Suprema desconfianza

La sentencia del Tribunal Supremo contra el Fiscal general es la guinda a una cadena de despropósitos que daña de manera irreparable a la democracia, que necesita de instituciones fiables, sobre todo de aquellas en las que se deposita el poder sobre la privación de libertad de las personas.

Un certificado de defunción pone de manifiesto la muerte de una persona y el informe de la autopsia sirve a posteriori para averiguar las causas de su fallecimiento. Sin embargo, en un proceso penal la disección de los hechos no es para averiguar por qué ha muerto la inocencia que se presume del investigado, sino para sentenciar solo más tarde si hay que acabar o no con esa presunta inocencia. Dicho de otro modo, la condición de inocente no desaparece por causas naturales; es el tribunal el que declara su privación después de un análisis de los hechos y de su calificación jurídica. Anunciar la culpabilidad del Fiscal general sin exponer las razones que justifican la decisión es, cuando menos, vulnerar el derecho a la presunción de inocencia. Hacerlo con una antelación de diecinueve días, muy pocas fechas después de concluida la vista oral y sin apenas debate pese a las discrepancias que obligaron a cambiar de ponente, denota algo más que la arrogancia de quien alardea de tener que ausentarse para escribir el fallo; es la insolencia y el descaro de quienes se consideran intocables.

Todo esto podría quedar en un segundo plano si la sentencia fuese de un rigor jurídico incontestable y unánime, pero son evidentes las críticas académicas que ha suscitado y la contundente descalificación en el seno del propio tribunal a cargo de dos magistradas autoras del voto particular. Puede que haya sesgos de variada índole en esas críticas, pero los hay también en la sentencia y en quienes la defienden; esto, pese a las apariencias, no es novedad. La cuestión verdaderamente importante está en que tratándose de juzgar a quien encarna una alta institución del Estado, el proceso ha de estar libre de toda sospecha y ser especialmente pulcro en todas sus fases, y no lo ha sido. No lo fue la instrucción, inquisitorial y desproporcionada, tampoco durante la vista oral, condescendiente con la acusación y altiva e incluso desafiante con testigos de la defensa, y menos aún en el anuncio de una condena sin sentencia conocida y que, una vez publicada, está llena de filigranas por cuyos agujeros cabría tanto el delito de revelación de secretos del Fiscal general como el de prevaricación de magistrados del Supremo.

Es cierto que para desmentir un bulo no hace falta delinquir; tampoco para condenar a un Fiscal general es preciso vulnerar de manera continuada su derecho a una tutela judicial efectiva. Pero ya lo decía Quevedo: "Peligrosa justicia donde la voluntad da la sentencia; pues ¿qué será si tiene por asesores al poder, al enojo, al enfado y a la adulación? Una fiera suelta".

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