Puigdemont habla de sediciosos

El desvío de fondos públicos –para entendernos, el desfalco cometido por los dirigentes del procés– no es materia constitucional, al menos por ahora, que se pueda remediar con un apaño a la medida del Gobierno y de Puigdemont, sino una cuestión de legalidad ordinaria que corresponde interpretar al Tribunal Supremo. Y el Alto Tribunal ha reiterado que los mangantes no pueden beneficiarse de una amnistía que pretende consagrar la desigualdad entre los españoles considerando impune el delito de los independentistas. El magistrado Pablo Llarena, respaldado por los jueces del Supremo, se ha convertido en un bastión de la defensa del Estado de Derecho; da igual quienes se empeñen, el propio Puigdemont el primero, en lo contrario. La amnistía –"autoamnistía" como han recalcado la UE–, si no es interesadamente, no hay manera de verla como una medida de interés general; se trata simple y llanamente de la compra de votos de una investidura a cambio de inmunidad. Los golpistas que desafiaron al Estado el 1-O se apropiaron indebidamente de recursos públicos por interés personal y colectivo mediante una iniciativa política ilegal. El latrocinio cometido no parece amnistiable, ni siquiera apelando a la concordia como han hecho los seis magistrados del Constitucional. La prueba de que esta no existe es que Puigdemont ya ha amenazado con volver a las andadas y convocar un nuevo referéndum después de acusar a los jueces de "sediciosos" –siniestro el sarcasmo– y de "prevaricadores". Estos ya denuncian abiertamente la presión que sufren; mientras Llarena mantiene la orden nacional de busca y captura contra el prófugo. En el caso de que regrese, la única duda que debe asaltarnos es si el líder independentista que cuestionó la unidad de España utilizando el dinero de los españoles debe ingresar en prisión o en un manicomio.

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