El nuevo consenso

De manera un tanto singular, como la propia financiación pactada con Oriol Junqueras, el Gobierno está ensayando una nueva modalidad de consenso territorial en la que catorce comunidades dicen "no" y una sola dice "sí", pero María Jesús Montero concluye que el problema no es el modelo, sino las comunidades que pierden una oportunidad de oro para salir beneficiadas. Montero insiste, además, en que el sistema es "voluntario". Una voluntariedad igualmente peculiar: o se acepta el nuevo plan acordado bilateralmente con ERC o se permanece en el viejo, obsoleto y supuestamente injusto sistema de 2009. Es decir, libertad para elegir entre lo malo y lo peor, siempre que lo bueno coincida con lo firmado previamente con Junqueras.

Este último, conviene recordarlo, no es técnico de Hacienda ni experto en federalismo fiscal. Es el líder de ERC, condenado por sedición, después amnistiado y convertido ahora en arquitecto moral del nuevo reparto territorial. La modernización del Estado autonómico consiste, parece ser, en negociar en despachos discretos con quienes llevan años defendiendo su desmontaje.

El Gobierno no se cansa de explicar que no hay privilegios, que no se rompe la solidaridad y que nadie pierde. Sin embargo, únicamente gana quien ha participado en el diseño. El principio de ordinalidad –viejo anhelo catalán– aparece mágicamente incorporado, pero sin demasiadas ganas de extenderlo al resto. Las comunidades protestan, algunas amenazan con acudir a los tribunales, pero desde Moncloa se les responde con paciencia pedagógica que no han entendido el modelo. Puede que sea eso. Tal vez catorce gobiernos autonómicos, de todos los colores, no han sabido leer la letra pequeña que sí ha acertado a interpretar, en cambio, la Generalitat. Quieren hacernos creer que si protestan todos los españoles, salvo los catalanes, no es porque el modelo de financiación esté desequilibrado, sino porque España, una vez más, no ha sabido estar a la altura de Cataluña.

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