El arte de absolver y de condenar

Como punto de partida de este artículo, quiero dejar constancia de que no comparto, en modo alguno, que se comunique el fallo de cualquier resolución judicial sin que, al notificarla, figuren ya consignados en ella los antecedentes de hecho que el Juez o la Sala, tras su valoración, deciden tomar en consideración como acreditados, y la argumentación jurídica que deriva del estudio analítico de esos hechos, para comprobar si los mismos resultan incardinables o no entre las conductas delictivas tipificadas en el Código Penal. En el caso de la condena del Fiscal General, considero que lo normal y más conveniente habría sido esperar unas semanas hasta que el texto definitivo estuviera redactado en su integridad y firmado por los componentes del tribunal para, a continuación, proceder a su notificación.

Pero sentado lo anterior, en los últimos días se han dicho y escrito tantas cosas y, lamentablemente, en su mayoría tan mediatizadas por la filiación política o ideológica de quienes han hablado o se pusieron ante el teclado del ordenador, que me gustaría intentar contribuir a la recuperación del sentido común con las tres reflexiones que consignaré a continuación, las cuales, especialmente, van destinadas a los lectores ajenos al mundo del Derecho.

Primero.- ¿Le podría ocurrir a cualquier Fiscal General lo que le ha sucedido a D. Álvaro García Ortiz?

Evidentemente, es el Gobierno el que nombra al Fiscal General. Nadie está obligado a aceptar ese cargo y, si lo hace, porque se siente con fuerzas, por vanidad o porque desea ocupar un puesto muy relevante, tiene que sopesar las tensiones que habrá de soportar. Salvando las distancias, de ello saben bastante los secretarios de Ayuntamiento, que no es raro que se enfrenten a concejales y alcaldes cuando exponen sus argumentos acerca de la adecuación o no a derecho de lo que éstos pretenden hacer. Aunque desconozco el resultado de la instrucción, me atrevo a asegurar que algo parecido nunca le habría sucedido al Fiscal D. Javier Zaragoza, con quien trabajé en la Audiencia Provincial de San Sebastián en 1986, ni al Fiscal D. Jesús Bernal Valls, fallecido en abril de 2025 y de quien fui alumno cuando cursaba segundo de derecho en la facultad de Oviedo. Y tampoco a D. Eduardo Torres Dulce, que fue Fiscal General en la época en que gobernaba el PP y que, en diciembre de 2014, dimitió por "razones personales", una forma suavizada de expresar su falta de sintonía o discrepancias con el gobierno. En consecuencia, cada uno es responsable de sus propias acciones y omisiones, y no hace falta extenderse en más, porque creo que se me entiende suficientemente.

Segundo.- ¿Se advierte, en el caso del juicio seguido contra el Fiscal General D. Álvaro García Ortiz, una total ausencia de pruebas de cargo?

Vuelvo a insistir en que desconozco todo lo que fue recopilando e investigando el Magistrado instructor de la causa, pero hay muchos hechos y comportamientos aireados en los medios de comunicación que orientan en el sentido de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo no se equivocó en sus apreciaciones. Dudo mucho que testimonios como el de la Fiscal Jefe del TSJ de Madrid, y el de otros funcionarios y testigos o de los miembros de la UCO que declararon, estén "teñidos de subjetividad", máxime cuando los testigos tienen la imperativa obligación legal de decir la verdad, con apercibimiento de incurrir en responsabilidad criminal si mienten. La única persona en ese juicio que podía faltar a la verdad sin consecuencia alguna era, precisamente, el Fiscal General, por ser el acusado. Y, en lo relativo al borrado de su teléfono móvil y sustitución del mismo, a modo de ejemplo conviene recordar que ningún acusado estaría interesado en que asesinasen al testigo que podría declarar a su favor, ya que, si existen testigos protegidos es, precisamente, porque corren peligro, pues son los que sustentan la acusación.

Y tercero.- ¿Pueden Influir, en las decisiones judiciales, las presiones externas, elementos extrajurídicos e, incluso, problemas o criterios personales?

Dado que los jueces son seres humanos como los demás que tienen una titulación universitaria superior, nunca se puede descartar nada, porque no somos ángeles, y me incluyo entre ellos pese a estar jubilado. Hay jueces ateos y creyentes, jueces orientados a la derecha o a la izquierda en sus planteamientos políticos, y también los hay más inteligentes y menos inteligentes. Pero después de una prolongada experiencia profesional, puedo concluir que lo normal es que las campañas interesadamente organizadas desde el exterior para intentar orientar su decisión o para recriminarles el sentido de la misma una vez conocida y publicada, molestan pero no hacen el daño que pretenden causar ni cambian las resoluciones. En 2013, el peor año que recuerdo de mi vida, tuve que juzgar y decidir en un juicio planteado por una importante entidad deportiva gijonesa contra varios demandados. Me recusaron dos veces –en las dos negué las causas y se me dio la razón–, y durante ese año nefasto las sesiones del juicio coincidieron, cronológicamente, con una operación de mi nieto mayor, un cáncer de mi esposa, con las correspondientes sesiones de quimioterapia y radioterapia a las que le acompañaba siempre que podía, el descubrimiento del cáncer de colon que padecía mi madre y que se la llevó la víspera del día de Begoña del año siguiente, además de una infección gravísima de mi nieto menor nacido en agosto, que obligó a ingresarle en el hospital, y otra en diciembre, que provocó que lo ingresaran nuevamente, esta vez en la UCI, mientras yo concluía, el 23 de diciembre, la última sesión. No se suspendió ninguna de ellas. Eso sí: durante los descansos mantenía el móvil apagado para que no me llegaran noticias que pudieran perturbar mi atención durante la práctica de las pruebas en la Sala. No somos invulnerables, pero tenemos una resistencia muy superior a la de otros profesionales.

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