"Alquilámoste", la exclusión como política oficial

Una publicación de LA NUEVA ESPAÑA el pasado 3 de noviembre, anunciando el programa "Alquilámoste", desató en redes sociales una reveladora ola de comentarios. El debate público resultante es un síntoma perfecto de la fractura social y del fracaso de nuestras políticas de vivienda.

Es desolador leer la crispación. Por un lado, emerge el discurso del miedo, culpando a "okupas" o viendo regalos a extranjeros. Por otro, con un sentido común aplastante, emerge la realidad de los excluidos: "¿Y los que ganen menos, a dormir debajo de un puente?"; "Mi sueldo es de 1200 y con dos hijos no sé cómo me podré permitir un alquiler de 700 euros; "Y los que ganamos 10.000, no podemos alquilarlos".

Estos comentarios no son anécdotas. Son el eco exacto de las voces que hemos escuchado, mes tras mes, en nuestra Investigación-Acción Participativa (IAP) "Comunidad y Vivienda", realizada con personas en exclusión residencial en Avilés, Oviedo y Gijón.

Son las mismas historias. Es el "auge de un mercado sumergido que agrava la vulnerabilidad", como nos relataron describiendo habitaciones "sin calefacción, sin llave" y un casero que "gana 800 euros al mes sin declarar nada". Es la llamada que se corta al oír un acento, como nos contó una compañera: "Apenas el señor escuchó hablar a su esposo, cambió totalmente su actitud". Es la respuesta brutal que resuena en los comentarios de Facebook y en nuestros talleres: "no se aceptan niños".

Lo que presenciamos no es un "fallo del mercado". Es una profunda degradación de un bien social, sostenida por instituciones que han fracasado en su deber de proteger el bien común.

En Asturias, el ejemplo más flagrante de este fracaso es el programa "Alquilámoste" de la Consejería de Vivienda del Principado. Se presenta como una solución social, pero en la alegación formal ("Vivienda para la Vida") que elaboramos desde "Comunidad y Vivienda", demostramos que es la antítesis de un modelo social.

Este programa es un perfecto ejemplo de "exclusión programada".

"Alquilámoste" "nos deja fuera por diseño". Exige unos ingresos mínimos de 16.800 euros al año. Paradójicamente, el Salario Mínimo Interprofesional es de 16.576 (1.184 euros/mes x 14). Es decir, un programa teóricamente social excluye por ley a una persona que trabaja a jornada completa cobrando el salario mínimo.

Además, la adjudicación se basa en el "orden de llegada", una "lotería injusta" que ignora la necesidad real, y la renta se vincula al precio de mercado, no a la capacidad de pago. Esto no es un error técnico; es una decisión política consciente. Es un programa diseñado para la "clase trabajadora asturiana" –un término que la administración repite para justificar la exclusión de los más vulnerables, "los otros"–, olvidando a quienes cobran el SMI, tienen una pensión baja o, simplemente, no encajan en el perfil.

¿Por qué se diseñan instituciones que, lejos de proteger, filtran y excluyen?

En nuestra IAP lo hemos visto claro: el sistema público se ha convertido en un "laberinto burocrático" que "marea a la gente", enviándola de una ventanilla a otra hasta que desiste. Es una carga administrativa diseñada para disuadir.

Hemos permitido que la vivienda, el espacio físico de la dignidad, se corrompa hasta ser una simple mercancía. Cuando el mercado es el único árbitro, la dignidad se destruye. En nuestros talleres, una persona participante lo resumió con una claridad que desarma: "No tener vivienda me ha quitado hasta las alas... Lo que más me ha dolido no es solo quedarme sin casa... es no poder ser padres como queríamos".

El mercado no sabe valorar el "ser padres". Simplemente lo borra.

No es casualidad que la única voz pública que ha denunciado formalmente la exclusión que genera "Alquilámoste" haya sido Cáritas, una entidad que entiende la vivienda desde la dignidad y el bien común, no desde la rentabilidad.

El debate en Facebook y nuestros talleres en Asturias revelan la misma verdad incómoda: nuestras instituciones están programadas para excluir, para invisibilizar al migrante, a la madre con hijos, al perceptor de una ayuda. Como nos dijo Jose Manuel, nos tratan como a "fantasmas".

La respuesta no puede ser otro programa fallido que refuerza la alianza entre la política y las instituciones extractivas. La respuesta es una nueva institucionalidad. Debemos dejar de tratar a las personas como "fantasmas" y empezar a tratarlas como lo que son: los arquitectos de una sociedad más justa.

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Marcos Fernández García es investigador en Desarrollo Comunitario y Políticas de Vivienda