Contrato cívico para Occidente

Una hoja de ruta liberal y democrática para la integración en Europa de la emigración islámica

Ordenar no es odiar. En mi columna anterior, "El tabú del islam y el silencio de Europa", defendí una obviedad incómoda: criticar el islamismo –y, en general, cualquier proyecto iliberal– no es odio; es autodefensa democrática. Hoy no traigo pancartas: traigo mecanismos. No hablo del islam como fe; hablo de poder cuando pretende sustituir la ley común por costumbres particulares. Y hablo de gestión cuando el Estado confunde compasión con rendición: uso prolongado de hoteles como dispositivo de acogida, rutas marítimas fuera de control, aulas convertidas en teatro identitario y calles donde pretende mandar quien más grita. Europa puede ser firme y liberal a la vez. España también.

Lo digo desde la experiencia de quien se integra, no de quien sermonea. Soy emigrante: en 1993 me mudé a Londres y adopté lo esencial –idioma, estudios, trabajo, impuestos y lealtad a la ley–. Después viví en Nueva York, la ciudad que de niño asocié con futuro y progreso, y años más tarde obtuve la ciudadanía estadounidense por convicción. Nunca quise sustituir sus culturas: las adopté e integré con mis valores, ya occidentales. Ese es el contrato: uno llega, suma y respeta; y el Estado garantiza que la ley civil sea la casa común.

España cerró 2024 con 63.970 llegadas irregulares, y Canarias marcó un récord con 46.843 por la ruta atlántica. En la UE, las detecciones de cruces irregulares cayeron un 38% en 2024 respecto a 2023, hasta algo más de 239.000, mínimo desde 2021. En el Mediterráneo y la ruta atlántica hacia España, ACNUR consigna 199.400 llegadas en 2024 frente a 275.200 en 2023. En paralelo, la inmigración regular siguió fuerte: en 2023 entraron en la UE 4,3 millones de personas procedentes de terceros países, además de 1,5 millones de movimientos dentro del bloque; y en 2024 se expidieron 3,5 millones de primeros permisos de residencia (-8,3% interanual).

En política, desde tiempos inmemoriales, los dirigentes han jugado a desplazar la frontera de lo aceptable: lo impensable hoy, debatible mañana y ley pasado mañana. Ese mecanismo tiene nombre –la ventana de Overton– y se usa para normalizar "excepciones" identitarias como si fueran simple pluralismo. Mi contrato cívico hace lo contrario: ancla el debate en el centro liberal europeo y español. En la UE rigen los valores del art. 2 TUE (dignidad, democracia y estado de derecho) y la Carta de Derechos Fundamentales protege libertad religiosa y diversidad (arts. 10 y 22) sin abrir jurisdicciones paralelas; además, la identidad nacional –incluidas las lenguas– es competencia de cada Estado, y el elenco de lenguas oficiales lo fija el Reglamento n.º 1/1958 [TUE art. 2; Carta UE arts. 10 y 22; TUE art. 4.2; Regl. 1/1958]. En España, la Constitución es nítida: el art. 3 CE establece el castellano como lengua oficial del Estado y confiere cooficialidad a las lenguas españolas en sus territorios; el art. 16.3 CE consagra que ninguna confesión tiene carácter estatal [CE arts. 3 y 16.3]. La jurisprudencia refuerza esas líneas: Estrasburgo consideró incompatible con la democracia implantar la sharía como orden jurídico (Refah Partisi v. Turquía), y el TJUE avaló que una política interna de neutralidad pueda limitar símbolos si es general y proporcionada. Pluralismo, sí; jurisdicciones paralelas, no. Fe privada, ley pública.

Lo que sigue no es un manifiesto; es un pliego operativo en tres cláusulas –acogida con reloj y trazabilidad; neutralidad institucional y libertad robusta; reciprocidad exterior y protección de víctimas– para que el Estado haga su trabajo sin complejos y sin ceder la libertad.

Cláusula 1. Una sola ley civil, un solo reloj, trazabilidad completa.

