Mercosur, regularización y el abismo campo-ciudad

El abismo entre el mundo rural y el urbano se ha convertido en uno de los grandes organizadores del mapa político contemporáneo. No es un tópico, sino un conflicto de percepciones. La metrópoli tiende a mirar la realidad desde la movilidad, los servicios, la diversidad y la agenda ambiental, tópicos del mensaje de la élite progresista; buena parte de la periferia, en cambio, percibe que las decisiones se toman lejos y que las consecuencias se pagan cerca. Nace ahí una sensación de agravio, no solo en renta, sino también en reconocimiento y protagonismo. La ciudad se ha instalado como centro del relato económico, mediático y moral, y el campo, necesario y fundamental para la realidad económica y de subsistencia, siente cada vez más que vive fuera de plano.

Ese choque se ve hoy con nitidez en la confluencia de dos debates que, en teoría, no deberían mezclarse: el acuerdo con Mercosur y la regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez y pactada con Podemos. Mercosur se ha convertido en el símbolo perfecto del malestar agrario, ya que se vive como la prueba de que el libre comercio vuelve a pedir sacrificios a un sector que pasa de manera continua por retos y ajustes. La regularización, por su parte, opera como bandera urbana de la izquierda para ordenar derechos y actuar en el mercado laboral y, a la vez, como combustible para la reacción identitaria que explota la derecha radical.

Lo interesante es que, en condiciones políticas normales, ambos asuntos serían terreno natural de pactos de centralidad. En Mercosur, populares y socialistas comparten buena parte del trazo grueso. Y las regularizaciones no son una rareza: el PP las practicó en tiempos de Aznar y Rajoy defendió la integración laboral como necesidad económica. Pero el clima actual penaliza el matiz y premia la simplificación.

El tratado con Mercosur activa el agravio del campo y la regularización agita las batallas argumentales de la identidad y la seguridad. Todo ello ocurre en un periodo que encadena elecciones autonómicas como pista de despegue para unas generales. Dos debates que deberían discutirse con garantías y planificación acaban convertidos en munición para los extremos, justo cuando el calendario electoral empuja a la política de trincheras.

En una dura semana para el Gobierno de Sánchez tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz, el PSOE gana una bandera moral al poner en escena el debate de la regularización y, de paso, introduce un nuevo asunto de conflicto. Tampoco es un movimiento aislado, ya que detrás ha estado la posibilidad de volver a abrir la negociación sobre la delegación de la política migratoria a Cataluña, una exigencia de Junts. Pero Podemos ya ha congelado esa pretensión, tratando de que la medida sea una victoria propia.

En la derecha, también es el extremo el beneficiado. Mientras el PP quiere reforzar el mensaje de ser alternativa de Gobierno, tampoco quiere ceder a Vox terreno en la política emocional. Así, los populares vuelven a quedar atrapados en el debate de cuánto endurecer el discurso sin acabar legitimando las posiciones de Vox. Los de Abascal esgrimen su argumentario con más fuerza: el del "campo abandonado" por Mercosur y el del "Estado blando" por la regularización. En tiempo de campaña, ambos son dos acelerantes perfectos.

Esta paradoja dual tiene su reflejo también en Asturias. El campo asturiano suma una batalla más a un rosario de agravios percibidos. Mercosur se añade al combustible acumulado en los últimos años –los costes, la burocracia, los daños del lobo o la complejidad normativa–, dejando de lado el análisis sobre las oportunidades que puede suponer para los productos asturianos. Las organizaciones agrarias clásicas empiezan a ser conscientes de que, en un marco binario como este, la pedagogía camina despacio y el oportunismo llega rápido.

También la regularización de inmigrantes es relevante para el Principado, una región envejecida y cuyo mercado laboral necesita relevo y garantías de actividad. Los últimos datos de empleo señalan que Asturias es una de las tres comunidades que habrían perdido puestos de trabajo si no se tuviera en cuenta el incremento de trabajadores extranjeros.

Quizá la mejor muestra de cómo la reflexión política e ideológica contamina casi todo esté en la discrepancia entre la posición del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y la de la Conferencia Episcopal o Cáritas acerca de la regularización.

En un tiempo en el que las banderas emocionales sustituyen al debate político, el tratado con Mercosur y la regularización se convierten en un elemento más de confrontación. Mientras el campo no motive una reflexión de Estado para convertirlo en un sector que necesita ser fortalecido –antes que verlo como un problema–, seguirá siendo granero de agravio. Si la inmigración se aborda a golpe de coyuntura, sin una planificación global que relacione empleo, economía y vivienda, continuará siendo argumentario de quienes esgrimen el miedo.

Los dos grandes partidos creen que, rentabilizando esa grieta abierta en esta nueva era global, van a obtener rédito a corto plazo, sin pensar que corren el riesgo de acabar precipitándose en ella.

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