¿Quién vigila a los que vigilan?

Leemos en la NUEVA ESPAÑA la opinión de los asturianos sobre la baliza V16. Su implantación es un paso más en un camino que ya se advertía en 2004 cuando algunas briznas hacían prever la jungla actual, fruto de un trocito de un cubito de hielo que esconde debajo a un iceberg mayor que la Antártida.

La baliza es un eslabón más en una larga cadena, pues don Pere Navarro ya nos anunció que "mover cada día el coche para transportar a una sola persona es un lujo". Pronto sufriremos una norma obligando al coche compartido y a afiliarse a uno de los grupos, lo qué convertirá la movilidad en una cuestión vetada a los pobres. Tal como en la Edad Media o en el comunismo, estará limitada a la "nomenclatura". Se habrá terminado la era que empezó cuando España se abrió al humano del "600" y lo no prohibido sea obligatorio.

Es la culminación de un proceso plagado de agravios, de entre los cuales, para nosotros, el más escandaloso es el mar de niebla de los transportes especiales cuyos permisos se conceden al margen del contenido de los informes de los titulares de las vías. Ello los ha convertido en uno de los mayores y mejores negocios, a costa de los perjuicios de los usuarios que financian, con sus retrasos, sus sobrecostes y sus molestias, las ganancias de unos empresarios que fabrican unas piezas que les saldrían más caras si se llevasen en trozos y se uniesen en destino. Si esos negociantes tuvieran que pagar todos los daños y perjuicios (incluido el tiempo ajeno) sus industrias no serían tan rentables como lo son con la benevolencia de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En otro asunto, también esencial, como es el de la formación, pasa algo parecido. La manera con la que la DGT gestiona su competencia para capacitar de conductor estableció un sistema para suprimir el derecho a examinarse libremente. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Justicia de Madrid declaró su nulidad, con imposición de costas a la DGT. No nos explayamos más, pero las numerosas instalaciones de artilugios que hace tráfico (fundamentándose en su dinero y en su poder coercitivo) en vías que son ajenas, implantadas descoordinadamente con sus titulares, son otra fuente de poder y negocio para ella y de perjuicio para el resto.

Si la DGT funcionase bien perjudicaría a los interese creados, pero beneficiaría al resto de los ciudadanos. Para conseguirlo debería preocuparse menos de recaudar y de mandar dinero al Gobierno para que lo gaste en dios sabe qué, y más en seguridad vial para disminuir la cifra de víctimas por accidentes de tráfico, pues esa es su responsabilidad y no la de ser cobrador. Cambiar el rumbo es difícil, pues la DGT tiene un modelo de gestión planteado para priorizar el propio interés, satisfacer al Gobierno, al que riega con dinero e ignorar el de los ciudadanos salvo para ser usados como objetos o destinatarios de propaganda.

Por ora parte la personalidad de don Pere tampoco contribuye. A nuestro juicio, desde que entró con el señor Rodríguez Zapatero nunca ha creído en nada más que en su propia carrera: quizá fue cuidadosamente elegido

La DGT es dura, implacable, inmisericorde y prepotente con los débiles y débil con los grupos de presión, que manejan cuestiones tan vidriosas e inauditas en el mundo civilizado como la ya mencionada de los transportes especiales por carretera. Por eso, reiteramos que, en lugar de dedicarse a la gestión del tráfico, enfoca su estrategia a conseguir dinero por cualquier método, desde las multas hasta permitir, en días y horas de gran circulación, los mencionados transportes especiales con peligro para la seguridad vial.

Todo es parte de un círculo vicioso en el que la DGT hace de fuente monetaria, tanto para el gobierno como para repartir publicidad entre los medios, lo que la permite sobrevivir sin que nadie le cuestione. Para progresar difunde información, tanto a su favor como en contra, de los restantes actores de la movilidad (desde los usuarios a otras Administraciones) a los que atribuye todos los problemas.

Además y para no caerse de la bici, Tráfico necesita apoderarse de tareas que le son ajenas, lo que hace interviniendo de facto en labores de otras ramas y competencia de otras administraciones, mediante el uso manipulado de la gestión de la seguridad vial y la utilización, sin escrúpulos, de la ventaja que le da tener en su mano la fuerza física y legal necesaria para presionar, o desestabilizar, a los otros gestores.

Esto no se produce en ningún país de nuestro entorno y puede destrozar cualquier política global de movilidad (tanto los transportes como la logística son multimodales), produciendo un gran daño al conjunto del sistema. En resumen, genera una especie de efecto mariposa sobre todos los modos de ese transporte.

Es de justicia señalar que este tinglado no es obra de don Pere Navarro, sino que deriva de la época de Franco. Durante ella la gestión del tráfico ya daba dinero y la quiso para sí el ministro de la Gobernación, un general íntimo amigo suyo y su hombre de confianza para la represión. Entonces el ministro de Obras Públicas era otro general, pero poco adicto y monárquico de don Juan. Como ahora es aún más negocio, todos los ministros del Interior se resistieron y resistirán a perder el trofeo, pero eso no elimina la contradicción.

Terminamos: A nuestro juicio la problemática se deriva de que la Dirección General de Tráfico funciona al margen y sin estar integrada en todo el sistema de la gestión de la movilidad y del transporte, desde la planificación hasta la explotación que, tal como dijimos antes, ni siquiera es de carreteras, sino multimodal. Por eso la gestión del tráfico debería depender de una autoridad que tiene que ser única para todos los modos de transporte pues el conjunto de ellos es un todo, en el cual son válidas las leyes de la lógica que ya enuncio Platón al decir que nadie puede pretender que una rama del saber lo gobierne todo. Por ello la globalidad de la movilidad la debe gestionar una organización global y no varias dispersas; a nuestro juicio en España no puede ser otra que el Ministerio de Transportes (MITMA).

Si fuéramos asesores del señor presidente del Gobierno le aconsejaríamos dejar al ministro de policía únicamente de ministro de policía y llevar todos los restantes asuntos a otro lado, pues jamás se puede dar a un policía demasiado poder. Napoleón, que conocía bien la historia de Roma, tenía a un individuo como Fouché de ministro de la Policía y a Talleyrand, muy por encima de él, de ministro del Interior

Ademas así se pondría a la DGT al servicio del interés público.

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