La nueva financiación deja a Asturias a la intemperie

La reforma del sistema de financiación que el Gobierno de Pedro Sánchez impulsa no es una propuesta de Estado sino una operación política. Negociada en la clandestinidad y con un resultado final ya determinado de antemano, no distribuye la riqueza para garantizar la equidad, sino que ensancha las diferencias y la grieta territorial. Asturias y el Noroeste pierden por goleada.

Hace tiempo que los españoles dejaron de ser iguales. Pagan menos impuestos o reciben distintas prestaciones según donde vivan. Las diferencias crecerán si prospera la última propuesta para distribuir el dinero autonómico. No se trata de un cupo similar al vasco y el navarro. Pero hacia ahí apunta sutilmente la tendencia. Nada justifica, quede sentado aquí de paso, los privilegios forales. No estamos en el Medievo.

Las costuras desnudan un modelo prefabricado para favorecer a un destinatario. Colma ínfulas de parte, las del independentismo, orillando al resto. Persigue un fin espurio, la estabilidad parlamentaria del Gobierno, a costa del erario. Y tira de ingeniería argumentativa para revestir con tecnicismos la concesión de prebendas. Fórmulas comunes y opcionales no garantizan justicia.

La posición de Asturias se debilita. Su asignación efectiva por habitante ateniéndonos a criterios homogéneos equiparables pasaría de estar ligeramente por encima de la media a situarse claramente por debajo, retrocediendo peldaños. Y del reparto de los 21.000 millones extra que la Administración central saca de la chistera como anestesia le toca la pedrea, con tres veces menos euros disponibles por residente que el área mediterránea. Hacia allí se desplaza el centro de gravedad, consolidando una España hemipléjica, fracturada en diagonal desde los Pirineos occidentales al golfo de Cádiz.

Algunos ricos primero

Quien proclama la ausencia de damnificados intenta un truco retórico. Para que alguien venza tiene que haber derrotados. La divergencia no nace de que a unos les vaya bien sino de que a otros se les empuja al vacío con camelos. Lo grave, en cualquier caso, ya no es ocupar este o aquel lugar del escalafón, sino el giro radical de criterio que el sistema instaura. Las necesidades reales de los ciudadanos y el coste de mantener la educación y la sanidad quedan relegados a la hora de compartir ingresos. La capacidad fiscal de cada territorio pasa ahora a contar mucho.

Las regiones con una economía boyante recibirán un trozo mayor del pastel. Y Asturias, con una actividad cuyas constantes dependen todavía en buena medida de la respiración asistida, no compite por el momento ni en densidad empresarial ni en dinamismo. Lo hace en envejecimiento, baja productividad y sobrecostes estructurales.

La propuesta sobre la mesa desarma la solidaridad. Mengua el poder de las autonomías menos favorecidas para sostener sus servicios con estándares de calidad equivalentes a las prósperas. Es temeraria porque debilita al Estado al detraerle recursos: traslada la factura a un aumento de deuda, impuestos o recortes en una época de elevada presión en pensiones, déficit y defensa. Es abusiva porque ignora las particularidades del Noroeste: dispersión, demografía, transición energética... Es tramposa porque teledirige fondos "ad hoc" –el climático, el del IVA– en busca de un resultado arbitrario concreto. Y es impúdica ideológicamente hablando porque asume que una sola comunidad, casualmente, reciba en el mismo orden tanto como aporta. Algunos ricos primero.

Mediante la financiación se establece un contrato de igualdad entre ciudadanos. Un modelo decente compensa los desequilibrios, en vez de agudizarlos. Un cambio ecuánime garantiza la cohesión, no fabrica agravios para un cambalache. Por este camino, España pierde y Asturias queda a la intemperie.