Sobre la supuesta crisis del Derecho Internacional y sus remedios

Ya desde sus orígenes como disciplina académica a finales del siglo XIX los iusinternacionalistas han tenido que hacer frente a la desconfianza sobre el carácter jurídico del Derecho internacional e incluso al escepticismo ontológico sobre su misma existencia; por ello, no ha de sorprender que en las actuales circunstancias sean numerosas las opiniones -de algunas de las cuales se ha hecho eco este medio- que una vez más vuelven a cuestionar su supervivencia en un mundo en el que la voluntad de los Estados más poderosos "parece" campar a sus anchas a expensas de este marco normativo. Digo "parece" porque de nuevo las afirmaciones respecto a la muerte del Derecho internacional -parafraseando a Mark Twain- parecen un tanto exageradas.

Ciertamente, no cabe negar que el cumplimiento de algunas de las reglas más básicas del Derecho internacional -la prohibición del uso de la fuerza, el arreglo pacífico de las controversias, el respeto de los derechos humanos o el Derecho internacional humanitario- se ha enfrentado a groseras infracciones por parte de grandes potencias que -hoy como ayer- no calibran sus acciones teniendo presente el respeto de aquellas sino sus intereses. Ver en la agresión rusa a Ucrania, en las flagrantes violaciones por parte de Israel del Derecho internacional humanitario -rayanas en el genocidio- o en la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela exponentes indiscutibles de crasos incumplimientos del Derecho internacional no resulta alentador, pero con toda su gravedad no dejan de ser exponentes de un comportamiento recurrente en la historia. Deducir de la consiguiente inacción del Consejo de Seguridad ante estas conductas que el orden jurídico internacional se encuentra al borde del colapso, sin embargo, es una afirmación indudablemente sesgada y poco conforme con la realidad. Sería como afirmar que el incumplimiento del marco constitucional -una declaración de independencia, la regulación ordinaria a través de decretos leyes o la ausencia crónica de presupuestos- ha sumido en la nada al Derecho constitucional.

Por otra parte, no hace falta disponer de las facultades de Funes el memorioso, para recordar que durante más de 35 años los conflictos armados en Indochina -pese a los millones de muertos- discurrieron sin decisión alguna del Consejo de Seguridad, que durante los años 80 las intervenciones armadas estadounidenses en Nicaragua, Granada o Panamá no dieron pie a ninguna condena por parte del órgano onusiano, que tampoco dijo nada sobre las sucesivas carnicerías rusas en las guerras en Chechenia, por no hablar del conflicto israelo-palestino que -no ahora- sino en el curso de sus casi 80 años de existencia ha deparado muy escasos pronunciamientos por parte del Consejo de Seguridad y ninguno contundente. Por otra parte, con miras a evitar que se limite la responsabilidad de todo ello a EE UU y Rusia, conviene recordar el poco decoroso papel de Francia en el genocidio -este sí- en Ruanda en 1994, cuya intervención fue decisiva para poner a salvo a los victimarios.

Dicho lo anterior no cabe negar que en el momento presente los retos que enfrenta el Derecho internacional son sin duda inéditos. Pero no son peores que los que atenazaban a nuestro orden jurídico en el curso de la guerra fría cuando el fantasma de la "destrucción mutua asegurada" recorría el mundo -recuérdese la crisis de los misiles en octubre de 1962. Puede que el orden mundial esté al borde del precipicio, pero evitar su desplome exige asumir críticamente que lo que falla no es el Derecho internacional en sí, sino sus autores -y operadores- los Estados, y entre ellos, aquellos con una mayor capacidad de incidencia en él.

Así las cosas, poco cabe esperar de unos Estados Unidos en manos de un moralista (Trump dixit) de pacotilla y menos aún de una Rusia en manos de un déspota. Es evidente que para dirigentes de ese fuste -poco preocupados por el respeto de cualesquiera normas, internas o internacionales- el Derecho internacional nada importa. Pero afianzar este sistema jurídico exige el compromiso real y efectivo de todos los Estados "del Norte y el Sur global" dispuestos a ello, lo que no ocurre cuando el supuesto "respeto al Derecho Internacional y la defensa del orden internacional basado en reglas" lejos de guiar la conducta de los Estados "sea cual sea el contexto", varía en función de los intereses en juego, como evidencia la política exterior del actual gobierno español -suyas son las palabras anteriores– en su diametralmente contrario enfoque de las situaciones de Palestina y el Sáhara occidental.

De todo lo anterior se desprende que -al margen de un contexto político, económico, social y ambiental disruptivo– que, sin duda propiciará andando el tiempo un cambio sistémico, el respeto del Derecho internacional compromete a todos sus operadores jurídicos. Próximos a cumplirse 50 años del abandono ilegal por España de sus responsabilidades respecto al Sáhara occidental, podríamos empezar por casa.

Suscríbete para seguir leyendo