Las muchas batallas del Huerna

Las barreras de las casetas de peaje de la Autopista del Huerna (AP-66) se convertirán, sin duda, en uno de los principales símbolos de esta legislatura. Su existencia o desaparición determinará un punto de inflexión. Y la batalla política y jurídica por eliminarlas se convertirá también en la medida política de Asturias. ¿Cuánto pesa el Principado en Madrid?

El peaje del Huerna fue prorrogado por un Gobierno del PP en el año 2000, incumpliendo las normativas europeas y favoreciendo una operación económica ajena a los intereses de los asturianos. Por contrato, debería haberse agotado en 2021, pero el Gobierno de Aznar decidió ampliar la concesión hasta el año 2050 a la misma empresa. Para Bruselas, lo legal habría sido volver a iniciar un proceso de adjudicación con libre concurrencia. La Unión Europea no entra en si es justo o no que los asturianos estén comunicados por una autopista de peaje mientras ninguna otra comunidad autónoma se encuentra en idéntica situación; tampoco cuestiona si el peaje es caro o barato. Simplemente dice que cobrarlo es ilegal, que la prórroga de la concesión fue irregular y nula y, por tanto, en estos momentos no cabe pagar por cruzar la Cordillera Cantábrica en coche o camión.

En sí se trata de una cuestión jurídica, ante la que el Gobierno de España responde defendiendo lo que hizo como Estado. Pero esa lectura, que intenta sostener el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y que intenta digerir la Delegación del Gobierno, pierde toda validez cuando se impone la lectura política.

La decisión de Bruselas es ya inapelable y solo queda el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, Asturias ya ha ganado legalmente el reconocimiento de que el peaje del Huerna es una anomalía. ¿Sería admisible que el Gobierno de España, en manos del PSOE, llevase su reclamación hasta las últimas consecuencias ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Supondría un paso tan incoherente que debería llevar a la FSA a establecer un antes y un después en las relaciones con el Ejecutivo de Sánchez.

Asturias también ha ganado moralmente esta batalla. Y lo hace desde la unidad. Es cierto que con una unidad que tiene también sus matices, y que no faltan los intentos de llevar el debate al barro de la confrontación a causa de matices que seguramente la mayoría de los asturianos no entienden. El manifiesto firmado por todos los integrantes de la Alianza por las Infraestructuras tiene el valor de haber logrado internamente el respaldo unánime de todos los partidos y convertirse en la voz única de Asturias, algo que resulta inédito.

Peajes para el Partido Popular.

El documento reconoce como "agravio histórico" la prórroga que aprobó en 2000 el Gobierno de José María Aznar. El manifiesto también detalla sucintamente las irregularidades que la Comisión Europea ha visto en la operación, tanto en la prórroga del peaje de la Autopista del Huerna como en la gallega AP-9. Así, explicita los argumentos de que se trató de prórrogas llevadas a cabo sin licitación ni publicidad; también señala que se vulneraron los principios de igualdad y transparencia; desmonta el argumento empleado en su día por el Gobierno central de que no cabía la irregularidad porque se trataba de empresas públicas, ya que el proceso de privatización se había iniciado, y señala que precisamente esas prórrogas se llevaron a cabo para "engordar" la operación de venta de las empresas públicas.

Todo ese argumentario consta en el manifiesto que ha firmado el PP asturiano. Supone un reconocimiento explícito de que la operación del año 2000 fue ilegítima. Por eso no se comprende que el presidente del PP, Álvaro Queipo, intente disimular cada vez que Adrián Barbón le reta a que diga que fue un error la ampliación de la concesión. ¿A quién perjudica reconocer como equivocada una decisión de hace un cuarto de siglo y que Europa ya ha calificado como ilegal?

El hecho de que los populares hayan presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que directamente obvia los antecedentes por los que ahora está en cuestión el peaje muestra que hay tras ella un intento político: el de "retratar" a los diputados socialistas en el Congreso a la hora de votar ese texto. ¿Votarían los diputados del PP un texto que también reclamase la supresión del peaje pero que incidiese principalmente en todas las irregularidades que ya ha señalado Bruselas?

Peajes para el PSOE.

El PP está en la oposición en Asturias y en España, lo que concede cierta comodidad para los juegos malabares parlamentarios. Pero el PSOE gobierna en Asturias y en España y sus posiciones deberían ser ejecutivas. Son los socialistas, en especial los socialistas asturianos, los que más se juegan en esta batalla: tanto en casa como fuera.

