, laissez passer, le monde va lui même" del siglo XVIII , estas voces asocian complicación para las empresas con excesos de regulación y , como casi siempre, ni es del todo cierto ni todo lo contrario.

Por principios hay que tener en cuenta que la teoría del laissez-faire ha demostrado ser irresponsable. Dejar que los mercados se autorregulen es ignorar las desigualdades estructurales y la fragilidad de los sectores más vulnerables. La historia económica está plagada de crisis originadas por esta fe ciega en la mano invisible. Sin regulación, el más fuerte impone sus reglas y el bien común se convierte en utopía. Por tanto es imprescindible la intervención del Estado con sus leyes y normas, porque no se puede fundamentar la libertad, ni de las personas ni del mercado, sobre la desigualdad.

Sentado lo cual, la cuestión es si vivimos en un país con excesos de regulación o con normas muy generalistas. Creo que es la segunda opción la que prevalece. Se necesita legislar sobre las relaciones económicas, mucho más sobre las laborales, las de seguridad en el trabajo , las que protejan a las personas consumidoras y su intimidad en el tratamiento de los datos, las que cuidan de la seguridad alimenticia y del medio ambiente, y la lista puede continuar porque las relaciones del mercado son múltiples y complejas. El esfuerzo de quien legisla es hacer que las normas no sean generalistas, se adapten al tamaño de las empresas, sin desvirtuar su sentido, que los trámites para cumplirlas sean asumibles fácilmente , que los costes no conviertan la norma en pura recaudación, en definitiva que no se legisle creyendo que todas las empresas tienen departamentos jurídicos y administrativos, cuando la mayoría de ellas en este país son pymes y micropymes donde la persona titular tiene que asumir toda esta gestión.

La ley ha de ser fácil de conocer, sencilla de entender y ágil y barata de cumplir. Conseguirlo es responsabilidad de quien legisla, ayudar es tarea de las asociaciones empresariales serias que tienen la obligación de asistir y acompañar a las empresas.

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