Condenados, huidos o en trámite

Con la condena del fiscal general del Estado, Pedro Sánchez ha vuelto a sacar del armario las viejas galas del socialismo insurreccional: se trata de prendas añejas de la época de Largo Caballero que huelen a naftalina, pero que al presidente le sientan de maravilla para declararse salvador de la patria frente a la fachosfera, ese universo oscuro en el que cabe cualquiera que no comulgue con las ruedas de molino de la cofradía del amén. Que su minoría parlamentaria quede expuesta cada día a la agonía de un moribundo es para Sánchez un detalle sin importancia: en su evangelio político, la aritmética es reaccionaria.

El fallo contra García Ortiz ha encendido los fogones del sanchismo más militante, que llama “golpe de Estado” a cualquier decisión que no suponga un aplauso al líder plenipotenciario. Entre tertulianos de guardia y juristas voluntariosos se avecina ahora la fase dos del pulso al sistema constitucional: fiscal de emergencia, recurso ante un Constitucional domesticado y, si hace falta, indulto purificador. La estrategia es transparente: convertir cada decisión del Supremo en una opinión opcional, como quien discute si el gazpacho lleva cebolla.

Mientras tanto, Sánchez gobierna sin presupuestos, sin mayoría y con una corte de socios condenados, huidos o en trámite. Y todo ello con la corrupción respirándole en la nuca, lo que convierte la añorada responsabilidad política en una pieza arqueológica. La pregunta es inevitable: ¿qué ocurrirá cuando el apellido Sánchez figure en la lista de señalamientos judiciales? Todo se andará…

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