Basta repasar las declaraciones del Ejecutivo de Adrián Barbón en este asunto para comprobar que ha llegado un poco con empujones desde atrás a esa cabeza de manifestación prevista para el próximo día 17 en Oviedo. En la primera intervención de Barbón en el debate de orientación política, el presidente asentó la firmeza de su posición en mantener una interlocución con Bruselas para acelerar el proceso, cuando a quien había que pedir cuentas era al ministro de Transportes, Óscar Puente. En la segunda jornada, el tono ya fue más beligerante y el presidente admitió que era necesaria una movilización ciudadana.

En la primera reunión de la Alianza por las Infraestructuras sobre este asunto, el planteamiento del Ejecutivo era realizar un acto simbólico de lectura del manifiesto, pero ya algunas voces, como los sindicatos o la Cámara de Comercio de Oviedo, hablaban de gran movilización. Esta misma semana, en la reunión para organizar el acto de esa jornada, el Principado planteó una concentración en la plaza de la Escandalera y terminó accediendo a la marcha desde la estación de Renfe y por la calle Uría que reclamaban otros.

El PSOE asturiano ha ido cargando de pólvora la firmeza de su reclamación, a sabiendas de que en el terreno legal la batalla está ganada. En el político se arriesga a quedar malherido en el relato. Ya usamos hace semanas el símil de William Wallace: la historia siempre reconoce a los héroes que cuentan con la razón moral, pero la aventura puede terminar de manera bastante desagradable.

¿Qué hará la FSA si el Ministerio de Transportes se empecina en no reconocer las exigencias de Bruselas? ¿Y si el Gobierno de Sánchez prefiere pagar una hipotética multa antes que eliminar el peaje?

Los socialistas tienen fácil esquivar ese trago que es la votación en el Congreso de la proposición no de ley planteada por el PP. Votar ese texto supone validarlo y, por tanto, dar por bueno un relato que excluye el origen del problema. Es lógico que el PSOE lo rechace. Pero sería difícil de comprender ponerse frente a la operación lanzada por Sumar en el Congreso, a través del diputado asturiano Rafa Cofiño.

La medida es el texto que ya todos han aprobado en Asturias.

Rafa Cofiño quiere registrar en el Congreso una proposición no de ley que reproduce ce por be el texto ya rubricado por todos los partidos en la Alianza por las Infraestructuras y que representa la unánime demanda de Asturias. Ha pedido a los diputados electos por Asturias, sean del partido que sean, que la rubriquen para su presentación. Los dos diputados socialistas, Roberto Morís y Mercedes Otero, han pedido algo de tiempo para consultar en su grupo parlamentario. Los diputados del PP, en principio, parecen proclives a firmar, pese al tirón de orejas al Gobierno de Aznar que incluye el texto.

Es probable que los diputados socialistas no firmen la propuesta, pero eso no es relevante; lo relevante será el momento de la votación. Y los representantes del PSOE elegidos por Asturias ya han votado en varias ocasiones en contra de posiciones defendidas por el Gobierno de Asturias. En este caso sería diferente, porque sería hacerlo contra una posición de unidad de toda Asturias. Harían falta muchos malabares dialécticos para dar con algo que se asemejase a una justificación. Casi valdría más, directamente, ausentarse.

¿Habiendo ganado ya, cómo podría Asturias perder? Sin duda, con el empecinamiento del Ministerio por no acatar el dictamen de Bruselas. Vendría a significar que el Ejecutivo de Sánchez prefiere la ilegalidad a aceptar la reclamación legítima, justificada y avalada por la ley de Asturias. Implicaría para Asturias la evidencia de que nada de lo que ocurra a este lado de la Cordillera Cantábrica importa al Gobierno. Implicaría también prepararnos para el escaso caso que nos harán si se abre el debate de la financiación autonómica. Para el PSOE asturiano, ese abismo sería muy difícil de digerir y debería elegir entre mantener su lealtad al Gobierno de Sánchez o empezar a echar cuentas para conservar el Principado en 2027.

Por eso, se antoja imposible que el Ministerio no busque una fórmula para terminar acatando el dictamen, aunque suponga ganar algo de tiempo mientras se buscan soluciones y, entretanto, se bonifica el peaje. Si se gana ese margen, tal vez le quede a otro Gobierno (del mismo signo o distinto) el trago presupuestario que supondrá anular la concesión. Pero entonces será el momento de recordar lo que todos, unos y otros, firmaron y votaron.

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