Fernando Morán, el asturiano que metió a España en la UE hace 40 años

España es un país plenamente integrado en la Unión Europea (UE): la cuarta en población y en potencial económico tras Alemania, Francia e Italia, incluida en el euro y en el espacio Schengen (libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales) y partícipe en todas las grandes decisiones de este peculiar club geopolítico que ha impulsado el viejo continente desde mediados del siglo pasado. Los gobiernos españoles, tanto del PSOE como del PP, han respaldado todos los grandes cambios introducidos en estas décadas. La vocación europea de nuestro país está fuera de toda duda: más de un 70% de los ciudadanos la apoyan.

Para los españoles el ingreso en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) era una aspiración muy superior a la integración en un espacio económico común. Era, sobre todo, la ratificación de la democracia y el fin del aislacionismo y de un retraso de siglos. Por fin dejarían de mirarnos por encima del hombro como sabe cualquiera que haya viajado por París, Berlín o Ámsterdam en las décadas anteriores a nuestra entrada.

En Asturias siempre ha habido europeístas desde Jovellanos, abiertos a las ideas del continente: Flórez Estrada, Juan Francisco Siñeriz y Trelles –que en 1839 publicó una Constitución Europea– y más recientemente Prieto Bances o Luis Sela Sampil hasta desembocar en varios profesores universitarios que en la segunda década del siglo pasado apoyaron con entusiasmo la integración.

Desde el ingreso el salto cualitativo ha sido enorme. Las cifras económicas y sociales lo dejan bastante claro, pero sobre todo ha mejorado la autoestima. En las capitales comunitarias los funcionarios y dirigentes españoles están tan bien considerados como los de cualquier país fundador de la comunidad. Más de un millón y medio de jóvenes españoles han aprovechado el programa Erasmus para continuar sus estudios en el extranjero y cada año recibimos unos 50.000 alumnos procedentes de universidades europeas. Nuestro país es el principal receptor de viajeros de todo el continente y no hace falta recalcar el prestigio de su gastronomía o de sus deportistas y de sus selecciones nacionales. Esos son los ejemplos evidentes de la España moderna que han impulsado la democracia y Europa.

Los sacrificios

Fernando Morán (Avilés, 1926-Madrid, 2020) dirigió como ministro de Exteriores el equipo español que negoció la adhesión, solicitada ya en 1977 por Adolfo Suárez. Por más cuidado que pusieron en el puntilloso sistema que emplea Bruselas para las incorporaciones, muchos sectores y colectivos se vieron gravemente afectados. En Asturias la ruinosa industria del carbón –pese a la resistencia de los sindicatos mineros, de manera muy significativa el más ligado al PSOE, el SOMA-UGT que dirigía José Ángel Fernández Villa-, el acero, el naval, la agricultura, la ganadería, la pesca entre otros muchos sufrieron las consecuencias de la cultura económica liberal y de mercado que imperaba entonces. Bruselas siempre ha creído que no hay nada mejor que la competencia y la supresión de las ayudas públicas para fortalecer el sistema. Siempre ha apostado por un comercio abierto y con las menores cortapisas posibles. No ha logrado todos los objetivos, pero esa política se ha llevado por delante muchos empleos; aunque en términos generales se haya mejorado, no pueden decir lo mismo los afectados.

Como nada hay perfecto, la UE no vio venir el enorme cambio que se ha producido desde la crisis de principios de siglo. Dependiente de las tecnologías norteamericanas y de la competencia desleal de la industria china, del acoso oculto de Rusia, del fin de la multilateralidad y del derecho internacional, ha quedado sola en defensa de la democracia, del comercio y de un estilo de vida que protege a los ciudadanos.

Hoy un profundo malestar recorre Europa y se manifiesta abiertamente en los procesos electorales. La vivienda es el mejor ejemplo de que no siempre el mercado se autoregula. Muchos jóvenes tienen una sensación de fracaso que, junto al empuje descarado de las redes sociales bajo control de los multimillonarios de Silicon Valley, alineados casi todos con ideas autoritarias, han creado un clima contrario a lo que la UE ha defendido siempre.

Así es que los partidos europeístas (conservadores, liberales, socialdemócratas y verdes) pierden pie frente a propuestas extremistas, sobre todo de la derecha. La UE está tan cuestionada desde fuera como desde dentro.

Los retos

Es un lugar común que las crisis generan más avances en la UE que los períodos de calma. Después de la pandemia se puso en marcha por primera vez el programa Next Generation de deuda común –que beneficia principalmente a Italia y España– y ha vuelto a repetir una fórmula parecida hace unas semanas para conceder un préstamo a Ucrania. Pero la débil respuesta frente a los desplantes y las exigencias extemporáneas de Estados Unidos, el desconcierto ante el desmoronamiento del sistema implantado tras la II Guerra Mundial y el aislamiento al que las otras grandes potencias la someten son síntomas del agotamiento de una época.

Aun a rastras, la UE es más que cada uno de los países que la componen, por eso tantos expertos coinciden es que es mejor una Europa coja y desvalida que cada uno de los estados por su cuenta. No está claro, sin embargo, que cuando España cumpla 50 años en el club éste se parezca al que originó el enorme deseo de ingresar en él.

