Melón para desatascar la legislatura

La ruptura manifestada por Junts con el Gobierno de Sánchez ha abierto un abismo de incertidumbre sobre el rumbo que tomará el Ejecutivo, y también sobre el que seguirá el Partido Popular. Junts ha adoptado una actitud de bloqueo y ha anunciado que rechazará de plano todas las iniciativas del Gobierno sin siquiera evaluarlas. Es la demostración de que el interés de los de Puigdemont por el rumbo de España es nulo y que juegan sus cartas únicamente pensando en su propio cálculo, lo que ya debería quedar como aviso para quien en el futuro tratase de buscar en Junts algún tipo de alianza. Nada gusta más al exiliado que ver rendido a sus deseos el Gobierno del país que le impidió sus ansias independentistas.

Meses endiablados.

Los próximos meses serán diabólicos para el PSOE y el Partido Popular. Los socialistas deberían lanzar un proyecto de Presupuestos a sabiendas de que se estrellará contra el Congreso de los Diputados. Ese hecho, en toda lógica, tendría que conducir a un adelanto electoral, pero esa secuencia razonable está fuera de los criterios del "Manual de resistencia" de Pedro Sánchez. El PP, por su parte, se terminará enfrentando al dilema de impulsar una moción de censura que a la postre se leería como un instrumento al servicio del intento de Junts de determinar la agenda política nacional.

Además, la secuencia prevista de elecciones autonómicas de aquí a junio de 2026 (Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Andalucía) pondrá a prueba la resistencia del PSOE y la distancia entre el PP y Vox. Hay demasiados exámenes parciales en el calendario como para que Sánchez tenga una hoja de ruta para los comicios nacionales.

En este escenario irrumpe el gran asunto territorial: la reforma del modelo de financiación autonómica. En las comunidades gobernadas por el PP se cree que el Ministerio no se atreverá a ponerlo sobre la mesa con tanta marejada. Pero otras fuentes sostienen que María Jesús Montero ya tiene perfilado cómo será esa reforma, que está bastante hablada con la Generalitat de Salvador Illa y que sería un buen cebo para alterar el impasible veto anunciado por Junts.

De forma inminente se convocará una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el objetivo de fijar definitivamente el techo de gasto para el ejercicio de 2026. Lo que las comunidades no tienen claro es si el Gobierno se atreverá a calentar la reforma del modelo de financiación, con el horizonte de lograr su aprobación en el otoño del próximo año.

Un borrador de reforma.

Algunos indicios hay de por dónde pueden ir los tiros. El Gobierno está dispuesto a elevar de forma muy cuantiosa el dinero que se reparten las comunidades autónomas mediante dos medidas: la primera, reformular la participación de los territorios en la cesta de impuestos y, la segunda, con la inyección directa de fondos por parte del Estado.

Poco o nada ha dejado ver el Ministerio de Hacienda sobre sus planes. Eso sí, ha anunciado la voluntad de poner fin al sistema de "entregas a cuenta", por el cual el Gobierno central estima antes de cada ejercicio lo que cree que recibirán las comunidades de su parte de los tributos y luego, dos años después, ajusta con los datos reales. La alternativa es un sistema de financiación "en tiempo real", a medida que recauda la Agencia Tributaria, una fórmula positiva cuando los ingresos van al alza pero peligrosa en tiempo de vacas flacas.

EL IVA DE LAS PYMES.

Una de las piezas relevantes estará en el destino del IVA de las pymes, que el Gobierno sopesa, según algunas fuentes, entregar a las comunidades íntegramente y basándose en el criterio de la implantación de la empresa, no de dónde se realiza la transacción. Las pymes generan un valor añadido anual de unos 185.000 millones, que tributan unos 26.000 millones anuales en concepto de IVA. De esos, el 50% ya va a las comunidades.

Incorporar ahora a la participación en los impuestos el total de ese tributo implicaría inyectar 13.000 millones al sistema de financiación, premiando en especial a las comunidades con más dinamismo económico.

Cataluña recibiría así más de 2.500 millones a su financiación, mientras que a Asturias le corresponderían menos de 250 millones. En términos de población ajustada, las cuantías se dividirían por habitante en 370 euros para los catalanes y unos 220 para los asturianos. Baleares, Cataluña, Madrid, Valencia o Aragón saldrían bien paradas en el reparto; no tanto Extremadura, Asturias, Andalucía, Castilla-La Mancha o Castilla y León.

Tras esa inyección económica vendría la nivelación horizontal entre comunidades y la solidaridad interterritorial, que beneficiaría a las comunidades peor financiadas para sostener sus servicios públicos. Y, finalmente, el regalo de 17.000 millones de las arcas del Estado que tratarían de aproximar el resultado final a la aplicación del "principio de ordinalidad", pero sin llegar a asumirlo.

Cataluña podría recibir con estas cuentas unos 4.500 millones de euros. Si fuese proporcional ese reparto, a Asturias corresponderían unos 650 millones.

Seguir adelante pese a Junts.

¿Lanzará Sánchez la reforma del sistema de financiación con la intención de colocar contra las cuerdas a Junts y responsabilizarle del bloqueo de una ingente inyección económica a Cataluña?

En cierto modo, la reforma del sistema parece que acabará discurriendo por la vía del sacrificio económico para la administración central, en estos momentos más endeudada que las comunidades y que tiene sobre la mesa el reto de la evolución futura de las pensiones y el aumento del gasto de Defensa.

La apertura del melón de la financiación autonómica sería celebrada por todas las comunidades, también por Asturias; otra cosa es cómo se reparten los trozos. El Gobierno asturiano afirma que no aceptará una propuesta que rompa el régimen común o suponga un descarado favoritismo hacia Cataluña, una actitud que comparten las comunidades aliadas con Asturias en el pacto De Santiago. Pero lo cierto es que una inyección de recursos tan elevada como 23.000 millones resultaría muy tentadora.

Si Pedro Sánchez está dispuesto a considerar la reforma de la financiación autonómica como la última apuesta del Gobierno para mantener el equilibro o si, por el contrario, la convierte en el detonador definitivo lo veremos en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En todo caso, esa cita tiene un asunto en el orden del día muy relevante para Asturias: la revisión del techo de gasto.

El riesgo en el ritmo de gasto para Asturias.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya ha advertido que Asturias está en alto riesgo de incumplimiento de la regla de gasto: es decir, su gasto computable crece por encima de la previsión de mejora de la economía. Hasta ahora se da la paradoja de que Asturias esquiva ese hecho gracias a la ejecución efectiva de su presupuesto, una especie de excusa que la autoridad fiscal no considera muy ortodoxa. La previsión es que el gasto computable de Asturias crezca por encima del límite hasta 2028. Y aunque Asturias cuenta con una buena salud en cuanto a deuda pública, la presión que ejercerá en un futuro el gasto estructural (personal, sanidad o envejecimiento) podría terminar comprometiendo las cuentas autonómicas.

En cualquier caso, el Gobierno obtiene solo con el respaldo de Cataluña ya la mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero la propuesta deberá pasar por el Congreso. La actitud que adopte el PP y el grado de satisfacción de sus comunidades resultarán definitivos. Asturias tendrá que echar sus cuentas, pero el riesgo, a la vista de por dónde discurre el futuro del Gobierno de Sánchez, está en acabar de mero convidado de piedra, aunque el melón nos sepa aceptablemente bien o lo traguemos porque a nadie amarga algo dulce.

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