Que la justicia deje de ser la cenicienta de los poderes públicos en Asturias

La justicia asturiana no aguanta más. Es hora de que dejen de postergarse las inversiones para modernizarla. Los responsables políticos de la comunidad, encargados de remediar la situación, ya no pueden continuar escuchando con la indiferencia de quien oye llover los discursos que narran cada septiembre, en la apertura del año judicial, un deterioro que se agrava a pasos agigantados.

Asturias tiene la tercera tasa de litigiosidad más alta de España, 165 casos en los tribunales por cada mil habitantes. No ocupa en cambio, ahora que por otras reivindicaciones territoriales tanto se ha popularizado el concepto de ordinalidad, idéntica posición en lo alto de la tabla en cuanto a dotación de medios e infraestructuras. Los 158 jueces de la región –87 mujeres, 71 hombres– dictaron el año pasado 37.000 sentencias y 54.500 autos, solventando además otros 30.000 procedimientos. Un enorme esfuerzo que les permite ofrecer una tasa de resolución muy alta: logran despachar en un año y con mayor rapidez que la media nacional un número de asuntos similar al de los que ingresan nuevos en las distintas salas durante el mismo periodo.

Las cifras retratan un desempeño extraordinario en comparación con otras autonomías y contrastan con las precarias condiciones en que muchas veces magistrados y funcionarios se ven obligados a ejercer sus labores. Cuando el presidente del Tribunal Superior o el fiscal general ponen el foco sin estridencia en las deficiencias no están reclamando comodidades ni privilegios, sino la garantía de unas mínimas condiciones dignas para prestar una atención diligente, cercana y eficaz a los asturianos.

Desde que Montesquieu desarrollara hace casi tres siglos en "El espíritu de las leyes" la teoría de la separación de poderes, sabemos del imprescindible papel del Poder Judicial para garantizar el perfecto funcionamiento del Estado de Derecho y de la democracia. Es el pilar para evitar que los ciudadanos se vean sometidos a atropellos y desigualdades y el mecanismo para controlar, frenar y contrapesar los desvaríos del sistema. Pero, incomprensiblemente postergado durante décadas, se ha convertido en la cenicienta de los poderes públicos en Asturias. Quizá porque los palacios de justicia no brindan en términos electorales el rendimiento inmediato que sí ofrecen otras obras más vistosas.

El caso más evidente

El debate sobre la unificación de sedes judiciales en Oviedo resulta el caso más evidente. Una dispersión sistemáticamente denunciada e insostenible ha acabado por convertirse, pese a las advertencias, en un agujero negro de promesas incumplidas y soluciones demoradas. Y sin embargo, no estamos ante el único déficit reseñable. La escasez de plantillas, los ordenadores arcaicos, el atraso en la digitalización y carencias técnicas inauditas en el mundo del siglo XXI provocan situaciones en el desempeño ordinario que rayan lo absurdo.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer acaban de asumir nuevas competencias sin el necesario y reclamado refuerzo de medios. En Asturias, región poco conflictiva, empiezan a crecer tendencias preocupantes, como la violencia sexual contra menores, las estafas informáticas, las agresiones entre jóvenes, las infracciones graves de circulación o contra la seguridad en el trabajo y la acción de los incendiarios. La eficacia en combatirlas dependerá de la solidez de los recursos dedicados a ello, y no de improvisar más parches.

Algunos jueces nunca han estado tan cuestionados como ahora porque los partidos los han metido de hoz y coz en su contienda. Con demasiada frecuencia el ruido traspasa la línea que separa la crítica normal y enriquecedora de la inadmisible deslegitimación. Son estos tiempos para respaldar a la justicia española porque de la independencia, imparcialidad y rigor de sus servidores, de su buen hacer, dependen en realidad la libertad y los derechos de cada uno de nosotros. Siempre. Pero esta es otra historia.