Ley Bolaños, justicia a la carta de Sánchez

En España la justicia ya no se imparte: se reparte al gusto del que manda. El Gobierno se ha sacado de la manga la ley Bolaños, y el parto se ha resuelto con un chutazo de epidural de ejercicio de poder a las bravas. Habrían usado fórceps de haber hecho falta, si la criatura viniera de nalgas, tras renunciar Junts a ser padrino del bautizo, del brazo de la madrina, la doña de Sumar. El Gobierno pretende entregar la instrucción judicial a los fiscales, que por definición obedecen al que firma sus nombramientos. Con Sánchez pasamos del Estado de derecho al Estado de derechazo.

La Fiscalía, templo de las esencias de la legalidad, corre el riesgo de convertirse en despacho satélite del Ejecutivo. La UCO, esa policía que huele la corrupción con olfato de sabueso, servirá café en la antesala del fiscal general, quien, ironías del destino, anda más cerca del banquillo que de la virtud. ¿Y quién investiga a quien investiga? Nadie: el poder se investiga a sí mismo, y suele absolverse con honores.

El ministro Bolaños, sanchista recalcitrante, promete una justicia “ágil”, y no miente: correrá veloz, en la dirección que ordenen los suyos. Lo próximo será denominar “independencia judicial” a un decreto del Consejo de Ministros.

Antaño, Quevedo escribió que “donde hay poca justicia es peligroso tener razón”. Hoy añadiría: “y donde hay mucha ley, cuidado con quién la redacta”. Una Justicia con mando en Moncloa huele menos a igualdad y más a guiso recalentado para tragar a cucharadas llenas.