Trincheras, fiscalidad y cuentas

A medida que se agota el año, la actividad política se encamina a la siempre apresurada aprobación del Presupuesto, que en Asturias suele dejarse ya como penosa tradición para el último minuto. Seguramente en los próximos días quedará confirmado el apoyo parlamentario a un proyecto de cuentas que el Ejecutivo regional prevé aprobar a finales de semana, tal vez el viernes, en una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno.

Superado este miércoles el debate fiscal, veremos, no obstante, muchos argumentos repetidos en la tramitación del Presupuesto. Existe un muro insalvable entre la derecha y la izquierda que no permitirá fisuras en lo que queda de legislatura, porque la sensación de cambio de ciclo, que se asienta también en ámbitos empresariales, convertirá en una batalla de trincheras la política regional, al igual que ya lo es la nacional.

Consensos en peligro.

El riesgo de ese clima es que termine por hacer saltar por los aires consensos que hasta ahora se habían mantenido. Ya hemos visto alguna grieta en la unánime posición dentro de la Alianza por las Infraestructuras contra la continuidad del peaje del Huerna, y es posible que esas discrepancias también lleguen a la posición común que hasta ahora expresaban los partidos asturianos sobre la financiación autonómica.

El Ministerio de Hacienda va a llevar adelante todo lo que pueda su voluntad de presentar una reforma del sistema de financiación, aunque al final termine siendo un simulacro o un elemento más para la pugna partidista. Pero si el PP ha rechazado la quita de deuda y se mantiene firme en esa posición, pocas lecturas favorables cabe esperar de los populares a la propuesta de financiación que presente el Ejecutivo, máxime sabiendo que ya ha sido convenientemente degustada por la Generalitat, y aunque resulte ventajosa para algunos de los territorios gobernados por los de Alberto Núñez Feijóo.

Con un escenario cada vez más difícil para el Gobierno de Pedro Sánchez tras el último informe de la UCO sobre Santos Cerdán y el fallo judicial que inhabilita al fiscal general, poca clemencia permitirá la derecha. Pero ni en España ni, mucho menos, en Asturias el panorama está tan claro: la división de voto y las difíciles relaciones comprobadas entre el PP y Vox pueden terminar llevando a un desenlace imprevisto. Si hay alguien que se ve realmente ganadora en este complicado panorama es la madrileña Isabel Díaz Ayuso. Ocasiones para medir la temperatura habrá en las sucesivas elecciones autonómicas del calendario.

El debate ausente.

La fiscalidad, se ha visto, es una cuestión ideológica sobre la que ningún argumento en las bancadas políticas será ponderado u objetivo. Y en la financiación autonómica tampoco veremos que el asunto se afrontaecon la serenidad necesaria para una cuestión de máxima relevancia para las comunidades autónomas. Ya no hay análisis sinceros para perseguir puntos de encuentro, sino la búsqueda de argumentos con los que colocarse en uno u otro lado. En cambio, poco se escucha acerca de la cuestión de calado que es la necesidad de examinar el funcionamiento de nuestros servicios públicos en términos de eficiencia, tomar decisiones sobre el tamaño de la administración y asumir que la relación entre impuestos y prestaciones solo es correcta cuando estas últimas se gestionan de manera eficiente.

Cortesía parlamentaria.

Un apunte: el muro inquebrantable entre derecha e izquierda aún tiene márgenes para la cortesía. Lo vimos esta semana en el Parlamento asturiano con una abstención providencial del diputado de Foro, Adrián Pumares. El Gobierno regional logró que su reforma de la ley del IRPF se debatiese (y aprobase) en el Pleno de este miércoles gracias a que, el martes, se sometió a votación su inclusión en el orden del día y Pumares optó por abstenerse. De no haber sido así, habría sido necesario convocar una sesión extraordinaria, o dirimir parlamentariamente la reforma fiscal al tiempo que el Presupuesto.

