Empleo público y burocracia

Sorprendido por el crecimiento imparable del empleo público que ha alcanzado una cifra superior a los 3 millones de funcionarios, he tratado de ver cuantos de esos trabajadores –que como saben, su coste corre a cargo de los impuestos de todos los españoles– hay en la enseñanza y en la sanidad, que son las dos grandes áreas donde tienen un cometido y una función concreta de atención directa y muy necesaria para los ciudadanos.

¿Por qué me he centrado en esa dicotomía?, pues porque lo que yo pretendía era saber cuantos funcionarios están dedicados a labores administrativas y burocráticas y poder analizar que parte de ellos son trabajadores asignados al papeleo innecesario.

Les confieso que me ha sido imposible llegar a cifras fiables, así que lo único que he podido conseguir son unos números globales que, cuando trataba de desglosarlos, se convierten en una maraña que parece estar creada para confundir y ocultar los funcionarios que están destinados a labores inútiles.

Los datos fidedignos son que el número total de trabajadores públicos es de 3.037.500, distribuidos: 63% de las comunidades autónomas, 19,6% de la administración local y 17,4% de la estatal, y que han crecido el 11,5% entre 2019 y 2024. De ellos, aunque no existe con exactitud un cifra oficial, se estima que los dedicados a la sanidad ascienden aproximadamente a 700.000 y a la docencia 800.000 lo que equivale a la mitad del empleo público total.

Si resulta que aumenta de esa manera tan drástica –sobre todo en las comunidades autónomas– y seguimos careciendo de buenas prestaciones, como lo demuestran la proliferación de las demoras en la listas de espera de sanidad, la lentitud desesperante de la justicia y una enseñanza catalogada como deficiente y mediocre, la conclusión es que los servicios públicos no funcionan adecuadamente y, lo peor es que llevan fallando desde hace años sin que se ponga remedio.

El exceso de burocracia debido a la hemorragia regulatoria en España se ha convertido en un problema trascendental, que afecta tanto a los ciudadanos como a las empresas limitando el potencial de crecimiento económico. Las sobrerregulaciones y normativas de las 17 comunidades autónomas, sumadas a la legislación del estado central, crean tales duplicidades que se estima un impacto con un coste del 6% del PIB, lo que equivale a 120.000 millones de euros anuales.

Esta alarmante cifra es consecuencia, como decía, de la fragmentación normativa y de la falta de coordinación entre los distintos organismos y Administraciones que obstaculizan la unidad de mercado y la seguridad jurídica para las empresas. A este despilfarro también contribuye la demora en la resolución de expedientes y licencias que obligan a iniciar largos recursos colocando a nuestro país en una situación desfavorable respecto a la Unión Europea, resultando que esta burocracia funcionarial de papeleo inútil, que no crea valor, afecta seriamente a la competitividad, la inversión, y la creación de empleo.

¿Se imaginan lo que se puede hacer con 120.000 millones anuales que ahorraríamos si tuviéramos una burocracia que funcionara como en otros países de la UE? Sin embargo, la carga impositiva a los ciudadanos sigue creciendo.

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