Fiscal víctima de la batalla política

Las evidencias pesan más que las reacciones a la condena del fiscal general del Estado, un hecho insólito en la historia de las democracias y atribuible a un Gobierno empeñado en que las instituciones actúen inexcusablemente bajo su control. En el caso de García Ortiz así se ha percibido desde el primer día en que se abrió la investigación por un delito de revelación de datos, algo a su vez inconcebible en alguien que tenía que velar por ellos. Ahora, sin que el texto de la sentencia se conozca –es probable que todavía no esté redactado– el portavoz del PSOE Patxi López ya se ha apresurado a calificarlo de "vergonzoso". Él sí que encarna como nadie la desvergüenza. ¿Cómo se puede calificar de vergonzoso un veredicto sin conocer en qué se basa?

Solo sabemos que un alto funcionario de la justicia ha sido inhabilitado por el Supremo tras involucrarse en una batalla política en la que nunca debió entrar porque no le correspondía a él hacerlo. Actuó, sin embargo, violentando todos los principios para "ganar un relato" que supuestamente le convenía a Moncloa. Como si fuera un fontanero del Gobierno, o en último caso un ministro. Y, efectivamente, el Gobierno lo respaldó como si de un ministro se tratara, sin detenerse en cuál es el papel de cada uno en una democracia. Este es un cálculo errado desde un principio, al menos desde el inicio de la legislatura, que consiste en confundir churras con merinas. Pedro Sánchez, a propósito de la condena del fiscal general y en consonancia con el rumbo autoritario elegido, formuló una de sus más inquietantes advertencias, prometiendo que defenderá la soberanía popular "frente aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla". ¿Son los jueces? Sabiendo lo que le espera en los tribunales sus palabras dan miedo.

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