La votación para llevar al orden del día del miércoles la reforma se celebró el martes, al final de la sesión. La bancada socialista no estaba completa, por algunas ausencias, lo que podría haber llevado a un empate y a que el cambio de agenda decayese. La portavoz socialista, Dolores Carcedo, pidió un receso que negó el presidente de la Cámara, el también socialista Juan Cofiño, aduciendo que ya se había advertido de cuándo se produciría el voto. Finalmente, Adrián Pumares optó por la abstención para evitar el bloqueo, pese a ser contrario a la reforma. Fue un "favor" de cortesía parlamentaria, pese a que Foro tiene un acuerdo de trabajo conjunto con el PP para esta legislatura. También Pumares continúa negociando el Presupuesto con el Ejecutivo, pese a que los populares cerraron la puerta desde el principio a cualquier diálogo al exigir como condición un cambio, precisamente, en la ley fiscal.

Dos tragedias, dos contextos.

La semana se ha cerrado dolorosa, con el fallecimiento de dos mineros en la explotación de Vega de Rengos (Narcea), en la antigua mina de Carbonar. Este año terminará con un balance negro para la minería; precisamente en un momento en que su actividad es mucho menor que antaño, el número de víctimas mortales rompe las estadísticas del último tramo de la actividad minera en este siglo.

Dicho esto, es necesario discernir entre los dos accidentes de este año: el de la mina de Cerredo y el de Cangas del Narcea.

La explotación de Vega de Rengos está reconocida como una mina muy vigilante con la seguridad de sus trabajadores, según han señalado reiteradamente tanto desde la administración asturiana como por parte de los sindicatos mineros. A la espera de que se lleven a cabo las exhaustivas investigaciones de la causa del accidente, las primeras hipótesis sugieren que se trata de un derrumbe imprevisto por una fractura geológica no calculada.

Es una situación que nada tiene que ver –se han encargado de señalarlo también los sindicatos y administraciones– con la de Cerredo, donde la empresa extraía antracita sin permiso para hacerlo y en condiciones de seguridad no evaluadas. Si en Cerredo las inspecciones mineras llevadas a cabo se podían contar con los dedos, la mina de Cangas del Narcea las ha registrado prácticamente de continuo; precisamente, un día antes del siniestro había sido inspeccionada.

En cierto modo se trata de la cara y la cruz de la siniestralidad laboral de la minería. Solo hay un punto en común en ambas explotaciones: las dos contaban con un Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) concedido por la Dirección General de Minas, pero también en ese asunto las diferencias son notables.

La mina de Cangas del Narcea lleva mucho tiempo pidiendo al Principado que le autorice un permiso de explotación a las claras. Y aunque el PIC podría tener encaje en la actividad que desarrolla la explotación de Vega de Rengos, la concesión a la mina de Cerredo –que ni siquiera aplicó, ya que la explosión de grisú en la que fallecieron cinco mineros se produjo en otra zona sin ninguna autorización extractiva– más parecía una "mala copia". Los derechos de la mina de Degaña pertenecen a un empresario que, en dos ocasiones, ha demostrado su voluntad de burlar a la administración y no ha dudado en poner en riesgo la vida de sus trabajadores.

Incluso la inspección que llevó a cabo el Principado tras el accidente de Cerredo y que condujo a paralizar la mina de Vega de Rengos supuso una muestra de precipitación y "nerviosismo" por parte de la Dirección General de Minas. El Principado terminó reconociendo, una vez que se acometió la drástica regeneración en la Consejería de Industria, que la trazabilidad del carbón de la mina de Cangas del Narcea era correcta, asumiendo que una paralización de la actividad como la que se llevó a cabo, por causas ajenas a la seguridad, supuso un perjuicio empresarial sobre el que quizá terminen diciendo la última palabra los tribunales.

En el caso de Cerredo, la comisión de investigación parlamentaria no persigue las causas del accidente, sino evaluar por qué la administración no detectó una situación manifiestamente ilegal y fraudulenta, que ocurría con grave riesgo para la vida de las personas mientras quienes debían velar por el cumplimiento de la ley no se percataban de ello. Incluso en lo referente a la figura del Proyecto de Investigación Complementaria, baste comparar la documentación presentada por la empresa de Cangas del Narcea con la que registró la empresa Blue Solving en Cerredo y el Principado dio de paso. Por tanto, tratar de establecer cualquier relación entre el accidente de marzo y el de este noviembre carece de fundamento.

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