El tren de la política

Ha comenzado la campaña electoral en Aragón, donde se prevé la repetición de los mismos discursos y se da por segura una nueva derrota de la izquierda, por lo que cabe esperar que fuera de aquella comunidad autónoma sea seguida solo de soslayo y la atención se concentre en el resultado del escrutinio y la distribución exacta de los escaños. El Gobierno responde a las amonestaciones de Trump e intenta hacer pie en medio del desconcierto mundial con una política exterior coherente, aunque arriesgada. De los presupuestos y el siguiente paso de la financiación autonómica no hay noticia. Pero el primer asunto de la agenda pública es la tragedia de Adamuz, que ha desplazado a todos los demás.

La prioridad es identificar la causa del accidente. Saber por qué ocurrió, vistas las consecuencias que tuvo, es una obligación que viene impuesta, en primer lugar, por el respeto debido a las víctimas, los heridos, sus familiares y el gran número de ciudadanos que viajan en tren. Urge determinar si fue una fatalidad o un suceso evitable. Despejar esta incógnita es cuestión de la máxima importancia. A los efectos de poner los medios oportunos para reducir la probabilidad de que tenga lugar un episodio similar y de sustanciar la responsabilidad de los gestores públicos, si la hubiere, el hecho merece una consideración distinta, según se trate de una intervención indomable del azar o de un fallo atribuible a personas.

Las averiguaciones llevadas a cabo hasta la fecha apuntan a esto último. A la espera de una conclusión firme, las instituciones se hacen cargo de la situación. La administración realiza investigaciones internas y encarga las operaciones precisas para restablecer el tráfico, la Justicia incoa el procedimiento que corresponde, los medios informan. El ministro del ramo, por su parte, comparece en ruedas de prensa sin límite de tiempo, y en cualquier entrevista que se le solicite. La oposición, por la suya, ha reaccionado con actitudes diversas. En los dirigentes del PP se aprecia una diferencia entre los presidentes de Madrid, que ha ido al choque con el Gobierno, y el de Andalucía, que se ha mostrado más comprensivo y colaborador. Feijóo emplea en sus declaraciones un tono oscilante. Vox no ha desaprovechado la ocasión para arremeter contra el Gobierno haciendo uso de su arsenal retórico al completo. La izquierda guarda silencio. Y Junts ha encontrado en el percance mortal de Rodalíes un motivo más para reclamar la independencia de Cataluña.

No obstante, en general se percibe cierta contención en la actuación de los políticos. Al margen de sus emociones, son conscientes de que sus gestos están siendo vigilados por una opinión pública dispuesta a sancionarlos. Algunos opinan que la tregua es aparente y tiene los días contados. Ya se verá. De momento, el ministro de Transportes ha perdido la gracia. Se le ve apesadumbrado y ya no se dedica a fustigar a diestro y siniestro con palabras malsonantes. Está en el punto de mira del ojo público. Pedro Sánchez ha reclamado empatía para los damnificados y ha asumido la responsabilidad, como ha hecho un sinfín de veces, por más que de esa asunción no se derive ninguna decisión efectiva. Y la oposición, en particular el PP, ha optado por una presencia pública discreta y medida.

En una democracia, procede que el Gobierno rinda cuentas y se explique, y que la oposición interpele, exija aclaraciones, ofrezca su versión y, llegado el caso, pida dimisiones. El Gobierno debe reconocer a la oposición y admitir que su función es la de someterlo a control. De igual modo, en relación con el accidente de Adamuz, la tarea encomendada a la oposición consiste en aclarar la causa y si acaso exigir responsabilidades, no en golpear al Gobierno con otros objetivos políticos, ajenos al hecho, en interés propio. Uno y otro, cada cual, en su papel, tendrían que contribuir a prevenir en la medida de lo posible desgracias tan dolorosas. Este es el carril por el que debe circular la actividad política. No fue así con la pandemia y la DANA. Muchas buenas promesas que se hicieron entonces cayeron pronto en el olvido. No hubo lealtad y cooperación institucional, ni ha habido informe de evaluación. La política arrolló a los afectados y acabó convirtiendo las comisiones de investigación creadas en escenarios de la pugna partidista, cuando no en denuncias cruzadas en los juzgados. Parece que algo, al menos en la actitud, hemos aprendido de las dos tragedias. Pero,¿seremos capaces esta vez de evitar aquellos desaguisados? n

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