Juicio al fiscal general (y III)

El juicio al fiscal general no solo evaluaba hechos concretos, sino también una forma de ejercer el poder en la que el análisis político siempre iba por delante del derecho. La opinión pública dictó su veredicto antes de que el tribunal empezara a deliberar.

Durante semanas convivimos con una paradoja: la de una sentencia inexistente que ya condicionaba debates, titulares y posiciones partidistas. El fallo, convertido en interpretación prematura, precedió a los hechos probados. Cuando se dictó la sentencia no enmendó el clima, lo confirmó.

Ese desajuste -decidir antes de conocer- se ha normalizado en un país que piensa deprisa y rectifica poco, atrapado en una inercia que transforma un proceso judicial en un campo previo de legitimación política, donde el veredicto importa menos que su aprovechamiento.

El juicio discurría en dos planos. En la sala, avanzaba con su ceremonial habitual. Fuera se libraba otra contienda: filtraciones calculadas, declaraciones impacientes que buscaban influir y editoriales empeñadas en fijar el perímetro de lo que debía entenderse por verdad procesal.

No era ruido: era presión. Y esa presión, persistente y estratégica, fue construyendo un andamiaje paralelo, una narrativa que competía con las pruebas e intentaba anticipar o condicionar la resolución. El procedimiento reveló, más que una causa, una pugna por controlar qué podía saberse y qué debía quedar insinuado, mientras la ciudadanía confundía información con expectativa.

También dentro afloraron tensiones reveladoras. Colisión de versiones: para la acusación, el fiscal general era extensión dócil del poder político; para la defensa, un servidor del Estado atrapado en la arquitectura del cargo. No se discutían solo conductas, sino contornos.

Hubo fricciones: preguntas aplacadas, advertencias firmes, silencios sonoros. Y un lenguaje corporal -toga, puñetas, estrado- que respondía a la pregunta no formulada: ¿quién representa hoy la autoridad?, ¿la institución o la persona que la ocupa?

Cuando, al fin, llegó la sentencia, el decorado se hizo nítido. Lo descrito por el tribunal -con acento planiano- no es solo una filtración: es una actuación política ejecutada desde una institución que debía ser neutral. La nota de prensa que siguió no aclaró gran cosa: oficializó el daño. Y el borrado del móvil al día siguiente del auto de apertura del juicio oral -«coincidencia muy llamativa», ironizaba la narrativa judicial- añadió una sombra más espesa.

Pero lo decisivo no fue el gesto concreto, sino la anomalía institucional que lo rodeó: la Fiscalía defendiendo a su propio jefe; la Abogacía del Estado alineada en su auxilio; el fiscal general aferrado al cargo mientras era investigado, acusado y condenado.

La UCO certificó que aquella noche él mantuvo «el dominio a todos los niveles» de lo que ocurría. Cuando quien debe arbitrar interviene como parte, el sistema se vuelve irrespirable, porque desdibuja la frontera entre tutela y ventaja.

La sentencia -un ejercicio de paciencia y minuciosidad- fija un cuadro probatorio contundente y recuerda algo esencial: un fiscal general no puede combatir un bulo cometiendo un delito, ni rebajar su deber de reserva a la altura de la refriega. Sin confidencialidad no hay justicia; con su uso instrumental, tampoco hay Estado de derecho digno de ese nombre.

La reacción posterior no disipó la inquietud. El Gobierno interpretó la condena como validación de sus propios argumentos, reduciéndola a un episodio casi administrativo. Algunos medios envolvieron el fallo en la comodidad de la confrontación, como si etiquetarlo bastara para neutralizarlo.

Y llegó, como era previsible, la invocación al Tribunal Constitucional -órgano ajeno al Poder Judicial- como refugio final. Un gesto que revela más fragilidad que confianza institucional y que prolonga el conflicto en lugar de cerrarlo.

Queda, al final, una secuencia reveladora. Primero, una lectura anticipada que colonizó el espacio público antes de conocer los hechos. Después, una sentencia que retrata una grieta institucional más honda que la conducta enjuiciada. Y ahora, un debate que se alargará porque el país afronta sus crisis mirando el espejo de soslayo, reacio a interrogarse sobre las condiciones reales de su propia imparcialidad.

Tal vez esperábamos una resolución. Lo que hemos recibido es una imagen más incómoda: la de un Estado que decidió antes de escuchar y que seguirá discutiendo mucho después de haber leído.

Para los historiadores queda esa dogmática adhesiva que protesta desde una posición «progresista» porque el Tribunal Supremo ha puesto límites al brazo ejecutor de la política criminal del Gobierno. No es una discrepancia jurídica: es el mundo al revés.