¿Por qué no se aplica la directiva que exime del IVA a los autónomos que facturan hasta 85.000 euros?

La UE no siempre es el problema. A veces, es la solución. Si hay ganas de aplicarla. Llevamos años buscando fórmulas para cuadrar un círculo que forman la necesidad de que los autónomos paguen por lo que facturan realmente, la voluntad de reducir la burocracia que sufren y la lucha contra el fraude fiscal.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se descolgó hace una semana con una propuesta que disparaba las cotizaciones de los trabajadores autónomos a la Seguridad Social en cumplimiento de los acuerdos con los agentes sociales a los que había llegado José Luis Escrivá cuando era ministro y su empeño era cuadrar las cuentas de las pensiones. Saiz se ha estrellado contra el malestar de los agentes sociales a los que hace tiempo que el Gobierno utiliza como último recurso para disimular su falta de mayoría parlamentaria operativa. Y ha tenido que rectificar.

En este episodio, una propuesta de Alberto Núñez Feijóo nos ha puesto sobre la pista de otro desaguisado. España lleva desde enero incumpliendo una directiva (ley) de la UE que obliga a eximir a los autónomos del cobro y de la liquidación del IVA si facturan menos de 85.000 euros anuales. En julio, la Comisión amonestó por carta al Gobierno.

Esa trasposición no solucionaría todos los problemas de los autónomos, pero sería una buena baza de negociación para racionalizar el tema de las cotizaciones puesto que beneficiaría directamente, según el cálculo meticuloso de Gabriel Ubieto, a medio millón de trabajadores por cuenta propia que eliminarían mucha burocracia de su vida y serían tan transparentes como fuera necesario para conseguirlo. A veces, cumplir la ley es lo más revolucionario que se puede hacer.

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