Dinamitar los puentes, quemar las naves

El Ejecutivo de Adrián Barbón se encuentra atrapado en una paradoja difícil de resolver: ha quemado las naves en su reclamación sobre el peaje del Huerna, pero al mismo tiempo ha dinamitado los puentes que podrían conducir a una negociación. La metáfora, heredada de la historia militar, encaja con precisión en el momento político que vive Asturias: no hay marcha atrás ni vías de avance. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dejado claro que el diálogo está interrumpido y que el Principado deberá sostener su pulso con argumentos más jurídicos que políticos.

Las metáforas del poder.

No está del todo claro el origen de la expresión "quemar las naves", usada para describir la decisión de eliminar toda posibilidad de retirada y forzar la victoria. Se atribuye a Hernán Cortés, quien habría ordenado inutilizar sus barcos para impedir el regreso de sus hombres al otro lado del Atlántico. Otras versiones señalan a Alejandro Magno, que, frente a un ejército enemigo muy superior en número, habría hecho prender fuego a sus propios barcos en la costa de Fenicia. "Observad cómo arden nuestros barcos: solo podremos volver en los de nuestros enemigos", se le atribuye al macedonio como arenga cruel y definitiva.

Tampoco tiene un origen único la expresión "dinamitar los puentes", que evoca el gesto de cortar toda vía de avance. Durante la campaña napoleónica de 1812 en Rusia, los generales del zar aplicaron la táctica de tierra quemada: incendiar cultivos, destruir almacenes y volar los puentes sobre los ríos Niemen, Dniéper o Berezina. Napoleón, que había construido estructuras provisionales para continuar su avance, las vio luego colapsar en su desbandada. En política, ambas imágenes —naves ardiendo y puentes dinamitados— son la metáfora perfecta del aislamiento.

¿Tiene sentido quemar las naves y dinamitar los puentes a la vez? Rara vez. Pero eso es, en buena medida, a lo que ha conducido el pulso por el Huerna en Asturias.

Un conflicto sin retorno.

El Gobierno regional no puede ceder un milímetro en su exigencia. Si la Comisión Europea sostiene que la prórroga del peaje es contraria a la legislación comunitaria, el Ejecutivo asturiano no tiene más alternativa que reclamar su supresión. Cualquier postura intermedia habría tenido un coste político irreparable para un Gobierno que, desde el inicio de la legislatura, ha hecho de la defensa del interés de Asturias por encima del partidista su seña de identidad.

Otra cuestión es cómo se ha gestionado el conflicto con Madrid. La comunicación entre el Principado y el Ministerio de Transportes, en particular con su titular, Óscar Puente, es casi inexistente. En un escenario ideal, el Ejecutivo autonómico habría pactado con el Gobierno central una hoja de ruta para encauzar la disputa. En un mundo sin tensiones ni intereses cruzados, el consejero Alejandro Calvo habría acudido a la Alianza por las Infraestructuras con un manifiesto negociado, capaz de exigir la supresión del peaje sin romper puentes con Moncloa. Pero eso no sucedió, y probablemente nunca pudo suceder: la batalla se ha abierto en canal.

El Principado, además, gobierna en coalición con Izquierda Unida, lo que obliga a mantener un discurso más firme ante el electorado progresista. Espoleado por la presión interna, el Ejecutivo de Barbón solo puede desempeñar el papel de actor principal. No hay mediadores ni atajos posibles: no existen puentes con Puente. La única opción es seguir adelante. Las naves arden bajo las llamas de la estrategia política.

El coste de la legitimidad.

Pero el Gobierno asturiano tampoco dispone de grandes medios para avanzar. Las conexiones con Moncloa se han enfriado hasta el silencio, y las conversaciones con Transportes apenas sobreviven a través de interlocutores secundarios. En este escenario, la cuestión es cómo mantener la legitimidad de la reclamación sin convertirla en un pulso personal con el ministro.

La manifestación de este 17 de octubre fue, en ese sentido, una demostración simbólica: más allá de su participación, evidenció que la demanda de eliminar el peaje cuenta con un apoyo transversal que trasciende partidos y gobiernos. Empresarios, sindicatos y asociaciones coincidieron en reclamar lo que entienden como un agravio histórico. Su valor no radicó tanto en el número de asistentes como en la unidad conseguida.

Quienes restan importancia al conflicto argumentan que hay otras prioridades para Asturias. Cierto, pero esta no es una batalla nacida del empecinamiento, sino de una circunstancia sobrevenida: si Bruselas considera ilegal la prórroga, ¿quién podría negarse a reclamar lo que la propia Comisión señala como injusto? No hacerlo sería políticamente insostenible. Reivindicar lo justo no significa desatender el resto de necesidades; significa, simplemente, asumir la obligación de defender un derecho.

Estrategia y errores.

El problema de quemar las naves y dinamitar los puentes al mismo tiempo es que se agotan todas las opciones tácticas. No se puede retroceder sin admitir derrota, pero tampoco avanzar sin arriesgar el aislamiento. Tal vez el Principado debió calcular mejor los escenarios dentro de la llamada Teoría de Juegos: prever movimientos, respuestas y consecuencias. Un exceso de determinación puede dejar sin margen a la política, que siempre se nutre de matices, plazos y cesiones.

A estas alturas, sin embargo, la cuestión ya no es lo que se debió hacer, sino qué camino tomar ahora. El Gobierno asturiano ha conseguido algo poco común: unir a la sociedad en torno a una causa que no admite lecturas partidistas. Pero si pretende transformar ese consenso en una solución real, tendrá que reconstruir los canales de interlocución con el Ministerio de Transportes. De poco servirá mantener la razón jurídica si no se logra una salida política.

El papel de Madrid.

Óscar Puente, por su parte, debería entender que esta no es una cuestión de orgullo o de pulso institucional, sino un asunto de equidad territorial. El Huerna no es un capricho localista: es la principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta, un corredor económico vital. Defender su gratuidad no implica desafiar al Gobierno central, sino reclamar un trato equilibrado respecto a otras regiones.

El ministro puede discrepar de los modos o del tono, pero no del fondo. Si el peaje es ilegal, su supresión debe ser un compromiso compartido. Convertir la disputa en un duelo político solo prolongará un problema que Europa ya ha definido jurídicamente. Las soluciones llegarán antes por la vía del diálogo que por la confrontación. ¿Se atreverá el ministro de Transportes a negar la legitimidad de la reclamación si la enarbolan empresarios y sindicatos? La demanda sobre el Huerna necesita de interlocutores ajenos a lecturas políticas que puedan negociar plazos, condiciones y una hoja de ruta que, seguramente, será más larga de lo que pueda parecer hoy. Y para eso hay que sentarse con Óscar Puente. Y Óscar Puente habrá de entender que esto no es una cuestión de un calentón político; tiene que ver con exigir lo que es justo.

Porque incluso en política, después de quemar las naves, alguien tiene que volver a construir los puentes.

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