¿En qué quedamos?

El sector primario europeo está, en general, contra el acuerdo Europa-Mercosur. Lo entiendo, si miramos a los más próximos, los campesinos y ganaderos asturianos: asediados por leyes estúpidas y abusivas, limitaciones de mercado y una especie de marginación social. Las normativas europeas representan muchas veces para ellos cargas imposibles de cumplir. La negativa entrada en la UE para el sector también pesa.

Las razones expresadas contra el acuerdo son dos, fundamentalmente: los menores controles alimentarios y medioambientales, y la competencia en precios por la baratura allí de los salarios.

En el ámbito europeo, mientras, por ejemplo, Alemania e Italia son decididos partidarios del acuerdo, Francia y otros países se oponen a él.

Los dos partidos mayoritarios españoles, PP y PSOE, han votado a favor del acuerdo. En el ámbito social, fuera de la gente del sector primario, un amplio número de asociaciones de todo tipo se muestran a favor de los intercambios comerciales que el acuerdo supone.

El eurodiputado socialista asturiano Jonás Fernández ha publicado en LA NUEVA ESPAÑA un interesante y documentado artículo donde defiende las ventajas del acuerdo y niega –con documentación precisa– muchos de los males que se atribuyen al pacto. Léanlo.

Ahora bien, lo curioso es que desde el Gobiernu asturianu –que, hasta donde yo sé, es mayoritariamente socialista, así como lo es el Presidente–, se ha celebrado el rechazo al tratado –por una ínfima mayoría– en el Parlamento Europeo. "Para el Gobierno asturiano es una satisfacción"; "Desde el principio nos hemos manifestado en contra de ese tratado"; "Es competencia desleal con nuestro sector primario", ha manifestado el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos.

Y en eso, el Gobiernu y, supongo, la FSA se hallan hombro con hombro con Vox y Podemos y otros "eiusdem furfuris". Particularmente, la parlamentaria Irene Montero, que presume de ser impulsora del rechazo, aunque no haya acudido a votar.