Elasticidad conceptual

Hay cosas que no dejan de asombrar. Una de ellas podría ser la elasticidad conceptual con que ciertas instituciones manejan los múltiples dilemas que presenta España como estado miembro de la Unión. El abogado general de la UE, sin ir más lejos, ha dado su aval a la constitucionalidad europea de la amnistía pactada entre el PSOE y sus socios catalanes separatistas, un gesto jurídico que parece chocar frontalmente con los criterios previos expresados por la propia Comisión Europea, que señaló el vínculo político de la Ley tratándola como un autoperdón de los beneficiados. Este dictamen del abogado general no es la última palabra ni tampoco resulta vinculante, pero sí se trata de una opinión que suele tener en cuenta el Tribunal de Justicia antes de pronunciarse definitivamente.

Bruselas transita entre la prudencia diplomática y la indiferencia estratégica, como si en la capital comunitaria anidara la convicción de que los problemas domésticos españoles pueden resolverse a golpe de interpretaciones forzadas. Me asalta la sospecha de que el interés político se ha disfrazado, esta vez y con escaso disimulo, en necesidad de Estado. Ese interés político redunda naturalmente en agotar la legislatura con el apoyo independentista; de hecho una vez conocido el informe de la UE, Junts salvaba al Gobierno en una votación decisiva del Parlamento. Puigdemont se frota las manos pensando en su regreso y Bolaños, preso de la euforia, celebra como una "victoria rotunda" la bendición técnica al pacto político más controvertido de la reciente historia democrática. Que la amnistía ha sido el precio explícito para la investidura de Sánchez no lo discute ni siquiera quienes firmaron el acuerdo. Y, sin embargo, lo que en Madrid es un trueque palmario de poder a cambio de impunidad en Bruselas parece un mero asunto administrativo, casi un trámite. Esta desconexión roza el surrealismo.

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