Europa ante la legislatura del sentido común

En un mundo de tensiones geopolíticas y competencia feroz, Europa ha comprendido una verdad básica: no puede permitirse el lujo de complicarse la vida. Esta será la legislatura de la simplificación, la del sentido común, la de poner a las pequeñas y medianas empresas en el centro, la de la simplificación real y la que devuelva a la Unión la agilidad que necesita para competir. Porque sin pymes no hay empleo, ni innovación, ni cohesión territorial.

Bruselas ha tomado nota. La presidenta de la Comisión se ha comprometido a reducir en un 35 % la carga burocrática que soportan las pymes, y a aplicar por fin un test obligatorio que evalúe el impacto de cada nueva norma sobre las pequeñas empresas antes de aprobarla. No es lo mismo exigir un sistema de reporte climático a una multinacional que a una empresa familiar de veinte empleados.

Pero el compromiso no basta: desde 2012 este test existe solo sobre el papel y nunca ha servido para frenar el exceso regulatorio. En realidad, esto ya existe, pero necesitamos que se convierta en una herramienta vinculante, con consecuencias reales. La simplificación no puede ser una promesa vacía.

Porque lo cierto es que la burocracia se ha convertido en el nuevo coste oculto de hacer empresa en Europa. Según el Banco Europeo de Inversiones, el 51 % de las empresas considera que las obligaciones administrativas son un obstáculo directo a su actividad, y el 86 % necesita personal específico solo para gestionarlas. En España, la mitad de las pymes pierde más de ocho horas semanales en trámites. Cada formulario innecesario es una inversión que se retrasa o un proyecto que se abandona.

Y, sin embargo, mientras el Partido Popular Europeo impulsa esta agenda de simplificación, la izquierda europea prefiere mantener el statu quo. Cuando hace dos semanas fracasó en la Eurocámara la votación sobre la primera ley de simplificación general, los socialistas y los liberales optaron por bloquear el expediente en lugar de mejorarlo. Se trataba del paquete Ómnibus I, destinado a simplificar y aligerar las obligaciones de reporte en materia de sostenibilidad y diligencia debida. Ahora, los populares europeos hemos decidido seguir adelante con nuestras propias enmiendas, buscando una mayoría alternativa. No para desregular –como repiten los eslóganes de la izquierda–, sino para que la reducción de la hiper regulación sea una realidad.

Simplificar no es desregular. Es regular mejor. Es sustituir el exceso de burocracia por inteligencia, los formularios por datos, las restricciones por incentivos. La izquierda no lo entiende porque confunde control con protección. Pero la sobrecarga normativa no protege al trabajador ni al medio ambiente: lo que hace es expulsar la innovación de Europa, encarecer la inversión y empujar a las empresas a otras regiones con menos trabas.

El informe de Mario Draghi sobre la competitividad fue claro: Europa debe "usar la transición verde como ventaja competitiva, no como una trampa burocrática". Si seguimos legislando sin pensar en la ejecución, corremos el riesgo de convertir los objetivos verdes en un nuevo muro de trámites. Por eso defendemos una Europa que mantenga su ambición climática, pero con reglas simples, plazos razonables y costes proporcionados.

La simplificación no puede quedarse solo en Bruselas. De poco sirve reducir la carga europea si los Estados miembros vuelven a multiplicar los procedimientos. En España, por ejemplo, un permiso industrial o ambiental puede tardar hasta 400 días, el triple que en Alemania. La política de simplificación debe aplicarse también a nivel nacional y autonómico: menos duplicidades entre administraciones, más confianza en quien cumple.

Europa necesita una mayoría que crea en las empresas, no que las vea con desconfianza. El PPE lidera esa agenda, aunque otros prefieran mirar hacia otro lado. No es una cuestión ideológica, sino de eficacia. Si queremos mantener nuestro modelo social, necesitamos un modelo productivo que funcione. Y eso exige valentía política para simplificar, aunque algunos prefieran seguir atrapados en la parálisis normativa.

Las barreras internas del mercado único –como advierte el FMI y reitera Draghi– actúan hoy como si las empresas europeas pagaran un arancel invisible de hasta el 45 % en el sector manufacturero por operar dentro de la propia Unión. Romper esas barreras es la auténtica revolución industrial del siglo XXI.

La simplificación no es el enemigo de Europa. Es su salvavidas. Es el paso necesario para que la política vuelva a servir a las personas, no a los procedimientos. Porque cada norma inútil no solo cuesta dinero: cuesta tiempo, talento y oportunidades.

Europa no necesita más papeles; necesita más confianza. Y sobre todo, necesita más coraje político para hacer lo que otros no se atreven: poner fin a la burocracia y devolver el sentido común al corazón de la Unión.

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