Asturias, pionera con el Plan Nacional de Interés Comunitario

En una tarde calurosa de julio de 1987 mientras Perico Delgado atacaba en alguna etapa del Tour, Pedro de Silva, Bernardo Fernández y Pedro Cervilla lograron convencer a Josep Borrell, entonces secretario de estado de Hacienda, para que respaldara el Plan Nacional de Interés Comunitario (PNIC) que supondría una inyección de recursos extraordinaria para Asturias que abarcaba desde infraestructuras a medio ambiente o iniciativas tan esperanzadoras como Valnalón. Borrell, que con el tiempo sería ministro, presidente del Parlamento Europeo y en la legislatura anterior Alto Representante de la UE, no perdía ripio de la etapa francesa mientras asumía los argumentos del presidente, el consejero y el director de la Oficina de Asuntos Europeos del Gobierno asturiano. Madrid quería tener bajo control las iniciativas de las comunidades, vistos los desafíos de Cataluña y el País Vasco. Además, tendría que poner una parte de la inversión: Bruselas solo proporcionaba fondos si había un compromiso de desembolso igual al menos del ejecutivo nacional. Finalmente es el estado el que pacta con Bruselas, no las comunidades.

Esa Oficina, que comenzó a funcionar el 1 de septiembre de 1985 por iniciativa de Silva y Fernández, contrató a un joven profesor de Derecho, Pedro Cervilla, jubilado no hace mucho en Bruselas como alto cargo del Comité de las Regiones, institución creada en los años 90 para canalizar las aspiraciones de ciudades y regiones dentro de la UE. El gobierno asturiano entendió enseguida que había que alinearse con la Europa en la que iban a ingresar inmediatamente y encargaron a Cervilla y su equipo la tarea de darse a conocer en Bruselas. Pedro de Silva explica en su reciente biografía junto al periodista César Iglesias que existía la conveniencia «de disponer de una red de relaciones, lo que hacía necesaria contar con un aparato propio bien informado, documentado y conectado».

Además de la apertura internacional, se encargaron de poner el acento en aplicar la legislación comunitaria, desarrollaron cursillos de formación dentro y fuera de la administración regional en una tarea de divulgación muy amplia y se incorporaron a todos los grupos europeos con parecidas dificultades que Asturias: regiones en declive industrial, del arco atlántico, mineras, etc. En ese terreno tanto la consejería de Industria como el Instituto de Fomento Regional (ahora integrado en la agencia Sekuens) siguieron muy de cerca las nuevas políticas que imponía la integración.

El remate final fue el descubrimiento de la fórmula del PNIC, en la que Asturias fue pionera porque aunaba diferentes fondos regionales en un solo proyecto. Silva y Fernández habían dado con la tecla: Asturias recibió 66.000 millones de pesetas (casi 400 millones de euros) a partir de octubre de 1987, solo un año y diez meses después del ingreso de España. Desde entonces ha estado incluida en todos los procesos para impulsar las regiones con retrasos en su desarrollo. Sin contar las ayudas directas y permanentes de la Política Agraria Común (PAC) para agricultores y ganaderos.

La defensa: un sector estratégico que afecta a Asturias

España se integró en lo que hoy es Unión Europea (UE) y entonces era Comunidad Económica Europea (CEE) casi treinta años después de que Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo firmasen en 1957 el Tratado de Roma para poner fin a los conflictos bélicos –las dos guerras mundiales del siglo pasado pesaban mucho– y respaldar las democracias como principio de gobierno. Los desacuerdos se discutirían en Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo, las ciudades elegidas para las instituciones comunes (Consejo, Comisión, Parlamento, Tribunal de Justicia) y no por medio de guerras tan insensatas como destructivas.

Desde 1949 Estados Unidos, crucial en la derrota de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, que habían desencadenado la II Guerra Mundial diez años antes, impulsó la creación de la Organización del Atlántico Norte (OTAN), con la misión de protegerse frente a ataques de terceros. Formada inicialmente por 12 estados –entre ellos los fundadores de la UE, salvo Alemania que no ingresaría hasta 1955– suma hoy 32, entre ellos España que entró en 1982.

La OTAN será a partir de entonces el brazo armado, bajo el poderío militar norteamericano, que abrirá las puertas a un desarrollo extraordinario del continente. Aunque no haya una correlación exacta de países –no todos los que están en la UE se han sumado a la OTAN– lo cierto es que esa alianza ha sido clave para este largo período de paz en Europa y, por tanto, ha facilitado el crecimiento económico y social vivido en estos últimos ocho decenios. Hasta ahora, en que la administración del segundo mandato de Donald Trump cuestiona el papel de EEUU como garante de la paz europea. Si, como parece probable, se anexiona Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, uno de los países aliados, la crisis será la más profunda desde su creación. Y lo que ocurrirá después, imprevisible.

Esa es la razón de fondo por la que la UE ha dado un giro en su estrategia: la defensa tendrá que depender solo de los europeos. Hasta 2030 el programa Rearme prevé movilizar 800.000 millones de euros. Asturias será una de las regiones más beneficiadas por ese cambio de rumbo, puesto que aspira a que algunas de las grandes inversiones recalen aquí. Siempre que el conflicto legal desatado hace unos días por el recurso ante el Supremo de la estadounidense General Dynamics, propietaria de Santa Bárbara Sistemas, afincada en las antiguas fábricas de armas, contra la concesión de ayudas estatales a Indra no ponga en riesgo las inversiones que esta última prevé en Gijón y en otras partes del Principado.

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