De impuestos y personas

Basta con que se abra el debate sobre impuestos para que el ruido, y hasta la furia, se instalen en el ambiente. Y si, además, ese debate es doble y abarca tanto la reforma fiscal en curso como la negociación sobre los próximos presupuestos, la confusión empieza a campar a sus anchas a pesar de que desde Somos Asturies hemos sido especialmente claras desde el principio: una cosa es hablar de una reforma fiscal que, en su caso, afectará a los ingresos fiscales en próximos presupuestos y otra es discutir sobre la estructura del gasto de estos presupuestos. Aunque estén vinculadas, son cuestiones diferentes y, por ello, hemos pedido que se separaran en todo momento.

La receptividad del cogobierno a esta petición ha facilitado una negociación que, de no haberse celebrado así, habría acrecentado ese ruido dentro del bloque progresista y hacia fuera. Esto habría reforzado la apariencia de que la política es el terreno de la confrontación entre quienes, haciendo de la necesidad virtud, estamos llamados a entendernos frente a la ola reaccionaria que nos rodea.

Bajo esas premisas, enfrentamos la negociación de la reforma fiscal y, con ánimo constructivo, aportamos tres enmiendas que entendíamos que podían mejorarla: una destinada a mejorar la progresividad del impuesto y dos destinadas a alejar a la especulación inmobiliaria de Asturias.

La primera enmienda introducía un nuevo tramo en la estructura superior del impuesto. El impacto recaudatorio de esta propuesta era mínimo, pero sí que contribuía a mejorar la progresividad. Lo decimos básicamente para todos aquellos que dicen vivir en un infierno fiscal pero luego quieren los servicios públicos y las infraestructuras de Suecia.

Parecen ignorar que Asturias no tiene un problema de ingresos sino de gasto: desde 2013, que ya son años, los gobiernos asturianos han recaudado más de lo que han gastado, lo que nos ha llevado a una situación continuada de superávit en las cuentas públicas y que, para este año, se sitúa en el 0,9% del PIB.

A esos que defienden que para corregir esta situación hay que bajar los impuestos, me permitiré darles tan solo cuatro datos: el 36,6% de los menores de 18 años asturianos se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE); la tasa de pobreza general es del 15,6% y la de pobreza severa es del 6,1%; al margen de que, a día de hoy, Asturias tiene más de 18 mil hogares con todos sus miembros desempleados.

Mientras una sola de esas personas, especialmente los niños y niñas, viva en esas condiciones, nuestra posición será la de hacer gastar más y mejor los recursos que ya recaudamos; y si fuera preciso, aumentarlos. No es tan difícil de entender que no tiene ningún sentido sacar pecho por lo saneadas que se encuentran nuestras cuentas públicas cuando tenemos a parte de nuestra sociedad malviviendo; por no hablar de las listas de espera en sanidad, residencias del ERA, valoración a la dependencia, por poner solo algunos ejemplos del deterioro de nuestros servicios públicos.

Y, por otra parte, también aportamos dos enmiendas contra la especulación inmobiliaria, otra de las preocupaciones transversales más relevantes, y que de ser implementadas y tener éxito, no tendrían incidencia recaudatoria.

Y es que los impuestos no solo sirven para recaudar ingresos, también constituyen una forma efectiva de desincentivar determinadas actividades. Y, en este caso, pretendemos desincentivar la especulación inmobiliaria gravando en el Impuesto sobre el Patrimonio tanto las adquisiciones de viviendas por parte de los grandes tenedores como las adquisiciones de edificios completos para destinarlos a uso turístico. Hemos visto este fenómeno en los centros históricos de ciudades, acelerando la gentrificación de barrios y villas. No lo queremos para Asturies. Cuanto mayor sea el éxito de la medida, menor será la recaudación porque habremos conseguido desincentivar sus negocios en nuestras ciudades.

De las tres medidas, el gobierno ha rechazado la primera y ha aceptado las dos segundas. A pesar de conocer los límites en los que se mueve el PSOE en términos redistributivos lo intentamos. Y como decía más arriba, nuestro problema no es de ingresos sino de gastos. Por eso, ahora que tras esta reforma se abre la negociación presupuestaria, será el momento de convencerles de la necesidad de que el presupuesto sea socialmente más expansivo.

Esperemos que entonces el cogobierno tenga la misma receptividad que han mostrado con respecto a las enmiendas contra la especulación inmobiliaria: hace unos días el presidente Barbón las ponía en valor en su intervención en la sesión de control.

Con nuestras enmiendas hemos conseguido reforzar la idea irrenunciable de que la vivienda es un derecho y no un negocio. Y aunque estemos satisfechas, continuamos trabajando. Vinimos a la política para mover el sentido común hacia medidas como estas, que mejoren el bienestar de la ciudadanía

Por cierto, ahora sí toca hablar de presupuestos.

Suscríbete para seguir leyendo