Ni olvido ni silencio, justicia

En la madrugada del 7 de octubre de 2023, el gobierno de la Franja de Gaza –grupo terrorista Hamás–, varios grupos terroristas armados y civiles gazatíes lanzaron un asalto coordinado contra poblaciones, contra el Festival Supernova y contra poblaciones pequeñas y kibutzim en el sur de Israel. El ataque no tuvo precedentes tanto por su brutalidad como por su complejidad: irrumpieron en las casas familiares, incendiaron hogares con las familias dentro, violaron mujeres y hombres, dispararon indiscriminadamente y asesinaron a sangre fría a familias enteras y a jóvenes que huían o se escondían. Ese día fueron asesinadas 1.139 personas, de las cuales 766 eran civiles –incluyendo 36 niños y 71 extranjeros– y 373 miembros de las fuerzas de seguridad. En las primeras 24 horas, los hospitales del sur de Israel registraron 673 heridos.

Las filmaciones realizadas por los atacantes, sumadas a imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de supervivientes, documentaron las masacres dentro de viviendas, la captura de civiles y el horror en el festival de música.

Pero el terror no terminó ahí. Durante el ataque, 251 personas –niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad– fueron secuestradas y trasladadas a Gaza. Este hecho constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario y, en muchos casos, un crimen de guerra. Aún estamos esperando la vuelta de los 48 secuestrados que permanecen en sus manos o en los túneles de Hamás.

La ausencia de una reacción inmediata y contundente de organizaciones como Human Rights Watch para exigir acceso a los rehenes, información sobre su paradero y garantías de su liberación, supuso una grave negligencia frente a las víctimas.

Las reacciones internacionales fueron desiguales: pocas condenas firmes, silencios clamorosos y relativizaciones preocupantes, cuando no apoyo directo al terrorismo de Hamas. Demasiadas instituciones, gobiernos y organizaciones sociales dejaron en evidencia la incoherencia entre declaraciones públicas y acciones concretas, hiriendo de nuevo a las víctimas y demostrando que muchos de quienes presumen defender los derechos humanos solo lo hacen de forma selectiva, pues están sometidos a cálculos políticos, alineamientos ideológicos o presiones diplomáticas.

La cobertura mediática, intensa pero desigual, contribuyó a diluir la verdad, invisibilizando a las víctimas israelíes, relegando su dolor y enfocándose en los titulares propuestos y difundidos por el Ministerio de Salud de Hamás. La responsabilidad periodística exige rigor y equilibrio para no invisibilizar el dolor de una gran parte de las víctimas ni legitimar el terrorismo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel, junto con organismos de seguridad y diplomacia, han desplegado operaciones militares, esfuerzos de inteligencia y negociaciones indirectas para liberar a los secuestrados. Los intercambios temporales, los rescates puntuales y las treguas parciales se han llevado a cabo bajo el principio innegociable de priorizar la vida de los secuestrados.

En el plano jurídico, el ataque llevado a cabo desde la Franja de Gaza contra Israel ha sido calificado por numerosos especialistas y organismos como violación grave del derecho internacional humanitario, con indicios claros de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En contraste, las acusaciones de genocidio contra Israel carecen de fundamento en los informes legales revisados, y funcionan como un mecanismo retórico para desviar la atención de los crímenes cometidos por Hamás, contra los israelíes y contra su propio pueblo, que sí exhiben rasgos genocidas en sus métodos y objetivos.

Tras el 7 de octubre, se documentó un aumento alarmante de incidentes antisemitas en todo el mundo. Manifestaciones en distintos países, en muchas ocasiones bajo el grito "Desde el río hasta el mar", han traspasado la frontera de la protesta política para convertirse en expresiones de odio. Pero no olvidemos que ese grito no es inocente, no aboga por la coexistencia –la creación de un Estado Palestino junto al Estado de Israel–, no pide paz ni justicia, sino la desaparición del Estado de Israel, lo cual equivale a un llamamiento al exterminio de su pueblo.

La sociedad civil y las autoridades tienen la obligación de trazar con claridad la frontera entre la crítica política legítima y el antisemitismo. Por ello deben actuar con decisión frente a los delitos de odio, proteger a la comunidad judía y condenar sin ambigüedades cualquier acto o palabra antisemita. Solo así nuestras calles, instituciones y universidades podrán volver a ser espacios de convivencia, respeto y seguridad para todos.

La memoria es un deber moral. Preservar la verdad histórica del 7 de octubre es un acto de justicia hacia las víctimas, una forma de reparación y una advertencia frente a la repetición del antisemitismo. Olvidar o relativizar sería traicionar su dignidad y abrir la puerta a nuevas violencias.

El ataque del 7 de octubre dejó cicatrices profundas en el pueblo israelí: familias rotas, comunidades atemorizadas, un país entero en duelo y una herida abierta que todavía exige respuestas. Pero también dejó una certeza: la necesidad de exigir justicia, de exigir la devolución de todos los secuestrados, de garantizar la seguridad frente al antisemitismo y de levantar una memoria fuerte que sea escudo contra el olvido y garantía de futuro.

La justicia y la memoria de las víctimas no son gestos simbólicos, son pilares indispensables de la reparación, la prevención y la convivencia democrática.

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