El desembarco en Asturias de las universidades privadas

El Gobierno de Asturias autorizó el pasado día 14 el establecimiento de la Universidad de Nebrija, que impartirá el grado de Enfermería en Avilés, y de la Universidad Alfonso X, en Oviedo, con los grados de Medicina, Farmacia, Odontología y Enfermería. Mientras, sigue pendiente la autorización de la Universidad Europea en Gijón.

No ha sido suficiente el voto en contra de Izquierda Unida, ni el rechazo expresado desde amplios sectores de la Universidad pública de las ciencias de la salud. La decisión del Gobierno es irresponsable y populista, lesiva para la enseñanza universitaria y la sanidad pública, y ni tan siquiera ha querido esperar a la promulgación del decreto del Gobierno central sobre los requerimientos técnicos necesarios para otorgar este tipo de autorizaciones.

Cabe decir, en primer lugar, que no hay justificación para la creación de nuevas facultades en el área de la salud. Por ejemplo, España tiene una de las tasas más altas de médicos por cada mil habitantes y es el segundo país del mundo en número de facultades de Medicina (0,95 facultades por millón de habitantes). La carencia de médicos en el sector público es un problema de planificación y gestión desacertada de los recursos humanos existentes. Aumentar la oferta formativa solo llevará a desequilibrar el mercado y precarizar las condiciones de trabajo.

En enfermería es cierto que existe un déficit muy importante de profesionales. Ostentamos el puesto 23 de los 27 países de la UE, con una demanda creciente de cuidados por el envejecimiento y la cronicidad. Pero también aquí se precisa una mejor gestión de los recursos existentes, porque todos los años queda sin contratar un porcentaje significativo de enfermeras, persiste el abandono de la profesión y continúa el sangrante flujo migratorio de profesionales por toda Europa (más de 15.000 enfermeras).

Las universidades privadas vendrán a parasitar lo público.

La sanidad privada en Asturias no tiene capacidad (ni acreditación) para cubrir las necesidades de formación práctica de sus alumnos. Por ejemplo, en enfermería, por imperativo de la Unión Europea (RD 1837/2008), se exigen 2.300 horas presenciales de formación práctica asistencial, una exigencia que cumplen, no sin dificultad, las 700 estudiantes de Enfermería de la Universidad pública de Asturias. Los centros sanitarios públicos acreditados para la docencia están actualmente saturados por las rotaciones de estudiantes de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, máster, especialistas en formación (MIR, EIR, PIR...) y ramas sanitarias de formación profesional.

La masificación de las prácticas es inadmisible por respeto a los pacientes y a la calidad asistencial, pero también a los profesionales que, además de la asistencia, tienen que tutorizar a los estudiantes y profesionales en formación especializada. Tampoco es admisible la apropiación de plazas docentes de prácticas clínicas de centros sanitarios públicos, financiadas con los impuestos de todos los asturianos.

Una amenaza a la calidad de la formación y la investigación.

La experiencia de las universidades privadas en otras comunidades autónomas (Murcia, Madrid…) no es precisamente positiva, como confirma un informe de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) sobre la suficiencia y calidad de la docencia. En el ámbito de la investigación, que es consustancial a la enseñanza universitaria, el informe del Observatorio IUNE, de la Alianza A4U de 2024, es todavía más contundente: el 92% de las publicaciones científicas se realizan en las universidades públicas, frente al 8% en las privadas.

Las razones últimas.

Las universidades privadas son una excelente oportunidad de negocio de grupos de inversión, no necesariamente asociada a las necesidades sociales o del sistema sanitario o educativo. La salud es un sector laboral muy propicio porque tiene alta empleabilidad (alta demanda) y permite tasas muy elevadas y rentables, máxime si se complementa con la parasitación de los dispositivos sanitarios públicos. En las universidades privadas, el acceso depende más de la capacidad económica que del mérito y el esfuerzo, lo que genera una brecha de inequidad entre quienes pueden permitirse pagar la formación y quienes, por falta de recursos, deben afrontar las dificultades y limitaciones de un sistema público cada vez más presionado.

¿Es responsable contribuir a este proceso?

La proliferación de universidades privadas de ciencias de la salud no es una buena noticia para Asturias por el daño que se va a producir en la enseñanza universitaria pública y en el sistema sanitario público. Un espejo donde mirarse es la Comunidad de Madrid, en donde la inundación de universidades privadas fue la antesala para restringir la financiación y asfixiar la Universidad pública. Asturias puede seguir ese mismo camino.

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