En defensa de la Universidad pública

La demagógica y electoralista medida anunciada por Adrián Barbón de hacer gratuita la matrícula de la Universidad de Oviedo para los hijos de los ricos debería servir, aunque evidentemente no sea su intención, como punto de partida para un debate en profundidad sobre los cambios estructurales y financieros que necesita nuestra Universidad y sobre cómo construir de una vez una política educativa seria y estable.

Los poderes públicos tenemos la obligación de garantizar que la Universidad de Oviedo siga jugando un papel determinante como ascensor social, especialmente para aquellas personas con menos recursos, sin perder de vista su contribución decisiva a una sociedad más justa, cohesionada e igualitaria. Permitir que cualquier joven, con independencia de su patrimonio, pueda progresar a través del estudio y el esfuerzo es un objetivo irrenunciable que todos debemos proteger.

Pero no es justo que las parejas jóvenes que no tienen hijos porque no llegan a fin de mes financien con sus impuestos las carreras universitarias de los hijos de los ricos. Subvencionar a quien no lo necesita, además de ineficiente, no es progresismo, sino una medida regresiva que se aleja mucho del principio de igualdad de oportunidades. Como ya explicó Ulpiano con su locución "suum cuique tribuere", la justicia no consiste en dar a todos lo mismo, sino en otorgar a cada uno lo que le corresponde según sus circunstancias.

La afirmación del portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, de que los hijos de los ricos no van a la universidad pública, además de falsa, es preocupante por dos motivos: uno, porque minusvalora a la Universidad de Oviedo; y dos, porque deja claro que lo que pretende el PSOE es convertir a nuestra institución académica en una Universidad a la que solo van los alumnos sin poder adquisitivo. Una absoluta barbaridad.

Bien es cierto que no podemos afrontar este debate con simplificaciones o dogmas, limitando las becas o la gratuidad de la matrícula únicamente a los estudiantes sobresalientes, ni tratando igual a lo que es diferente. Hay carreras (fundamentalmente las técnicas y aquellas con mayores salidas profesionales) en las que incluso los buenos estudiantes suspenden, por lo que un endurecimiento excesivo de las condiciones para acceder a las becas puede ocasionar que los estudiantes con menos recursos las pierdan. Esto provocaría que el alumnado de origen más humilde acabe descartando las carreras con un mayor índice de suspensos, evitando que la educación superior actúe como un verdadero ascensor social.

Por eso necesitamos un sistema de becas riguroso, pero también sensible a las circunstancias de cada estudiante y al nivel de exigencia de su titulación.

Pero tampoco es eficiente ni sostenible que haya alumnos que se eternicen en la Universidad. Por ello, y con el objetivo de garantizar una adecuada financiación de la Universidad pública, es necesario encarecer las segundas, terceras y sucesivas matrículas, siempre protegiendo debidamente a los alumnos con menos recursos.

No hay absolutamente ningún organismo que tras analizar el sistema de becas universitarias en España no constate la insuficiencia del esfuerzo público que se realiza en nuestro país en becas universitarias y su incapacidad para avanzar en la igualdad de oportunidades. En el caso concreto de la Universidad de Oviedo, hay múltiples herramientas para garantizar que los estudiantes que tienen que trabajar o proceden de familias con pocos recursos puedan estudiar sin tener que pagar nada. Y todas esas herramientas, vinculadas al rendimiento y la renta, son una alternativa mucho más justa y efectiva que regalar la matrícula a quienes podrían pagarla sin dificultad.

Pueden implantarse becas-salario, que no se limitan a cubrir el coste de la matrícula, sino que ofrecen una ayuda mensual a los estudiantes con menos recursos para afrontar el alquiler, la manutención o el transporte, permitiendo estudiar sin tener que trabajar al mismo tiempo y evitando que el esfuerzo académico se vea penalizado. Esto, naturalmente, exige no sólo un esfuerzo presupuestario directo (no es lo mismo no cobrar la matrícula que pagar becas) sino también un esfuerzo del Principado para planificar, diseñar y ejecutar un programa como ese, de forma eficaz y sostenida en el tiempo, cosa que este Gobierno sería incapaz de hacer.

Por otro lado, puede adaptarse el funcionamiento de nuestra Universidad a la realidad del alumnado, con horarios compatibles con el trabajo, modalidades de formación dual y fórmulas semipresenciales que faciliten continuar los estudios a quienes deben compaginar formación y empleo. Del mismo modo, podrían ampliarse las becas de colaboración, permitiendo a los estudiantes obtener un salario a cambio de realizar tareas administrativas, técnicas o de apoyo en la propia Universidad.

También sería posible impulsar un fondo de préstamos sin intereses financiado con aportaciones de antiguos alumnos, que permita a los jóvenes más capaces y con menos recursos afrontar sus estudios sin endeudarse con bancos ni depender exclusivamente de las becas. Los beneficiarios devolverían las ayudas una vez incorporados al mercado laboral. Nuevamente, esto exige el compromiso de una administración perezosa, reacia a los cambios e incapaz de afrontar procesos complejos sin colapsar.

En definitiva, hay muchas soluciones alternativas a la receta simple, cómoda y demagógica del Gobierno de Barbón. Todas tienen en común que exigen trabajo y planificación.

A fecha de hoy, no tenemos claro cuánto nos va a costar a los asturianos la, insisto, demagógica medida del "gratis para todos". Antes siquiera de ponerla en marcha, el rector de la Universidad de Oviedo y el Gobierno de Barbón han dado cifras distintas: entre 12 y 14 millones de euros según el rector, 7 millones según el portavoz del Gobierno. Además, ninguna de estas estimaciones tiene en cuenta el sobrecoste que ocasionaría el incremento de tener que desdoblar grupos y contratar más profesorado si se incrementa la demanda. Debería estar prohibido —como ocurre en la Administración local— que un Gobierno ponga en marcha una medida electoralista sin contar con una memoria económica.

En lugar de destinar no se sabe cuántos recursos a una medida electoralista, sería mucho más sensato ofrecer medidas encaminadas a reducir aquellos costes que sí penalizan y lastran el acceso a la Universidad pública. Estoy pensando en la dificultad para acceder a una vivienda, en los costes de transporte para ir a clase, o en el coste de oportunidad que para las familias con menos renta supone realizar estudios universitarios.

Creo sinceramente que la financiación pública de nuestra Universidad es insuficiente y debe seguir aumentando. Pero mientras algunos convierten la política universitaria en una sucesión de gestos y titulares, Asturias sigue necesitando un debate serio sobre el futuro de la Universidad de Oviedo: cómo mejorar sus resultados, reforzar la calidad docente y atraer talento; cómo preparar a los titulados para un mercado laboral en continua transformación; cómo afrontar los desafíos que plantea la inteligencia artificial; o cómo generar más y mejor investigación desde nuestra tierra. Solo haciendo frente a sus grandes retos y desafíos, nuestra Universidad seguirá siendo lo que debe: el principal factor de ascenso social.

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