Juicio al pujolismo

Por fin, once años después de que Jordi Pujol confesase públicamente que su familia había ocultado durante décadas una fortuna en el extranjero, la justicia española ha conseguido sentar en el banquillo al patriarca y a su prole. No es solo el proceso penal más dilatado de la política en la democracia, estamos también ante el caso más longevo y continuado de corrupción: la prueba más evidente de que no es necesaria la estridencia o el pelotazo cuando el asunto adquiere una dimensión sistémica y se asienta en una sociedad permisiva con quienes ejercen de virreyes durante largos períodos. El espaldarazo a que todo régimen corrupto aspira.

Mientras tanto ha transcurrido una década para decidir si el "legado familiar" era realmente el producto de la "herencia del abuelo" o, cómo sostienen los investigadores, el fruto de una larga carrera de favores, comisiones y poder acumulado en la sombra. La cosa es que el padre de la doctrina y de todo un ecosistema llegará a la confesión definitiva sin sus facultades intactas, a los 95 años y compareciendo por videollamada, tras haber reconocido a regañadientes la fortuna amasada.

A falta de controles, el pujolismo generó una cultura política en la que el enriquecimiento propio convivió sin conflictos con la retórica del servicio público. Ha acabado siendo el hecho más visible de una práctica instruida como norma no escrita. Saben de sobra que consiste en agradecer, premiar, facilitar y engordar las redes de influencia. Todo dentro de la más estricta normalidad y una concepción patrimonialista del poder. El punto donde quizás convergen, sin distanciarse mucho, los sistemas autoritarios y los democráticos desde el momento en que se blindan; en esta ocasión con el catalanismo institucionalizado como coartada perfecta para que nadie husmease demasiado o se atreviese a cuestionar. La diferencia habría estado en esos controles que no existieron.

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