La falta de compromiso en el Huerna, un desprecio a Asturias

Después de 42 años pagando en el Huerna y con un dictamen de la UE reconociendo como ilegal la prórroga de la concesión, Asturias tiene ganadas las batallas social y jurídica contra el peaje. Falta por dirimir otra igual de importante, la política. Su resolución dará la medida del peso que el Gobierno central otorga al Principado y de lo que el Principado influye en el Gobierno central.

Desde que LA NUEVA ESPAÑA desvelara en exclusiva en abril de 2024 los detalles del informe de la Comisión Europea que invalida el cobro en la salida a la Meseta, el ministerio de Transportes se ha cruzado de brazos, sin alternativas para corregir el agravio. Las únicas palabras de un secretario de Estado en Peñamellera Baja fueron de reproche a los asturianos por forzar al resto de españoles a un desembolso "milmillonario". Si esto afectara a otras comunidades –no hace falta señalar– y sus presidentes contasen con un respaldo jurídico tan sólido, todos sabemos cuál habría sido la respuesta.

El dictamen europeo no es un asunto menor: abre la puerta a una multa por vulnerar los principios de transparencia y competencia de la legislación comunitaria y obliga a anular o revisar la concesión. Defender un contrato que nació de una decisión cuestionada por las más altas instancias europeas contraviene el principio básico de igualdad de trato entre territorios y da pie a que acabe interviniendo en el caso el Tribunal de Justicia de la UE, lo que no cambiaría nada en el fondo y sí alargaría al máximo en el tiempo el procedimiento. Solo en iniciar el expediente y emitir el dictamen motivado –así se llama el documento previo a acabar ante los jueces–, la comisión ya invirtió tres años. Y en resolver las alegaciones, diecisiete meses más. 

Mecanismos para intervenir

Si Transportes se niega a resolver una flagrante injusticia es porque considera secundarias las necesidades de Asturias y prefiere concentrar esfuerzos y recursos donde electoralmente cree rentabilizarlos mejor. El Ministerio cuenta con mecanismos suficientes para intervenir. Puede bonificar el recorrido, rescatar el itinerario, negociar con la adjudicataria o estudiar vías distintas que perfilen sus técnicos, para eso los tiene y les paga. Cualquier cosa menos perderse en evasivas y tecnicismos de su abogacía para no mover un dedo. La falta de compromiso es un desprecio a los asturianos.

Nadie debería sacar pecho en este asunto. El Gobierno central que arremete contra los ministros populares que decidieron la prórroga, los excusa sin complejos en Bruselas. El Principado reivindica, aunque evita apurar a los suyos y desvía iniciativas a los tribunales. El PSOE nacional prometió en su programa la supresión del peaje y ahora se siente incómodo viendo a los socialistas de la FSA exigirla. El PP se agarra al mismo argumentario de Sánchez ante la UE para justificar al Ejecutivo de Aznar y se desmelena a la vez predicando lo contrario. Y el PSOE asturiano, antes que azuzar a quien puede reparar el daño, mira por el retrovisor a los culpables de infligirlo hace un cuarto de siglo para aguijonearlos.

Los asturianos no deben pagar las contradicciones de los partidos. Si algo positivo trajo lo que está ocurriendo es que por fin los políticos han optado por una respuesta inmediata y unánime, haciendo suya una ambición colectiva. Aún podrían ser más eficientes si trenzaran una red de complicidades exteriores, un lobby para presionar en positivo a su favor. En épocas pasadas lo consiguieron.

Ninguna región soporta una carga tan gravosa para unirse con el resto del país. Los asturianos pagan por salir y entrar en Asturias un fielato anacrónico. No exigen regalías sino equidad. El próximo viernes, a las siete y media de la tarde, en la plaza de la Escandalera de Oviedo, les toca reclamar lo que legítimamente es suyo. A esta historia solo cabe ponerle un final feliz, y cuanto antes.