La acogida debe salir de la improvisación hotelera y entrar en un sistema público estable, con centros auditados por provincias, refuerzo en Canarias y en la frontera sur, y un calendario de cierre de expedientes publicado y fiscalizable. La ayuda se canaliza mediante tarjeta de pagos –no efectivo– y se condiciona a idioma, civismo y asesoría jurídica. La identificación es inmediata: biometría y volcado de datos a los sistemas europeos en los primeros 7 días, con entrevistas estandarizadas y listas actualizadas de países/personas seguras. El reloj 7–12–12 ordena el procedimiento: cribado inicial en siete días; resolución en 12 semanas para casos de baja probabilidad; y, si procede, retorno en otras 12, con coordinador de retornos, cupos de vuelos y garantías. Romper el pasaporte no abre puertas: hay tecnología y norma para que no lo haga. Trabajo antes o salida antes: permiso laboral temprano para expedientes plausibles; vía rápida para el resto. Y datos a la vista: un panel mensual con plazas, gasto, tiempos, retornos, empleo de quienes sí obtienen protección e incidentes de odio, acompañado de auditoría anual independiente. Desde mañana, portal único con esos indicadores y comparecencia trimestral del ministro competente ante el Parlamento: si el Estado mide, el Estado manda.

Cláusula 2. Neutralidad institucional y libertad robusta en lo público.

En el espacio público, la mediación religiosa pertenece al ámbito privado; jurisdicción paralela, no. La imposición de códigos "morales" en la calle –patrullas religiosas, intimidación por vestimenta, vigilancia de costumbres– termina ante el juez, con órdenes de alejamiento inmediatas y, cuando exista injerencia exterior y la ley lo permita, expulsión. La libertad de expresión protege la crítica, incluso dura; no protege la incitación al odio racial o religioso ni la apología de la violencia: lo fijan el art. 10 (expresión) y el art. 17 (prohibición del abuso de derecho) del CEDH, y la Decisión Marco 2008/913/JAI contra el racismo y la xenofobia [CEDH arts. 10 y 17; 2008/913/JAI]. En España, la LO 4/2000 regula derechos y expulsiones con garantías; en Reino Unido, los delitos de "stirring up hatred" se persiguen bajo el Public Order Act 1986 con criterios de la CPS, y la Immigration Act 1971 permite deportar a no ciudadanos cuando su presencia no es conducente al bien público, con control judicial. Mapa legal sin ingenuidad: Francia y Bélgica prohíben el velo integral en espacios públicos con aval del TEDH (S.A.S. v. France, Dakir, Belcacemi y Oussar); Países Bajos aplica un veto parcial en transporte, edificios oficiales, sanidad y educación [Gob. NL, 08/2019]; Alemania no tiene veto general pero sí prohibiciones sectoriales (p. ej., conducir con el rostro cubierto); y Portugal aprobó un proyecto de ley que veta velos faciales en espacios públicos (17/10/2025), pendiente de promulgación o control constitucional. Reglas claras, sí; arbitrariedad, no.

Nota para evitar malentendidos: millones de musulmanes europeos viven su fe con normalidad bajo la misma ley común. Este texto no va de ellos, sino de cualquier proyecto que pretenda suplantar la ley civil.

Cláusula 3. Reciprocidad exterior y protección de las víctimas.

Europa garantiza culto y crítica dentro de la ley y, a la vez, exige mejoras verificables a quienes restringen la libertad religiosa o acallan disidentes. Eso es poner precio: visados condicionados, acuerdos de readmisión con incentivos y sanciones, exclusión de contratos públicos para empresas estatales que pisotean minorías y sanciones personales a responsables de represión. En casa, financiación exterior con recibo: trazabilidad obligatoria y cierre de asociaciones que importen sectarismo o dinero opaco; apología del odio y coacción, a los tribunales. Y protección prioritaria a perseguidos reales por fe u opinión, con antídoto contra la represión transnacional en suelo europeo (Directiva 2004/38/CE prevé límites por orden público/seguridad con salvaguardas). Soberanía aplicada, no xenofobia.

Europa no necesita catecismos ni disculpas preventivas. Necesita que el Estado gobierne: misma ley para todos, plazos que se cumplen, cuentas a la vista. Hoteles fuera, centros dentro; rutas marítimas bajo control; aulas neutrales; calles sin patrullas ni intimidación; financiación con recibos; reciprocidad con precio. Y si no lo hacemos por convicción liberal, lo harán otros por furia. Ya sabemos cómo termina esa película: con menos libertad para todos.