Opinión | El rincón de la ley
El Peaje del Huerna: una Injusticia histórica que aísla a Asturias y traiciona su futuro
La continuidad del peaje del Huerna, prorrogado de forma leonina y carente de justificación social, económica y jurídica, constituye una afrenta al principio de cohesión territorial reconocido por la Unión Europea y un castigo inmerecido al pueblo asturiano.
En el corazón del norte peninsular, Asturias permanece unida al resto de España por un hilo de asfalto que, paradójicamente, se ha convertido en su mayor símbolo de aislamiento: el peaje del Huerna. Una vía de comunicación imprescindible para el desarrollo económico, social y humano de la región, convertida injustamente en un obstáculo financiero que penaliza la movilidad, la competitividad empresarial y la igualdad de oportunidades de los asturianos. Este peaje, cuya concesión fue prorrogada en condiciones escandalosamente abusivas, es una losa que debe levantarse de inmediato, no solo por razones morales, sino también jurídicas y europeas. Ninguna montaña debería ser excusa para levantar un muro de pago entre los ciudadanos y su tierra.
La historia de esta injusticia se remonta a los años noventa, cuando el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, lejos de servir los intereses de su tierra natal, prefirió perpetuar la dependencia económica de los asturianos respecto a Madrid. En lugar de buscar fórmulas de financiación pública o una transición progresiva hacia la gratuidad, rubricó la prórroga de una concesión que ha resultado ser un auténtico expolio económico. Aquel gesto, revestido de falsa eficiencia y de argumentos técnicos engañosos, fue en realidad un acto político calculado para favorecer a intereses empresariales concretos y asegurar fidelidades partidistas.
El Sr. Cascos, a quien algunos apodaban el “General Secretario” del PP, simboliza mejor que nadie la doble moral del poder: defensor del centralismo cuando le convenía y súbito “asturianista” cuando vio en ello una vía para perpetuar su carrera. Fundó FORO Asturias en un acto de oportunismo político, no de servicio público, y los hechos lo confirmaron: su paso por el gobierno autonómico fue un episodio breve, errático y profundamente estéril. Bajo su responsabilidad directa, Asturias quedó condenada a seguir pagando por su conexión vital con la Meseta, con un peaje que ya había cumplido sobradamente su función amortizadora.
Pero el mayor error, como sociedad, fue habernos dejado manipular. El pueblo asturiano, noble y trabajador, creyó en promesas vacías y toleró lo intolerable. Hoy, tres décadas después, seguimos pagando el precio de aquella pasividad. El Huerna no es una simple autopista: es el símbolo de cómo el abandono institucional y la connivencia política pueden traducirse en desigualdad estructural. La Unión Europea, en reiteradas ocasiones, ha recordado que los peajes deben responder a criterios de proporcionalidad y justicia territorial, y que las regiones periféricas o de orografía difícil merecen un trato compensatorio. Asturias cumple todas las condiciones para la eliminación inmediata de este peaje.
Desde una perspectiva jurídico-económica, la continuidad del Huerna carece de base razonable. La inversión inicial está más que amortizada, las tarifas exceden cualquier justificación por mantenimiento, y la concesión prorrogada no responde al interés general. Además, su vigencia contradice el principio de cohesión económica y social recogido en el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que insta a reducir las disparidades entre las regiones. Mantener el peaje supone, por tanto, una vulneración indirecta de ese principio, reforzada por la obligación del Estado de garantizar la igualdad efectiva en el acceso a infraestructuras básicas. Asturias no pide privilegios, exige justicia: la supresión inmediata del peaje del Huerna es una cuestión de dignidad y equidad territorial.
Asturias no puede seguir siendo un territorio aislado, castigado por su orografía y olvidado por la política centralista. La supresión del peaje no es una dádiva: es una medida de justicia redistributiva, de equilibrio territorial y de respeto a los derechos ciudadanos. Si el Gobierno central quiere demostrar su compromiso con la España de la cohesión y no con la de las dos velocidades, debe actuar de inmediato. Existen mecanismos financieros, fondos europeos y compensaciones estatales suficientes para rescindir la concesión o absorber su coste sin penalizar las arcas públicas.
Ha llegado el momento de levantar la voz. Asturias no puede esperar más. No hay justificación moral ni legal para seguir pagando por acceder al resto del país. Cada euro que se abona en el Huerna es un euro que se roba al desarrollo regional, a las familias trabajadoras y a las empresas que luchan por sobrevivir en un contexto cada vez más competitivo.
Porque Asturias no es un peaje, es una tierra libre, digna y trabajadora. Y como tal, merece carreteras que unan, no barreras que separen.
José López Antuña es licenciado en Ciencias del Trabajo, Graduado Social, Posgrado en Relaciones Industriales y Experto en Administración General
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